La inmigración ilegal masiva fomentada por Sánchez lleva al límite a la sanidad madrileña

La Comunidad de Madrid se encuentra ante un desafío sin precedentes en su sistema sanitario por culpa de la inacción del Gobierno de Sánchez para evitar la llegada de inmigrantes ilegales a nuestro país. Una situación que va a ir a peor con los planes sanchistas de conceder acceso total a la sanidad a los inmigrantes que han entrado en España violando nuestra legislación. Todo un regalo envenenado.

Y es que en la actualidad, 190.000 inmigrantes irregulares están recibiendo atención en la sanidad pública madrileña, una cifra que se ha duplicado en solo dos años y que se asemeja a la población de localidades como Leganés, Fuenlabrada o Getafe. Este aumento, documentado por la Consejería de Sanidad, pone bajo presión tanto a los centros de salud como a los hospitales.

La situación es aún más compleja si consideramos que Madrid viene registrando desde hace más de 5 años una media de 120.000 empadronamientos anuales en sus 179 municipios, lo que dispara aún más la presión sobre el sistema de salud.

Cuando se repasan las cifras de llegadas a la región, da auténtico vértigo. Sólo el último año ha visto un incremento de medio millón de habitantes y se han expedido 140.000 nuevas tarjetas sanitarias emitidas que han obligado a dar atención sanitaria a un total de 360.000 nuevos inscritos..

Todo esto ocurre en un entorno donde la presión asistencial sigue creciendo.

¿Por qué aumenta el número de inmigrantes irregulares atendidos?

Una de las casuísitcas que más está afectando al sistema sanitario madrileño es que muchos inmigrantes se traen desde su países de origen a sus familiares ancianos, lo que obliga a atenderles en centros de salud y hospitales.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha recordado que “a nadie se le ha denegado la asistencia ni se le ha pedido una tarjeta de crédito”, en relación a ese mantra contra Esperanza Aguirre que se inventó Rafael Simancas en 2003 y según el cual, si Aguirre llegaba a la presidencia de la Comunidad, los madrileños «tendrían que ir a los hospitales con la tarjeta de crédito entre los dientes para ser atendidos».

Años después, esta mentira contra Aguirre se demostró aún más falsa cuando los gobiernos de la lideresa popular construyeron nada menos que 12 nuevos hospitales públicos -de gestión directa o indirecta- y más de 100 nuevos centros de salud. Es justo reconocer que bajo el mandato de Esperanza Aguirre en Madrid, se hizo una ampliación de la red sanitaria pública como ninguna otra autonomía española ha hecho desde el año 2002 en que el Gobierno central transfirió la Sanidad a todas las CCAA.

Pero no hay incremento de salud ni de hospitales que soporte la llegada masiva de inmigrantes ilegales con acceso a estos servicios. Y menos aún cuando en plena oleada de inmigración ilegal, el Gobierno central está trabajando en que todos los ilegales tengan acceso a la sanidad. Para ello, el Real Decreto-ley 7/2018 ha restablecido el principio de universalidad en el sistema sanitario público, eliminando barreras administrativas y permitiendo la atención a personas sin residencia legal siempre que puedan demostrar su residencia efectiva mediante empadronamiento durante al menos tres meses o mediante documentos alternativos como certificados escolares, facturas o informes sociales.

• Para acceder a los servicios sanitarios, los inmigrantes ilegales deben presentar una declaración responsable indicando que no tienen cobertura sanitaria por otros medios.
• El empadronamiento mínimo requerido es de tres meses, aunque existen opciones alternativas para acreditarse.
• El sistema proporciona un documento provisional acreditativo que permite el acceso inmediato a atención médica mientras se verifica la documentación.

Impacto en la gestión y recursos sanitarios

El aumento del número de pacientes en situación irregular presenta varios retos:

• Mayor presión sobre consultas y urgencias: En el último año se han contabilizado 51 millones de consultas entre atención primaria y hospitalaria, lo que representa un incremento del 7% respecto al año anterior.
• Recursos económicos limitados: El Gobierno regional ha denunciado recortes por parte del Ministerio de Sanidad, que ha disminuido su presupuesto en aproximadamente 1.500 millones de euros y advierte sobre posibles recortes adicionales para destinar más fondos a Defensa. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid destina el 40% de su presupuesto a sanidad, con 10.460 millones frente a los 1.700 millones aportados por el Gobierno central.
• Déficit de profesionales: Actualmente hay 50.000 médicos y 3.000 enfermeras cuyos títulos no están homologados, lo cual complica cubrir esta creciente demanda. La homologación de títulos extranjeros se ha convertido en una demanda clave para el Ejecutivo madrileño.

La creciente presión asistencial ha reavivado el debate sobre cómo gestionar la inmigración irregular y su efecto sobre los servicios públicos. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, subraya la necesidad urgente de frenar lo que califica como “inmigración descontrolada” y advierte sobre los riesgos asociados a una posible sobrecarga del sistema sanitario.

En contraste, el Ministerio de Sanidad está trabajando en un nuevo real decreto para homogeneizar los criterios de acceso en toda España, eliminando la capacidad e las autonomías de denegar el acceso a tratamientos más complejos o no urgentes a los inmigrantes ilegales para evitar el denominado «turismo sanitario».

Una vez llevados a efecto los cambios que el Gobierno pretende en el acceso a la sanidad de los inmigrantes ilegales, qué duda cabe que el efecto llamada para que lleguen más inmigrantes ilegales a nuestro país será aún mayor. Y eso sin tener en cuenta que, gracias a la rebaja de 3 a 2 años en el tiempo que los ilegales tienen que estar en nuestro país para obtener la residencia por arraigo, se prevé que nada menos que 900.000 personas obtengan la residencia legal y, con ella, acceso a todas las especialidades sanitarias.

Proyectos futuros y reformas en Madrid

A pesar de estos obstáculos, Madrid tiene planes para expandir su infraestructura sanitaria:

• Se prevé la apertura de cinco nuevos centros de salud entre finales de 2025 y principios de 2026.
• Dos centros especializados en protonterapia están programados para terminarse en el Hospital La Paz y el Hospital de Fuenlabrada.
• Se llevará a cabo demolición y reforma en la residencia general del Hospital 12 de Octubre, así como mejoras integrales en el Clínico San Carlos y el Hospital Gregorio Marañón, con una inversión prevista para 2026 cercana a los 400 millones euros).

La duplicación del número atendido por inmigrantes irregulares en solo dos años es un reflejo claro tanto de las tendencias demográficas como del acceso universal establecido por las políticas actuales. Estas cifras no solo ponen al descubierto la creciente presión asistencial; también revelan las capacidades del sistema para hacer frente a estos retos relacionados con financiación, recursos humanos y gestión administrativa. Además, la atención primaria es utilizada más frecuentemente por inmigrantes que por otros tipos como la especializada o preventiva.

El Gobierno central es consciente de esta problemática, pero como la Sanidad es una competencia transferida a las autonomías, Moncloa está promoviendo los cambios legales necesarios para que los ilegales accedan a todas las carteras de servicios de salud públicos. De esta manera consigue saturar la sanidad y poder echarle la culpa a los gobiernos regionales en manos del PP. Esta estrategia es de especial aplicación a la Comunidad de Madrid, donde las rebajas fiscales de las que se han beneficiado todos los madrileños son consideradas por la izquierda la causa de que la sanidad esté colapsada por culpa de unos presuntos recortes presupuestarios que nunca se han efectuado.