Montero, vicepresidenta de Sánchez y ministra de Hacienda, sabía que Fernandez y la fontanera Leire se lo llevaban crudo

Todos en la mangancia y hasta las trancas.

La trama comienza en una oficina discreta y con una empresa que, sobre el papel, parece vacía.

Una sociedad sin trabajadores, sin un andamiaje reconocible y con una facturación que se dispara justo cuando empieza a involucrar millones de fondos públicos.

Todo esto pasaba desapercibido para Hacienda, pero era completamente evidente para María Jesús Montero, quien dirige el fisco y es una figura clave en el funcionamiento de la SEPI y sus rescates millonarios.

Entre 2021 y 2023, esta mercantil, Mediaciones Martínez, se transformó en el núcleo de un entramado de comisiones relacionadas con decisiones de organismos estatales.

La UCO de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional la identifican como una empresa pantalla del grupo integrado por Leire Díez, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, que habrían manejado alrededor de 730.000 euros en “mediaciones” y supuestas actividades de consultoría conectadas a contratistas públicos.

Una exclusiva que revela el ángulo más incómodo para Montero

La imagen más comprometida para el Gobierno se presenta a través de cifras. Según una exclusiva publicada por Francisco Mercado en EsDiario, la Agencia Tributaria, bajo el mando del Ministerio de Hacienda que dirige Montero, tuvo constancia año tras año de que esta firma vinculada al trío Díez–Fernández–Alonso facturaba por “mediaciones” relacionadas con empresas que contaban con contratos públicos.

El informe detalla que:

• Mediaciones Martínez registró 730.000 euros entre 2021 y 2023.
• La Hacienda recaudó aproximadamente 100.000 euros en impuestos por esos ingresos.
• A pesar de esos montos significativos, la empresa carecía de empleados ni actividad real más allá de las facturas por intermediación.

En otras palabras: el supuesto centro donde se recaudaban las mordidas no operaba en las sombras fiscales. Declaraba, pagaba impuestos y comunicaba a la Agencia Tributaria quién le pagaba y cuánto. Todo quedaba trazado claramente en los modelos fiscales.

La empresa sin empleados que facturó como una consultora de élite

Los investigadores describen a Mediaciones Martínez como una pequeña sociedad aragonesa legalmente dedicada a mediación y consultoría, sin plantilla conocida ni estructura significativa. Sin embargo, en solo dos años:

• En 2022, logró facturar más de medio millón de euros, alcanzando un pico cercano a los 505.000 euros.
• En 2023, sumó otros 177.000 euros adicionales.
• En su inicio en 2021, reportó unos modestos 47.000 euros.

Simultáneamente, tanto la UCO como la Audiencia Nacional sostienen que esta mercantil canalizó comisiones presuntamente ilegales vinculadas a al menos cinco operaciones que acumulan cerca de 132,9 millones en fondos públicos, enfocándose en rescates e contratos relacionados con la órbita de la SEPI y entidades dependientes.

Los puntos cruciales dentro de este circuito son:

• El rescate aprobado por la SEPI para Tubos Reunidos S.A. en julio de 2021 por un monto total de 112,8 millones de euros.
• Una ayuda adicional de 17,32 millones destinada a Arapellet (grupo asociado a Forestalia) a través de Sepides.
• Contratos relacionados con entidades como ENUSA, donde se observaron informes técnicos e intermediaciones con sobrecostes cercanos al 50 % en algunos expedientes.

Cada uno de estos movimientos estaba acompañado por facturas por “labores de intermediación” emitidas por Mediaciones Martínez, las cuales fueron consideradas por la UCO y el juez como fraudulentas o ficticias.

Cómo Hacienda lo veía todo… y siguió cobrando

La pieza presentada por EsDiario no solo enfoca la trama sino también el rol desempeñado por Hacienda. Los ingresos generados por Mediaciones Martínez no estaban ocultos:

• La sociedad reportó sus ingresos al fisco y cumplió con el pago del IVA así como del Impuesto sobre Sociedades correspondiente.
• Informó a la Agencia Tributaria acerca de sus principales clientes mediante el modelo 347 (para operaciones superiores a 3.000 euros).
• A diferencia de otras tramas donde predominan los pagos en efectivo, aquí todo quedó reflejado tanto en cuentas bancarias como en la contabilidad presentada ante el fisco.

La paradoja es notoria: esa empresa investigada como epicentro del cobro del grupo Díez–Fernández–Alonso habría cumplido meticulosamente con sus obligaciones fiscales sobre cantidades que la UCO relaciona con comisiones ilegales. Para Hacienda bajo dirección de Montero, eran ingresos legítimos derivados de consultoría o mediación; mientras que para los investigadores, se trataba simplemente de un engranaje dentro del tráfico de influencias y manipulación administrativa.

En esa misma exclusiva se destaca que Montero tenía conocimiento recurrente sobre las actividades del exresponsable de la SEPI junto a quien se conoce como “fontanera” del PSOE, Leire Díez, quien cobraba honorarios por asesoría relacionada con contratistas del Estado, sin que su falta total de plantilla o estructura generara alarma alguna dentro del Ministerio.

El círculo político: Montero, el consejo gestor y los rescates

Para entender este caso es imprescindible considerar el papel desempeñado por la SEPI así como el consejo gestor encargado durante los rescates durante la pandemia. La asistencia económica otorgada a Tubos Reunidos fue validada dentro un circuito institucional donde convergían varios ministerios económicos.

De acuerdo con datos publicados:

• El rescate recibió luz verde por parte de la Secretaría General de Industria (en ese momento liderada por Reyes Maroto), junto a la viceconsejería del Gobierno vasco bajo Íñigo Urkullu y también contó con apoyo desde la Universidad Deusto.
• La propuesta final pasó primero por asesores externos contratados por la SEPI así como informes procedentes desde la Abogacía del Estado.
• El consejo gestor encargado estaba compuesto entre otros miembros por representantes provenientes:
  • De presidencia o vicepresidencia dentro de SEPI (dependiente directamente de Hacienda).
  • De la Secretaría Estado Economía bajo influencia directa de Nadia Calviño.
  • De la Subsecretaría Hacienda perteneciente al ministerio liderado por Montero.
  • De la Secretaría General Industria (Maroto) junto a la Secretaría Estado Energía bajo responsabilidad de Teresa Ribera.

Además, cabe mencionar que la SEPI debía informar mensualmente al Ministerio de Hacienda sobre cómo avanzaban estos procesos; lo cual refuerza aún más la idea que el departamento dirigido por Montero estaba al tanto —al menos formalmente— acerca las operaciones donde luego surgen las comisiones investigadas.

El grupo “Hirurok” y la ingeniería detrás las mordidas

La red bajo investigación gira alrededor del grupo autodenominado “Hirurok”, compuesto por:

• Leire Díez, exmilitante del PSOE e histórica responsable comunicativa en empresas públicas como ENUSA.
• Vicente Fernández, quien fuera presidente anterior dentro SEPI; después pasó a colaborar con empresas privadas ligadas al sector público.
• Antxon Alonso, empresario relacionado con Servinabar entre otras sociedades contratistas.

Según lo señalado desde la UCO, este trío habría usado su influencia así como su red contactos cercanos tanto dentro SEPI como otros organismos estatales para:

• Dirigir expedientes o adjudicaciones hacia ciertas empresas.
• Negociar comisiones derivadas dicha intermediación.
• Hacer fluir esos pagos mediante Mediaciones Martínez usando facturas referidas servicios consultorías o mediación carentes respaldo real.

La mecánica general descrita tanto en autos judiciales como sumarios filtrados resulta clara:

1. Localización empresas atravesando situaciones complicadas o interesadas ayudas/rescates/contratos públicos relevantes.
2. Utilización contactos administración/empresas públicas para facilitar expedientes influir prioridades abrir puertas consejos/comités.
3. Facturación comisiones mediante Mediaciones Martínez haciéndolas pasar trabajos asesoría convencional.
4. Reinversión parte fondos obtenidos bienes inmobiliarios ubicados Marbella/Jaca estrategia blanqueo consolidación dinero recibido.

Lo que dice la justicia… y lo que queda pendiente

El proceso continúa bajo investigación dentro Audiencia Nacional; donde jueces analizan si pudieron haber delitos tales como:

• Tráfico influencias.
• Cohecho.
• Blanqueo capitales.
• Falsedad documental entre otros.

Los autos subrayan cómo tres investigados ya no ocupaban cargos públicos cuando sucedieron hechos; lo cual complica encajar figuras tipo prevaricación/malversación su caso directo. Si se confirmara amaño contratos manipulación ayudas foco desplazaría hacia responsables activos ministerios entes públicos firmaron/validaron decisiones.

Por otro lado dato político más delicado persiste firme: firma utilizada canalizar presuntas mordidas no actuó oculto sino visible ante Hacienda Montero; quien recaudó cerca 100.000 euros impuestos empresa sin empleados dedicándose casi exclusivamente contratistas Estado compañías asociadas puñado operaciones clave.

Mientras investigación avanza política sigue rodeada reproches cruzados; números permanecen inalterables registros mercantiles servidores Agencia Tributaria recordando cómo algunas tramas corrupción no siempre se ocultan tanto integran sistema debería detectarlas.