El Gobierno Sánchez y los sindicatos no socialistas se enfrentan por el aumento salarial de los funcionarios

En Madrid, la tensión era palpable a la salida del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Ni el aguacero ni el cansancio acumulado tras más de cinco horas de diálogo lograron suavizar las diferencias. La quinta ronda de negociaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los principales sindicatos del sector público terminó en un punto muerto: UGT ha aceptado la oferta oficial de un aumento salarial del 11% entre 2025 y 2028, pero CSIF y CCOO consideran que es insuficiente y demandan mejoras inmediatas.

La negociación sigue marcada por la presión del Ejecutivo, que insiste en distribuir la mayor parte del incremento al final del periodo y no cede en el límite del 4% acumulado entre 2025 y 2026. El próximo miércoles, ambas partes volverán a reunirse, pero parece complicado salvar las diferencias existentes.

La oferta gubernamental es clara: aumento del 11% hasta 2028, con un primer incremento del 2,5% en 2025 que se pagaría ya en diciembre, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Sin embargo, el Ejecutivo se muestra inflexible respecto a su tope: durante los dos primeros años, el alza no superará el 4% acumulado, dejando el grueso del aumento para 2027 y 2028. Según fuentes sindicales, esta distribución condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo a corto plazo, ya que la inflación continúa afectando sus salarios reales.

UGT ha dado su visto bueno a la propuesta, señalando que, con los ajustes en las tablas salariales, la subida real podría alcanzar hasta un 11,5%, lo que permitiría “recuperar más de dos puntos de poder adquisitivo”. Por otro lado, CSIF y CCOO argumentan que el problema radica en el calendario: consideran que gran parte del aumento se concentra en la segunda mitad del periodo, cuando podría haber un nuevo Gobierno. Además, opinan que el 4% en los dos primeros años es insuficiente para mitigar las pérdidas sufridas en ejercicios anteriores.

CSIF, sindicato mayoritario en la función pública, advierte:

• “Si se mantiene el 4% para los dos primeros años, tendremos que volver a las calles”.
• Exigen que el acuerdo sea “global”, abarcando otros aspectos como la eliminación de la tasa de reposición y la recuperación de derechos laborales.

Por su parte, CCOO continúa negociando pero no descarta nuevas movilizaciones si el Gobierno no muestra flexibilidad en su postura.

Contexto y cifras: más de tres millones de empleados públicos afectados

La negociación impacta a más de 3,5 millones de empleados públicos en España. Actualmente, el salario medio ronda los 3.000 euros brutos al mes, cifra que podría ascender hasta 3.330 euros si se aplica por completo el incremento del 11% previsto para 2028. El coste total para las arcas públicas sería aproximadamente de unos 2.000 millones de euros adicionales en salarios.

En el último acuerdo salarial (2022-2024), los funcionarios experimentaron un aumento cercano al 10%, aunque parte de este incremento dependía de variables económicas y niveles inflacionarios. Ahora, el Gobierno plantea que toda subida sea fija, sin componentes variables, buscando proporcionar “seguridad jurídica” y previsibilidad a las nóminas públicas.

Las tablas salariales quedarían así según estimaciones sindicales:

Los porcentajes y cantidades pueden variar según grupo profesional y antigüedad.

Claves del conflicto: poder adquisitivo, inflación y gasto público

Detrás de esta pugna hay cuestiones fundamentales.

• Inflación: El Ejecutivo defiende que su propuesta asegura mantener el poder adquisitivo durante los próximos cuatro años al considerar la evolución esperada de precios.
• Reparto temporal: Los sindicatos buscan aumentos más rápidos concentrados en los dos primeros años para evitar la erosión salarial provocada por la inflación y garantizar la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2021.
• Regla fiscal: El Gobierno argumenta que no puede exceder el límite del 11% ni anticipar más aumentos debido a restricciones presupuestarias impuestas desde Europa.
• Otros derechos laborales: También exigen desbloquear asuntos como una jornada laboral de 35 horas o facilitar jubilaciones parciales además de eliminar restricciones como la tasa de reposición.

El papel de los sindicatos y las perspectivas futuras

El panorama sindical se ha fragmentado ante la oferta gubernamental.

UGT ha respaldado el acuerdo al considerarlo suficiente y un avance tras años sin aumentos significativos.

En cambio, tanto CSIF como CCOO lo rechazan por ser insuficiente especialmente a corto plazo e insisten en una mayor apertura a negociar. Todas las partes han acordado volver a reunirse este miércoles; sin embargo, desde el Gobierno insisten en que su oferta es definitiva y no prevén incrementarla salvo ajustes menores.

Los sindicatos no descartan movilizaciones si no hay avances significativos. La atmósfera es tensa; ambos lados sienten presión mutua. El Ejecutivo necesita llegar a un acuerdo para ofrecer estabilidad mientras los empleados públicos lidian con una congelación salarial que empieza a afectar tanto su moral como sus bolsillos.

Perspectivas y posibles desenlaces

La negociación permanece abierta aunque parece haber poco margen para maniobrar. El Gobierno busca un pacto que cierre esa brecha salarial con respecto a la inflación sin comprometer sus balances presupuestarios. Por otro lado, los sindicatos son conscientes tanto del peso político como social que tiene la función pública; mantienen firmes sus reivindicaciones e incluso podrían endurecer su postura si no se observan progresos.

Mientras tanto, millones de funcionarios esperan noticias sobre su futuro económico. Para muchos empleados públicos, esta diferencia entre un aumento del 4% o uno del 6% durante los dos primeros años puede marcar una frontera entre recuperar o no ese poder adquisitivo perdido desde hace tiempo. La tensión persiste; por ahora, todo queda pendiente.