Pifias Sánchez: Más de 120.000 viviendas desaparecen del alquiler tras la Ley de Vivienda

Lo de Sánchez y su cuadrilla es un desatre tras otro.

Desde la aprobación de la nueva Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno del marido de Begoña, el mercado del arrendamiento atraviesa una fase de tensión inédita, con cifras récord tanto en retirada de inmuebles como en el encarecimiento del acceso a un hogar.

La retirada masiva de pisos por parte de los propietarios amenaza con profundizar aún más una crisis habitacional que ya golpea a cientos de miles de familias.

Desde que entró en vigor la nueva Ley de Vivienda, más de 120.000 propietarios han optado por retirar sus viviendas del mercado del alquiler residencial. El temor a una mayor rigidez legal, la percepción de inseguridad jurídica y la limitación en la actualización de rentas han motivado este éxodo.

Plataformas como Fotocasa y Pisos.com alertan sobre un fenómeno claro: el trasvase masivo hacia otras modalidades, como el alquiler temporal (que ha subido un 55%) y el turístico (un 40% más), dejando huérfano al mercado tradicional de larga duración.

El efecto inmediato es palpable: menos viviendas disponibles significa mayor competencia entre los inquilinos y, por tanto, precios más altos. Las previsiones para este año son especialmente preocupantes: se estima que otros 50.000 inmuebles desaparecerán del alquiler residencial a lo largo de 2025, presionando aún más la ya escasa oferta.

¿Por qué los propietarios retiran sus pisos?

• Limitación en la actualización de rentas: El tope impuesto a la subida anual desincentiva la rentabilidad.
• Protección reforzada al inquilino: La nueva ley permite a los inquilinos prorrogar su estancia incluso si el propietario no renueva el contrato y, bajo determinados requisitos, permanecer aunque no paguen puntualmente la renta.
• Procesos judiciales lentos y costosos: Recuperar una vivienda puede alargarse durante meses o años, lo que añade incertidumbre.
• Atractivo del alquiler turístico o temporal: Modalidades menos reguladas, con ingresos potencialmente superiores y menos trabas legales.

La combinación de estos factores ha llevado a muchos propietarios, especialmente pequeños ahorradores que ven en el inmueble una vía para complementar su renta, a buscar alternativas fuera del circuito tradicional.

La demanda crece… pero la oferta se esfuma

En este contexto, la presión sobre los precios es constante. Según Pisos.com, el incremento interanual ronda ya el 10%, mientras Fotocasa lo sitúa en torno al 7%. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, encontrar un piso asequible se ha vuelto misión imposible. Los portales inmobiliarios reportan que cada anuncio recibe cientos de solicitudes en cuestión de horas.

• En 2024, el precio medio del metro cuadrado en venta subió un 11,2%, alcanzando los 2.271 €/m².
• En grandes urbes como Valencia (+24%), Málaga (+21,5%) y Madrid (+20,2%), el aumento es todavía más acusado.

El resultado es una situación límite: miles de personas no pueden ni comprar ni alquilar por los altos precios y la falta absoluta de stock disponible.

El giro hacia el alquiler temporal y turístico

Los datos reflejan una tendencia clara: ante las trabas al arrendamiento tradicional, muchos propietarios optan por destinar sus viviendas al alquiler temporal o turístico. A partir de julio entrará en vigor un registro único que obligará a inscribir todos estos inmuebles y garantizará cierta transparencia, pero hasta entonces el trasvase continúa imparable.

Esto supone dos efectos directos:

• Reducción drástica del parque destinado a alquiler habitual.
• Incremento del precio tanto en viviendas completas como en habitaciones individuales.

Además, esta situación está alimentando una economía sumergida difícil de fiscalizar y controlar.

Consecuencias sociales: acceso imposible para miles

Según datos recientes publicados por Eurostat y recogidos por expertos inmobiliarios, España es ya el país europeo con mayor porcentaje de población con dificultades para acceder a una vivienda digna. Se calcula que unas 720.000 personas viven en condiciones precarias o directamente no encuentran alojamiento propio.

El impacto social es evidente:

• Familias jóvenes obligadas a compartir vivienda o posponer su emancipación.
• Aumento del número de “okupaciones” por desesperación.
• Incremento exponencial del coste para acceder incluso a habitaciones individuales.
• Mayor vulnerabilidad social para los colectivos con menos recursos.

¿Qué respuestas plantea la administración?

El Gobierno defiende su apuesta por aumentar el parque público y promueve la creación de una empresa pública estatal para impulsar vivienda asequible. Sin embargo, estas medidas requieren tiempo y coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Mientras tanto:

• Se insta a los pequeños propietarios a volver al alquiler residencial.
• Se ponen en marcha ayudas puntuales para casos extremos (como desalojos), aunque limitadas respecto al volumen del problema real.
• Se prevé endurecer el control sobre los alquileres turísticos mediante registros obligatorios desde julio.

Un horizonte incierto para 2025

De cara a este año, las perspectivas no invitan al optimismo. La retirada prevista de otros 50.000 inmuebles agravará aún más un mercado ya tensionado hasta el límite. Los precios seguirán creciendo mientras no se logre revertir la sangría de oferta ni estimular suficientemente la construcción o rehabilitación efectiva.

España afronta así una crisis habitacional sin precedentes recientes: no solo es cuestión de precio; es sobre todo un problema estructural de acceso. Si no se corrigen pronto los desequilibrios entre oferta y demanda, los expertos advierten que las dificultades para alquilar seguirán batiendo récords… Y cada vez serán menos quienes puedan permitirse un hogar propio.