Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.
Y el Gobierno Sánchez no le dice la verdad ni al médico.
El apagón ocurrido el 28 de abril continúa siendo un tema candente en la agenda energética de España.
La alarma provocada por las repentinas fluctuaciones de tensión, así como la incapacidad del sistema actual para prevenir cortes adicionales, ha llevado a una reforma sin precedentes.
Red Eléctrica ha tomado las riendas del mercado eléctrico nacional.
Las repercusiones son inmediatas: tanto reguladores como el Gobierno se ven obligados a reconocer fallos significativos en sus protocolos y a implementar medidas urgentes que impactan a todo el sector, desde las grandes compañías eléctricas hasta los consumidores y los operadores de energías renovables.
La reforma exprés que se está llevando a cabo esta semana tiene su origen en unos protocolos obsoletos que dependían de Moncloa y la CNMC.
El procedimiento de operación 7.4, esencial para el control de la tensión, había estado estancado por trámites administrativos durante años, a pesar de las constantes advertencias de Red Eléctrica. El apagón de abril fue la chispa definitiva: desde entonces, la presión ha aumentado y las instituciones han apresurado la actualización de hasta cuatro protocolos clave en cuestión de días.
Con este nuevo marco, Red Eléctrica podrá gestionar todas las centrales, restringiendo su capacidad para operar en el mercado y modificando las condiciones de oferta por razones de seguridad.
Esto implica una ralentización en la entrada de energías renovables, así como la exigencia a las centrales de gas y nuclear para que activen sus sistemas únicamente con el fin de controlar la tensión, sin necesidad de aprovechar toda la energía generada.
El coste estimado para consumidores en 2025 se estima en más de 1.000 millones de euros adicionales en la factura eléctrica.
El Gobierno está considerando redistribuir el sobrecoste del apagón (que ya asciende a 800 millones) entre todos los consumidores. El endurecimiento en las condiciones para prestar servicios podría reducir tanto la oferta como la competitividad, incrementando los costes que deben asumir los usuarios.
El sector, en pie de guerra
Las nuevas medidas han desatado un revuelo generalizado. La frustración es evidente entre consumidores, operadores fotovoltaicos y comercializadoras, quienes temen un aumento en los costes y una disminución en la competitividad. Desde el sector renovable se critica que el refuerzo contra apagones beneficia a las grandes eléctricas tradicionales, mientras que las empresas fotovoltaicas ven limitado su margen operativo y enfrentan precios cero junto con vertidos masivos por saturación.
Entre los puntos más conflictivos se encuentran:
- La ralentización en la integración de energías renovables, en un país que ha apostado decididamente por la fotovoltaica y el autoconsumo.
- La insatisfacción entre comercializadoras, que prevén dificultades para negociar en los nuevos mercados y un posible encarecimiento del servicio.
- La preocupación creciente entre los consumidores ante una factura más alta y la falta de claridad sobre los costes reales.
Bruscas variaciones de tensión y el riesgo persistente de apagón
Red Eléctrica ha activado las alarmas tras detectar recientemente nuevos problemas de tensión similares a los que llevaron al apagón en abril. El diagnóstico es contundente: «Bruscas variaciones de tensión podrían afectar a la seguridad del suministro si no se llevan a cabo los cambios necesarios». Los datos indican que el sistema sigue expuesto al riesgo; además, la actual combinación entre generación y demanda, con un fuerte protagonismo de las energías renovables y el autoconsumo, ha generado desequilibrios complicados de manejar.
- La red requiere más medidas preventivas y una mayor capacidad para reaccionar ante incidentes críticos.
- El operador estatal subraya con urgencia la necesidad de renovar procedimientos técnicos y fortalecer el control sobre las instalaciones productivas.
- Tanto el Gobierno como la CNMC han reconocido que sus protocolos eran inadecuados e han puesto en marcha mecanismos para inspeccionar y analizar situaciones rápidamente.
Reforma normativa y refuerzo de la supervisión
El Real Decreto-ley 7/2025, aprobado tras analizar esta crisis eléctrica, establece mandatos concretos tanto para la CNMC como para el operador del sistema. La CNMC deberá supervisar tanto el control sobre tensión como la restauración del servicio; por su parte, Red Eléctrica asumirá responsabilidades relacionadas con análisis y propuestas normativas en áreas como:
- Amortiguación ante oscilaciones.
- Calidad en inyección de potencia activa.
- Funcionamiento eficiente de servicios ajustados.
- Requisitos para monitorizar e informar datos necesarios para investigar incidentes.
Se introduce también la figura del gestor del autoconsumo, que representa los intereses de aquellos consumidores asociados a instalaciones fotovoltaicas y realiza gestiones por ellos para asegurar un funcionamiento óptimo del sistema.
El mercado eléctrico español, en plena transformación
La implementación del mercado cuartohorario programada para octubre de 2025 supone un cambio estructural significativo, alineando a España con naciones como Alemania o Francia. Se pasará así a una resolución cuartohoraria con 96 intervalos diarios, lo cual permitirá un control más preciso sobre producción y consumo; no obstante, también plantea nuevos retos técnicos y operativos para todos los actores involucrados en este sistema.
- Se anticipa una mayor flexibilidad junto con una capacidad mejorada para adaptarse ante fluctuaciones en demanda.
- Este cambio responde a exigencias normativas europeas buscando reforzar la seguridad del suministro.
El papel de Red Eléctrica y el impacto en la industria
Red Eléctrica de España gestiona más 44.000 kilómetros de líneas eléctricas a alta tensión y opera el sistema eléctrico desde su Centro de Control Eléctrico ubicado en Madrid. Su labor consiste en mantener un equilibrio entre producción y demanda, garantizar un suministro seguro e gestionar interconexiones internacionales.
Sin embargo, hay que señalar que la industria electrointensiva española ha visto caer su demanda un 23% durante los últimos cinco años. Este descenso se debe principalmente al alto coste energético junto con una escasez notable de contratos a largo plazo que ofrezcan estabilidad. Por eso, este sector industrial clama por reformas urgentes que eviten un mayor proceso desindustrializador y mantengan competitividad dentro del país.
Desafíos y oportunidades en la transición energética
El refuerzo contra apagones junto con esta reforma del mercado eléctrico genera tanto oportunidades como tensiones:
- Las grandes eléctricas ven cómo se fortalece su posición comercial; mientras tanto, renovables y operadores dedicados al autoconsumo reclaman mecanismos adecuados que les protejan frente a vertidos masivos o precios cero.
- Se intensifican las medidas dirigidas hacia consumidores vulnerables; no obstante, su protección real dependerá fundamentalmente del correcto desarrollo normativo europeo aplicado aquí.
- España deberá ajustar su normativa durante los próximos meses bajo una agenda regulatoria exigente mientras enfrenta también presiones procedentes desde la Comisión Europea para cumplir plazos establecidos.
El sector energético español está ante una bifurcación crucial: fortalecer su suministro seguro mientras moderniza protocolos antiguos sin perder competitividad dentro este entorno marcado por una transición ecológica cada vez más necesaria. Lo cierto es que esta crisis eléctrica ha dejado huella; lo futuro del sistema dependerá mucho ahora mismo no solo sobre cómo cada agente se adapte sino también sobre qué tan transparente sea todo este proceso.
