El campo español, harto del discurso climático: la brecha entre políticas verdes y la realidad rural

A pie de campo, el ambiente es de hartazgo. Mientras los titulares y discursos oficiales insisten en señalar al cambio climático como el responsable de los incendios que arrasan cada verano buena parte de España, los agricultores y ganaderos elevan la voz: el problema no es solo el clima, sino las leyes y la burocracia que impiden actuar sobre el terreno. “El calor seca, pero no enciende”, repiten desde el sector, subrayando que el 87% de los fuegos tiene origen humano, ya sea por negligencias o de forma intencionada, y que solo un 5% responde a causas naturales como los rayos.

Esta estadística, recogida por el propio Ministerio para la Transición Ecológica, desmonta la idea de que la emergencia climática lo explica todo. Para quienes trabajan la tierra, lo que convierte un incendio en incontrolable es la acumulación de vegetación muerta y maleza, “combustible” que no se puede retirar por normativas redactadas, según denuncian, “en despachos por completos ignorantes” ajenos al mundo rural.

La presión normativa y la asfixia burocrática

La aprobación de leyes verdes y la implantación de la Agenda 2030 han traído una avalancha de regulaciones que, lejos de facilitar la vida rural, la complican. El campo denuncia que la burocracia se ha disparado: permisos para desbrozar, limitaciones para limpiar el monte, trabas para la gestión forestal y controles crecientes sobre el uso de fitosanitarios o fertilizantes.

• Agricultores y ganaderos se quejan de que la proliferación de normativas ambientales les obliga a dedicar más tiempo a papeleo que a su actividad principal.
• La imposibilidad de retirar biomasa vegetal o de aprovechar el monte deja los terrenos abandonados, aumentando el riesgo de incendios devastadores.
• Las leyes y ayudas, diseñadas desde la ciudad, no tienen en cuenta la realidad de pueblos donde la despoblación y el envejecimiento agravan el abandono del territorio.

A día de hoy, 25 de agosto de 2025, la sensación es que la distancia entre la normativa ambiental y la vida real del campo no deja de crecer.

La PAC, la Agenda Verde y las ayudas… con condiciones

En paralelo, la Política Agraria Común (PAC) sigue siendo la principal fuente de ingresos para buena parte del campo español. El plan 2023-2027 destina más de 32.500 millones de euros a agricultores y ganaderos, pero con una condición cada vez más presente: cumplir objetivos ambientales y someterse a controles que muchos ven como “memeces” alejadas de la realidad diaria.

Las ayudas se reparten así:

• Pagos directos para la renta (unos 4.800 millones de euros al año).
• Programas sectoriales y de desarrollo rural.
• Incentivos a prácticas sostenibles y almacenamiento de carbono.

Sin embargo, el campo denuncia que la presión administrativa para acceder a estos fondos es excesiva y que los requisitos ambientales acaban desincentivando la producción, sobre todo en pequeñas explotaciones familiares. Además, la Comisión Europea reconoce el problema y ha anunciado medidas para reducir la carga burocrática y mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, aunque el sector percibe que los cambios llegan tarde y son insuficientes.

El debate sobre el origen de los incendios y la gestión forestal

El relato oficial sigue centrando el foco en la emergencia climática, mientras en los pueblos se insiste en causas mucho más concretas: falta de gestión del monte, abandono rural y leyes que impiden intervenir con eficacia.

• El presidente de la Asociación de Agricultores Independientes Valencianos, Víctor Pascual Viciedo, sostiene que lo que hace incontrolable un incendio es la acumulación de combustible vegetal, propiciada por normativas que dificultan limpiar o aprovechar el monte.
• Organizaciones agrarias y forestales piden volver a permitir el uso de ganado en el monte, el aprovechamiento de leña y la limpieza regular de los terrenos como herramientas de prevención.
• La falta de inversión en medios forestales y la ausencia de incentivos para que los jóvenes se queden en el campo agravan el problema año tras año.

Las cifras lo reflejan con claridad: el abandono rural y la falta de gestión activa han convertido grandes extensiones en un polvorín, donde cualquier chispa puede desencadenar una tragedia.

La brecha entre discurso y realidad: ¿quién paga el coste?

La llamada “transición ecológica” y la Agenda 2030 se han convertido en conceptos omnipresentes en los despachos y la comunicación institucional. Sin embargo, en el campo crece la percepción de que, mientras los gobiernos firman acuerdos internacionales y organizan cumbres, la realidad rural queda relegada a un segundo plano.

• Los impuestos ecológicos y los costes de adaptación a las nuevas normativas verdes recaen principalmente sobre agricultores y ganaderos, que ven cómo la rentabilidad de sus explotaciones disminuye.
• España importa energía y productos de países con estándares medioambientales mucho más laxos, mientras endurece la normativa a sus propios productores.
• La falta de diálogo real entre la administración y el mundo rural genera desconfianza y desafección.

El futuro: entre la desafección y la necesidad de reformas

El malestar del campo español no es solo una reacción puntual. Es la expresión de una brecha creciente entre la visión urbana de la sostenibilidad y la gestión real del territorio. Los agricultores y ganaderos piden, sobre todo, que se les escuche y se les permita gestionar el monte y la tierra con sentido común, recuperando prácticas tradicionales de prevención y poniendo fin a lo que consideran una “estafa verde” que solo beneficia a la propaganda política.

Mientras tanto, la Comisión Europea y el Gobierno español anuncian planes para simplificar trámites y hacer más justas las ayudas, pero la desconfianza persiste. El reto es enorme: garantizar la sostenibilidad ambiental sin ahogar al mundo rural, devolver la gestión del territorio a quienes lo conocen y asegurar que la lucha contra el cambio climático no se convierta en una losa para el futuro del campo.

El verano avanza y, con él, la tensión entre discursos y realidad. En los pueblos, la paciencia se agota. El campo español exige menos palabras y más soluciones, antes de que el abandono y el fuego acaben con lo que queda de vida rural.