Mantener un MENA cuesta al contribuyente español 4.350 euros mensuales, que en Ibiza se dispara a 10.000

Una vergüenza.

Y el personal tragando.

El costo de acoger a un menor extranjero no acompañado (MENA) en España se ha convertido en uno de los asuntos más debatidos del ámbito público.

Las cifras oficiales indican que el mantenimiento mensual de cada uno de estos menores se sitúa alrededor de los 4.350 euros, aunque en lugares como Ibiza, la cifra puede escalar hasta los 10.000 euros al mes.

Esta notable diferencia se debe al alto precio de la vivienda, la falta de personal cualificado y los sobrecostes logísticos que surgen en las islas, factores que incrementan el gasto muy por encima de la media nacional.

La presión que este gasto ejerce sobre las arcas públicas es evidente, especialmente en aquellas comunidades donde la llegada de menores migrantes ha crecido considerablemente en los últimos años.

De acuerdo a los datos más recientes, solo la acogida de los 3.900 MENA trasladados desde Canarias y Ceuta generará más de 200 millones de euros al año a nivel nacional.

¿En qué se gasta tanto?

El presupuesto asignado a los MENA no se traduce en una ayuda directa para ellos, sino que financia un complejo sistema de atención integral. Entre los conceptos incluidos encontramos:

• Alojamiento y manutención en centros especializados.
• Asistencia educativa y programas de integración.
• Atención psicológica y sanitaria.
• Personal especializado (educadores, psicólogos, trabajadores sociales).
• Vigilancia y seguridad en los centros.

En Madrid, por ejemplo, los centros con necesidades específicas pueden llegar a costar hasta 5.762 euros mensuales por plaza, mientras que en Andalucía, hay centros públicos donde el gasto asciende a 9.813 euros mensuales. En Ibiza, el presidente del Consell, Vicent Marí, ha afirmado que el coste llega a oscilar entre los 9.000 y 10.000 euros por menor cada mes, considerando esta cifra como “difícil de justificar”.

La elevada vida en la isla, la carencia de infraestructuras adecuadas y la necesidad de traer personal desde la península son algunas razones detrás de estos importes, que según las autoridades locales, son insostenibles a largo plazo.

Comparación con otros colectivos vulnerables

Uno de los puntos más controversiales radica en la disparidad entre el gasto destinado a los MENA y lo que reciben otros colectivos vulnerables. Por ejemplo:

• Un anciano en una residencia pública de Madrid recibe apenas 6,48 euros diarios para su alimentación (alrededor de 195 euros al mes).
• El menú escolar diario para un niño no supera los 5 euros.
• El gasto mensual en manutención y servicios básicos para un MENA excede los 4.000 euros.

La siguiente tabla muestra una comparación del gasto mensual aproximado:

Estas diferencias han generado un notable descontento social, con sectores que exigen una revisión del reparto presupuestario y una mayor atención hacia las personas mayores y a la infancia local.

El contribuyente, en el centro del debate

El peso de este gasto recae sobre todos los contribuyentes españoles, quienes financian con sus impuestos un sistema cuya eficiencia y sostenibilidad es objeto de cuestionamiento desde diversos sectores. Las críticas apuntan a la falta de transparencia y control, así como a la ausencia de un registro único y actualizado de menores no acompañados, lo que complica una gestión eficaz.

Algunas comunidades autónomas, como Cataluña y País Vasco, han quedado excluidas del último reparto de MENA, generando tensiones políticas y recursos ante el Tribunal Constitucional. Además, el sistema estatal no cubre el total del costo real, obligando a las comunidades autónomas a asumir gastos adicionales con recursos propios.

Factores que disparan el coste en Ibiza

La situación en Ibiza es particularmente notable. La isla ha tenido que improvisar soluciones urgentes, como habilitar el campamento de Cala Jondal para albergar a estos menores debido a la falta de infraestructuras adecuadas. Los responsables insulares reconocen que mantener a un MENA allí es “escandaloso”, pero argumentan que esto responde a factores estructurales:

• Ausencia de centros públicos específicos.
• Necesidad de alojar al personal desplazado, lo cual encarece considerablemente.
• Precios del mercado inmobiliario muy superiores a la media nacional.
• Escasez de profesionales cualificados dispuestos a trabajar en la isla.

Como señala el propio presidente insular, “en Ibiza las cosas valen lo que valen”, obligando así a la administración local a asumir estos costes por imperativo legal.

Debate social y político: prioridades y eficacia

La notable diferencia entre el gasto destinado a los MENA y la atención proporcionada a otros colectivos ha reabierto el debate sobre la eficacia y equidad del modelo español de protección social. Diversas organizaciones sociales y partidos políticos han solicitado una revisión del sistema para asignar recursos con mayor equidad y mayor transparencia en la gestión pública.

• Se critica la “desproporción” existente respecto a las inversiones dirigidas hacia las personas mayores y niños españoles.
• Se exige una auditoría del sistema para prevenir fraudes y asegurar que solo aquellos menores realmente necesitados reciban estas ayudas.
• Se reclama al Gobierno central asumir una mayor parte del coste real, evitando así cargar esta responsabilidad exclusivamente sobre las autonomías.

Mientras tanto, el flujo migratorio continúa sin dar señales claras de remitir, lo cual sugiere que este debate seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda pública.

El coste asociado con los MENA en España —y especialmente en lugares como Ibiza— se ha convertido en un termómetro revelador no solo del desafío migratorio actual sino también sobre cómo se deben repensar las prioridades del gasto público y el modelo protector hacia aquellos colectivos más vulnerables.