El Tribunal de Cuentas revela que ADIF adjudicaba contratos con falta de transparencia en la era Pardo de Vera

Unos mangantes de tomo y lomo.

Que encima van de dignos.

El último informe del Tribunal de Cuentas revela cómo Adif manejaba sus contratos públicos entre 2018 y 2021.

Durante este periodo, Isabel Pardo de Vera presidía la entidad y José Luis Ábalos ocupaba el cargo de Ministro de Transportes. Los pliegos de contratación carecían de la transparencia y equidad necesarias, lo que facilitaba decisiones arbitrarias.

Este asunto coincide con las investigaciones que lleva a cabo la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se han detectado adjudicaciones irregulares que superan los 70 millones de euros, presuntamente dirigidas por Ábalos a través de Koldo García.

Pliegos que favorecían la discrecionalidad

Los documentos revisados revelan errores significativos en los procesos. Los pliegos contenían más criterios de los anunciados originalmente, sin una adecuada ponderación. Las puntuaciones técnicas, que representaban hasta el 57% del total, se fundamentaban en juicios subjetivos carentes de justificación clara.

• Falta de trazabilidad: Las notas finales no explicaban cómo se calculaban.
• Términos ambiguos: Ofertas similares recibían puntuaciones dispares.
• Violación legal: Infracciones a la Ley de Contratos del Sector Público y a normativas europeas.

Esta situación hacía imposible determinar si realmente se elegía la oferta más económica y ventajosa. El Tribunal concluye que el diseño permitía la existencia de irregularidades sin ser detectadas.

Un caso emblemático es el contrato por valor de 71,6 millones de euros para integrar el ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona). Este fue adjudicado a Acciona, cuya oferta era la novena más económica.

Otro ejemplo es el caso de LIC, empresa vinculada a Pepe Ruz (imputado), que consiguió obras urgentes en la Línea 750 Gijón-Pravia, por un total de 592.053 euros.

Denuncias internas ignoradas

En 2022, dos denuncias llegaron al canal ético de Adif, relacionadas con contratos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Ambas alertaban sobre manipulaciones en las puntuaciones y resultados «predefinidos».

La respuesta por parte de Adif careció del rigor necesario. Sus informes aseveraban legalidad a pesar de las evidentes debilidades en los pliegos e informes técnicos.

El caso vinculado a Obras Públicas y Regadíos (OPR) pone en evidencia este problema. Esta firma, relacionada con el caso Koldo, obtuvo contratos por un total de 77,6 millones entre 2018 y 2021, incluyendo uno por valor de 65 millones del PRTR, con deficiencias notables en su valoración técnica.

• Entre 2013 y 2022: El Tribunal confirmó 11 contratos, siete durante la etapa de Ábalos.
• En 2022-2023: Se sumaron tres más por un total de 48,6 millones, dos pertenecientes al PRTR, manteniendo las mismas carencias.

En junio del año próximo, el Director de Auditoría Interna de Adif cerró el caso sin encontrar ilícitos.

Conexiones con el caso Koldo

Por su parte, Pardo de Vera enfrenta cargos por malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y organización criminal. La conexión con amaños liderados por Koldo García ha sido señalada por la UCO.

Durante los registros realizados, se encontró en su domicilio un documento relacionado con la compra por parte de Adif de cinco millones de mascarillas, vinculado a esta trama.

El papel desempeñado por ella al contratar a Jésica Rodríguez, exnovia de Ábalos, para trabajar en Ineco (2019-2021) también está bajo investigación. El Tribunal Supremo considera que hubo una «participación decisiva» en una contratación «irregular y caprichosa», solicitando a la Audiencia Nacional que indague sobre ello.

Según informaciones recabadas, parece ser que Koldo solicitaba a Pardo que adjudicara contratos a Acciona e involucraba a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, para favorecer a OPR.

Los mensajes interceptados muestran cómo Herrero intentaba modificar el sistema evaluativo: «Estamos complicando las cosas para tener más control».

Tras dejar Adif, Pardo asumió como secretaria general del Estado para Transportes. Asegura que los contratos cumplían con todas las garantías técnicas y legales existentes.

Impacto en fondos públicos

El Tribunal insiste en que Adif debe mejorar su transparencia y trazabilidad. Esta necesidad cobra mayor relevancia ahora que hay fondos europeos procedentes del PRTR involucrados.

Las deficiencias estructurales dificultan un control efectivo sobre las adjudicaciones. Las denuncias éticas no fueron investigadas adecuadamente pese a contar con indicios suficientes.

Mientras tanto, el juez Ismael Moreno ha convocado a Pardo y Herrero para comparecer el próximo 21 julio debido a posibles amaños.

La UCO también encontró una libreta con anotaciones sobre contratos durante los registros realizados en casa Pardo.

Más adjudicaciones cuestionadas

Otro punto crítico está relacionado con OPR dentro del ámbito del programa Adif Alta Velocidad. Esta firma logró un contrato valorado en 65 millones mediante una UTE donde tenía un 30% participación tras una licitación marcada por criterios subjetivos.

Los contratos posteriores continuaron mostrando opacidad. El Tribunal confirma que persisten deficiencias graves en estos procesos .

Asimismo, Pardo medió para facilitar la contratación de Jésica Rodríguez en Tragsatec después su paso por Ineco .

El Supremo considera que hay indicios suficientes para calificar ese contrato como «caprichoso».

Lecciones para la contratación pública

Estos casos ponen sobre la mesa riesgos presentes en entidades como Adif. La ambigüedad existente en los pliegos concentra poder entre técnicos sin un control adecuado .

El Tribunal recalca: es esencial motivar las puntuaciones y reducir subjetividades para garantizar igualdad .

Con varias investigaciones abiertas resulta urgente llevar a cabo reformas significativas. Adif gestiona miles millones destinados a infraestructuras esenciales .

En 2021 se registraron un total de 1.370 encargos sumando hasta 1.205 millones; mientras que en 2022 fueron 1.671 encargos por un total aproximado a 1.649,9 millones .

El uso responsable y transparente fondos públicos exige un escrutinio riguroso. Este informe llega justo cuando tanto la Audiencia Nacional como la UCO están activas .

Así queda claro que la gestión realizada durante el mandato Pardo Vera junto con Ábalos deja una huella profunda; porque asegurar transparencia no debe ser una opción sino una obligación ineludible para evitar sombras sobre el ferrocarril español.