La SEPI, el epicentro de las tramas corruptas durante los 7 años del Gobierno Sánchez

Y en el fondo, esperando, está María Jesús Montero, alias ‘Chiqui‘.

La percepción de la SEPI como un mero holding público se ha desmoronado.

Los recientes casos judiciales han revelado el uso de esta influyente sociedad estatal como plataforma para comisiones, rescates controvertidos y negocios privados que se benefician del dinero público.

Lo que durante años se presentaba como una herramienta técnica destinada a “salvar empresas estratégicas” aparece ahora, tanto en los autos judiciales como en las investigaciones periodísticas, como el núcleo de una red de favores y conexiones que ha funcionado durante gran parte del mandato de Pedro Sánchez.

A medida que la economía sufre por la inflación y el aumento del gasto público, la dimensión política del llamado “caso SEPI” se ha transformado en un símbolo de cómo se manejan los resortes del Estado cuando se cruzan poder político, empresas públicas y miles de millones en juego.

El mapa de las empresas públicas estratégicas bajo sospecha

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales tiene bajo su control participaciones en algunas de las compañías más críticas del país: desde Correos hasta diversas firmas industriales rescatadas mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Este perímetro de poder —que abarca créditos blandos, rescates y entradas en capital— ha sido el escenario donde han tenido lugar varias tramas actualmente bajo investigación.

Entre las operaciones que están siendo examinadas por la Audiencia Nacional y diferentes juzgados destacan:

• El rescate de Tubos Reunidos, un grupo siderúrgico vasco, por un total de 112,8 millones de euros, actualmente investigado por posibles comisiones relacionadas con la red de Vicente Fernández.
• Un conjunto de rescates y contratos públicos cuyo volumen total asciende a 132,9 millones de euros, influenciado por las conexiones entre Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso.
• Operaciones previas como las realizadas con Plus Ultra (53 millones) o Duro Felguera (120 millones a través de SEPI), que ya habían suscitado dudas sobre la definición de “empresa estratégica” y abierto el debate acerca del uso político de los fondos públicos.

Además, las pesquisas sobre contratos y rescates han puesto el foco en filiales y sociedades dependientes, como Sepides o parques empresariales públicos, donde supuestamente se habrían manipulado licitaciones y cobrado comisiones por adjudicaciones y financiación.

Vicente Fernández: del despacho presidencial de la SEPI al negocio privado

El nombre de Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, ha emergido como el hilo conductor en varias piezas judiciales y reportajes. Presidió la entidad entre 2018 y 2019, dimitiendo tras ser imputado por el caso relacionado con la mina de Aznalcóllar. Posteriormente, reapareció como intermediario privado en operaciones con empresas públicas.

Según los documentos analizados y los testimonios obtenidos:

• Ofrecía a sus clientes oportunidades comerciales vinculadas a la SEPI y a empresas públicas, desarrollando proyectos que iban desde la reutilización del estiércol proveniente del hipódromo para producción energética hasta la instalación de placas solares sobre edificios pertenecientes a Correos.
• Su fórmula habitual consistía en crear empresas mixtas que combinaban inversores privados con entidades públicas dispuestas a aportar líneas de financiación y apoyo institucional.
• Por abrir puertas, organizar encuentros y facilitar acceso a fondos europeos o rescates, cobraba cuotas mensuales —de 5.000 a 7.000 euros— además de una “prima por éxito” equivalente al 2% sobre la inversión pública lograda.

Este modelo comercial, basado en aprovechar su agenda y contactos acumulados al frente de la SEPI, conecta con un patrón conocido en otros casos similares: ex altos cargos que monetizan su influencia poco después de dejar sus puestos para beneficio propio y un reducido círculo empresarial.

La red de comisiones: desde los rescates hasta los contratos públicos

La pieza más contundente hasta ahora describe una trama que habría manipulado al menos cinco contratos y operaciones por un total aproximado de 132,9 millones de euros, a cambio de comisiones repartidas entre varios intermediarios. En el centro se encuentra lo que algunos llaman “la fontanera del PSOE”, Leire Díez, junto a Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, empresario también vinculado al caso Cerdán.

Los investigadores atribuyen a este grupo:

• Presunto amaño en contratos públicos dentro distintos organismos asociados con la órbita de la SEPI.
• Cobro estimado superior a los 700.000 euros en concepto de comisiones por cinco operaciones específicas ya cuantificadas en autos judiciales.
• Uso sistemático de chats cifrados y estructuras societarias para canalizar pagos ocultando así su origen.

A esto se suma el rastro dejado por Vicente Fernández en sus iniciativas privadas:

• Un bar ubicado en Sevilla, donde una cuarta parte del volumen facturado aparece camuflado bajo el epígrafe “Otros ingresos” en su contabilidad.
• Una empresa propietaria también cuenta con un apartamento en Marbella, financiado mediante un préstamo superior a los 810.000 euros, pese a no justificar actividad económica suficiente para tal operación.

Por otro lado, informes elaborados por la Guardia Civil indican que entre 2021 y 2023, Fernández recibió un total cercano a los 128.092 euros procedentes de Servinabar, misma empresa relacionada con fraudes como el caso Mercasa o el caso mencionado anteriormente sobre Cerdán; esto refuerza una sensación generalizada sobre una red interconectada entre viejos escándalos y nuevos problemas.

Purga silenciosa en la SEPI: despidos, recolocaciones y detectives privados

Para comprender cómo es posible que la SEPI haya emergido como núcleo central dentro estas tramas es necesario observar no solo a los intermediarios involucrados sino también cómo reaccionó internamente tanto esta entidad como el Gobierno tras estallar el escándalo.

Después del estallido del conocido “caso Koldo” en febrero del año 2024, quien estaba al frente entonces —la presidencia ocupada por Belén Gualda, bajo supervisión directa por parte ministra Hacienda, María Jesús Montero— impulsó lo que muchos consideran una auténtica purga interna. Al menos cinco altos directivos relacionados con Vicente Fernández fueron apartados, despedidos o recolocados:

• A modo ejemplar está el caso de María Jesús Garrido, responsable directa del área encargada rescates; fue despedida durante mayo del mismo año debido a una “falta administrativa”, aunque había estado pidiendo durante meses un “2%” como comisión por facilitar créditos públicos.
• Otros directivos implicados incluyen nombres como Leire Díez o Fernando Albert; todos ellos están relacionados con contratos amañados o licitaciones cuyas ofertas eran consideradas “anormalmente bajas”.

La empresa pública llegó incluso a contratar detectives privados para rastrear actividades paralelas dentro parte su cúpula directiva. Los informes elaborados hablaban sobre “incompatibilidades profesionales” así como potenciales conflictos intereses. Sin embargo:

• En ningún momento esa información fue enviada directamente a Fiscalía.
• Se optó principalmente por mecanismos laborales: despidos acordados, recolocaciones discretas e incluso salidas sigilosas.

Este manejo ha llevado a algunos sectores opositores así como diversos medios informativos hablar acerca un intento deliberado para «tapar» lo sucedido dentro casa limitando daños políticos e impidiendo que investigaciones escalen hacia ministerios responsables.