Pedro Sánchez se queda solo en la UE al rechazar la exención del IVA para autónomos

Mientras otras naciones de la Unión Europea avanzan en la simplificación fiscal para los autónomos, el Gobierno de Pedro Sánchez complica la vida a los emprendores. El Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero, ha decidido no llevar a cabo el régimen de IVA franquiciado que debería entrar en vigor en enero de 2025. Esta negativa deja a nuestro país como el único Estado miembro que no aplica una medida pensada para aliviar la carga tributaria de millones de trabajadores autónomos.

La Directiva (UE) 2020/285, aprobada en 2020 por el Consejo de la Unión Europea, establecía un plazo claro: todos los Estados debían incorporar a sus legislaciones un sistema especial de exención del IVA para pequeñas empresas y autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros. La fecha límite era el 1 de enero de 2025.

Sin embargo, al llegar diciembre, esa fecha ya ha pasado y España sigue sin avanzar. La Comisión Europea incluso abrió un expediente administrativo contra nuestro país en enero por incumplimiento normativo, un proceso que podría desembocar en sanciones económicas si no se soluciona pronto.

Desde el departamento que dirige Montero sostienen que la estructura recaudatoria del IVA no permite cambios significativos en este momento. Argumentan que están inmersos en la implementación del nuevo sistema de facturación electrónica, una transición que, según su perspectiva, hace incompatible la introducción simultánea de otra reforma tributaria importante. No obstante, este razonamiento contrasta con la experiencia de 26 países europeos que ya han logrado implementar ambas medidas sin problemas evidentes.

Las negociaciones entre la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y el Ministerio están actualmente paralizadas. Fuentes consultadas indican que aunque las conversaciones comenzaron con buena disposición por parte del Ejecutivo para encontrar soluciones, en este momento no hay avances significativos. Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, destaca que la exención del IVA representaría una «considerable reducción de la carga burocrática» para los autónomos, ya que eliminaría las declaraciones trimestrales del modelo 303 y las anuales del modelo 390.

La falta de este régimen en España coloca a los autónomos españoles en una situación claramente desventajosa frente a sus colegas europeos. Un trabajador por cuenta propia francés, italiano o irlandés que facture menos de 85.000 euros puede ofrecer precios más competitivos al no repercutir el IVA, mejorando así sus márgenes económicos. En cambio, su homólogo español debe aplicar el IVA estándar y carece de esa flexibilidad.

Resulta especialmente llamativo observar que en regiones con régimen fiscal propio como País Vasco y Navarra, ya existe un sistema equivalente. Allí, los módulos fueron reemplazados por una estimación directa simplificada que permite deducciones significativas para ciertos autónomos. Según testimonios recogidos entre profesionales del sector, este sistema «ha funcionado muy bien» y pone de manifiesto las ventajas potenciales que su extensión al resto del país podría generar.

Cómo funciona el régimen en otros países

La aplicación en el resto de Europa es variada pero clara en su intención. Francia, Irlanda e Italia han optado por acercarse al máximo permitido de 85.000 euros; aunque Francia establece un umbral diferenciado de 35.000 euros para prestadores de servicios. En República Checa, el límite es de 78.848 euros y en Rumania se fija en 64.543 euros. Por otro lado, hay Estados que han decidido ser más restrictivos: Alemania y Bélgica permiten la exención solo hasta 25.000 euros anuales; mientras que Países Bajos lo limita a 20.000 euros y Portugal a tan solo 15.000 euros.

Esta diversidad de umbrales responde a decisiones políticas legítimas sobre cómo organizar el sistema fiscal en cada nación, pero todas comparten un mismo objetivo: reducir los costes administrativos para las pequeñas empresas. La Comisión Europea reconoce explícitamente en su documentación que estos costes son significativamente más altos para las pymes que para las grandes corporaciones, precisamente porque tienen menos recursos para gestionar la complejidad del sistema tributario europeo.

Las consecuencias de la prórroga de módulos

El Gobierno ha decidido prorrogar el sistema actual de módulos para autónomos, una elección que efectivamente paraliza cualquier posibilidad inmediata de implementar la exención del IVA hasta al menos 2027. Esta decisión elimina cualquier opción inmediata para que los trabajadores españoles se beneficien de una simplificación fiscal ya disfrutada por sus colegas europeos. La propuesta del Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, propone precisamente lo mismo: exención del IVA para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros; sin embargo, sigue siendo una promesa política mientras el Ejecutivo mantiene su bloqueo.

Las asociaciones representativas consideran que las propuestas actuales desde Hacienda son solo «una aplicación parcial de la Directiva» y demandan extender este régimen a las ventas nacionales, tal como están haciendo otros Estados miembros. Algunos despachos legales ya han comenzado a plantear demandas sobre este asunto; además, es posible que Bruselas termine imponiendo sanciones si esta situación se prolonga indefinidamente.

El panorama es evidente: mientras España permanece inactiva ante decisiones fiscales cruciales, sus autónomos ven cómo se desvanecen oportunidades comerciales y competitividad dentro un mercado europeo cada vez más integrado. La exención del IVA no es simplemente un capricho fiscal; representa una herramienta esencial para equilibrar condiciones entre pequeños y grandes negocios dentro del territorio comunitario. El tiempo apremia y cada día se amplía más la brecha con respecto al resto de Europa.