La ley antiokupas, aprobada por un error de Bildu y ERC, tampoco protege de verdad a los propietarios de viviendas

La situación se vive en despachos de abogados en Madrid, Barcelona o Valencia: propietarios con viviendas listas para alquilar, contratos meticulosamente revisados… y una inquietante pregunta que se cierne sobre ellos: «¿Qué pasará si me dejan de pagar o si me la okupan?».

La conocida como ley antiokupas, que se aprobó casi de manera accidental debido a un error en el voto de Bildu y ERC, junto con las recientes ayudas del Gobierno para propietarios con inquilinos morosos, no han conseguido despejar esa incertidumbre.

El impacto sobre la inseguridad jurídica es mucho más limitado de lo que se había prometido.

Es cierto que la reforma ha acelerado los desalojos en casos de allanamiento y usurpación.

Sin embargo, el verdadero problema del mercado del alquiler en España no radica únicamente en la okupación como tal, sino también en los impagos y la sensación de que el marco legal cambia cada pocos meses, casi siempre sin tener en cuenta al pequeño propietario.

Esta combinación, reconocen abogados y expertos en vivienda, mantiene a muchos pisos fuera del mercado y frena la oferta justo cuando los precios del alquiler siguen subiendo.

Qué cambios introduce realmente la nueva ley antiokupas

La conocida como Ley Orgánica 1/2025, popularmente llamada «ley antiokupas», trae consigo un cambio fundamental en la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

• Los delitos de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) y usurpación (artículo 245) se tramitarán por el procedimiento abreviado de juicios rápidos.
• El objetivo es que, desde que se presenta la denuncia hasta el lanzamiento, el proceso pueda resolverse en menos de un mes, e incluso en unos 15 días en aquellos juzgados que operen con mayor celeridad.

En términos prácticos, el proceso penal queda estructurado así:

• Detención del okupa y actuación policial inmediata.
• La policía judicial dispone de 72 horas para enviar la documentación al juez.
• El juez decide si inicia diligencias urgentes.
• Si se abre juicio oral, las partes tienen cinco días para presentar sus escritos.
• El juicio debe celebrarse en un plazo aproximado de 15 días, y la sentencia dictarse en un máximo de tres días más.

Sobre el papel, esta reducción temporal es significativa. Mover estos delitos al ámbito de los juicios rápidos permite gestionar desalojos en cuestión de semanas, mientras que antes podían extenderse durante meses. Esta mejora ha sido una de las razones detrás del reciente aumento notable en las solicitudes de desalojo exprés en juzgados a lo largo del país.

No obstante, el origen político de esta norma ha suscitado desconfianza. La reforma fue aprobada gracias a lo que algunos han calificado como un «error injustificable» por parte de ERC y Bildu, quienes apoyaron involuntariamente una enmienda presentada por el PNV, respaldada por otros partidos como el PP, Junts o UPN. Así, nos encontramos ante una ley crucial sobre un asunto tan delicado, aprobada sin consenso ni un debate profundo, dejando muchas dudas acerca de su compatibilidad con otras normativas sobre vivienda.

Juristas y despachos especializados advierten sobre varios problemas:

• Ausencia de un verdadero consenso político y una sensación generalizada de improvisación.
• Dudas sobre la eficacia práctica: carga laboral para los juzgados, coordinación con servicios sociales y plazos reales.
• Posibilidad de interpretaciones judiciales dispares según la región y saturación judicial.

Para muchos propietarios, el mensaje es claro: si una ley tan importante puede aprobarse debido a un simple error al votar, cualquier cambio regulatorio puede suceder abruptamente y sin previo aviso.

La gran grieta: impagos y alquiler representan el 80 % del problema

El foco mediático suele centrarse en la okupación «tradicional», pero los datos manejados por los profesionales del sector revelan otra realidad: aproximadamente el 80 % de los casos relacionados con “okupación” afectan a propietarios debido a impagos por parte de inquilinos en contratos arrendaticios, no a ocupaciones ilegales de viviendas vacías.

Y aquí es donde la nueva ley penal apenas tiene influencia:

• La reforma acelera procesos por allanamientos y usurpaciones.
• Los casos relacionados con impagos al alquiler siguen su curso civil tradicional para desahucios, mucho más lento.

De acuerdo con expertos en derecho inmobiliario, un proceso judicial por impago puede extenderse más allá de un año. Durante ese tiempo, el propietario deja de percibir rentas mientras continúa haciendo frente a hipotecas, gastos comunitarios e impuestos. Esta situación lleva a muchos a optar por:

• Mantener sus propiedades vacías.
• Vender sus inmuebles.
• Cambiarse al sector del alquiler vacacional o temporal, donde hay menos protección para inquilinos pero también menor percepción de riesgo.

Así las cosas, aunque la ley antiokupas aborda un aspecto real del problema, este representa solo una pequeña parte; mientras tanto, gran parte de la inseguridad jurídica relacionada con el alquiler permanece prácticamente intacta.

La inseguridad jurídica sigue presente

La reforma llega además en un contexto marcado por una intensa inestabilidad normativa respecto a vivienda:

• Prórrogas y nuevos reales decretos que mantienen suspendidos desahucios ante situaciones vulnerables hasta finales de 2025 como mínimo.
• Una nueva Ley de Vivienda que amplía las protecciones contra desahucios y complica aún más los procedimientos cuando quien demanda es un gran tenedor y quien alquila se considera vulnerable.
• Regulaciones sobre control de precios en áreas tensionadas junto con recargos del IBI para viviendas vacías.

Las consecuencias señaladas por abogados y analistas son claras:

• Falta de seguridad jurídica: cambios constantes, marcos temporales indefinidos y criterios amplios sobre vulnerabilidad.
• Suspensiones prolongadas sobre desahucios incluso cuando hay ocupaciones ilegales si se demuestra vulnerabilidad.
• Compensaciones económicas lentas e insuficientes para propietarios afectados por estas suspensiones.
• Una percepción generalizada que indica que el sistema prioriza proteger al ocupante o inquilino vulnerable sin ofrecer un equilibrio adecuado para quienes alquilan como pequeños inversores.

Las estadísticas respaldan esta sensación: se estima que hay más de 100.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España, habiendo aumentado cerca del 20 % durante los últimos tres años según datos del Ministerio del Interior citados entre profesionales del sector. Al mismo tiempo, los procedimientos continúan siendo largos y llenos excepciones.

Por ello, pese a los titulares sobre desalojos resueltos en 15 días, muchos propietarios no sienten seguridad; más bien ven esta legislación como una «ley parche» que apenas oculta parte del problema real.

Ayudas gubernamentales para propietarios con impagos: bienvenidas pero insuficientes

Otra acción importante del Ejecutivo ha sido la aprobación reciente de ayudas específicas dirigidas a propietarios afectados por impagos. En teoría, su propósito es aliviar la carga económica sobre aquellos dueños cuyos inquilinos no pagan.

Sin embargo, existen limitaciones significativas:

• Se dirige únicamente a:
  • Contratos con jóvenes menores de 35 años.
  • O familias vulnerables.
• La renta debe estar dentro del índice estatal referente al alquiler aplicable solo en zonas tensionadas.
• Es obligatorio:
  • Contar con una fianza legal depositada y actualizada.
  • Firmar con el inquilino un compromiso relacionado con avales al alquiler según modelo oficial proporcionado por la Administración.

En la práctica esto excluye a una gran mayoría del parque arrendaticio:

• Despachos especializados estiman que estas ayudas dejan fuera aproximadamente al 85 %de los propietarios cuyas rentas no cumplen con dicho índice estatal.
• Muchos contratos habituales —especialmente aquellos ubicados en ciudades medianas o barrios no considerados zonas tensionadas— no satisfacen estos requisitos.

Además, existen otros problemas señalados por profesionales:

• Un proceso potencialmente burocrático y lento para su tramitación.
• Falta cobertura ante impagos cuando las rentas son ligeramente superiores al índice establecido aunque sigan siendo consideradas “normales” dentro del mercado.
• Sensación generalizada entre arrendadores que indica que estas ayudas están diseñadas más para ciertos perfiles sociales específicos que para garantizar realmente el cobro efectivo del alquiler.

Por ello, despachos como el mencionado Asoban Abogados indican cómo los arrendadores continúan acudiendo masivamente buscando:

• Revisar sus contratos.
• Incluir garantías adicionales (avalistas, seguros contra impago o depósitos extra acordados legalmente).
• Diseñar cláusulas preventivas destinadas a minimizar riesgos relativos a morosidad.

El mensaje es claro: ni la ley antiokupas ni las nuevas ayudas suponen actualmente una protección integral capaz realmente cambiar las actitudes hacia los propietarios.

Efectos sobre la oferta inmobiliaria

Este conjunto complejo formado por cambios penales recientes junto a suspensiones prolongadas respecto desahucios sumado controles estrictos sobre precios —y ayudas limitadas— tiene efectos directos sobre el mercado:

• Hay cada vez menos viviendas disponibles para alquiler estable; muchos propietarios optan ahora por vender o dedicarse exclusivamente al alquiler temporal.
• La oferta se contrae especialmente en grandes ciudades donde hay mayor demanda habitacional pero también mayor temor ante conflictos legales .
• Presión creciente sobre precios debido a esta reducción significativa disponible .
• Aumento notable del uso común entre arrendadores respecto garantías privadas tales como:
  • Seguros contra impago.
  • Avales bancarios .
  • Selecciones muy rigurosas entre posibles inquilinos .

Al mismo tiempo organizaciones dedicadas a derechos consumidores así como notarios insisten firmemente; urge contar con mejoras sustanciales respecto seguridad jurídica así como datos coherentes; lejos queda este panorama actual plagado normas contradictorias . Exigen:

• Plazos claros razonables relativos recuperación inmuebles .
• Menos discrecionalidad interpretativa acerca vulnerabilidad .
• Un marco legal estable permitiendo planificaciones inversiones sostenibles medio plazo .

Hoy día sin embargo todo esto parece lejano; consultas disparadas hacia abogados , leyes nacidas erróneamente , ayudas bien intencionadas pero limitadas… Y tras todo eso persiste esa sensación profunda entre muchos pequeños arrendadores : alquilar sigue siendo , lamentablemente , un salto sin red aquí , España .

En esta nación donde miles familias dependen única vivienda completar jubilaciones o mantener herencias ; ese vacío jurídico provoca costos silenciosos pero muy reales tanto respecto oferta alquiler como confianza total sistema.