El ‘pinchazo’ del decreto ómnibus provoca el colapso de los juzgados ante la avalancha de desalojos de okupas

La anulación del decreto ómnibus en el Congreso ha desatado una marea de desalojos que amenaza con inundar los juzgados.

Asval estima que hay alrededor de 60.000 procedimientos listos para ser reactivados, muchos relacionados con okupas e inquiokupas que habían alegado situaciones de vulnerabilidad para frenar sus lanzamientos.

Ahora, al no contar con esa moratoria que se extendía hasta 2026, los propietarios tienen la posibilidad de reclamar compensaciones por rentas perdidas hasta el 2 de febrero de 2026, calculadas según los índices locales de alquiler.

Este decreto, derogado el 22 de enero de 2025 por Junts, PP y Vox, suspendía los desahucios para aquellos en situaciones vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos los okupas que dejaban de abonar sus rentas.

Su eliminación reactiva procesos judiciales que habían estado paralizados desde la pandemia, aunque los plazos siguen siendo largos: dos meses para personas físicas y cuatro para grandes tenedores, como establece la Ley 12/2023 del Derecho a la Vivienda. Los servicios sociales deben proporcionar alternativas; si no lo hacen, el desalojo puede llevarse a cabo.

La okupación se profesionaliza con mafias organizadas

La okupación en España ha dejado atrás la imagen tradicional de viviendas abandonadas.

Ahora, las mafias están enfocándose en chalets lujosos vacíos, villas turísticas y áticos en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía, zonas donde predominan las segundas residencias. Según datos del Ministerio del Interior (2024), Cataluña lidera con 6.300 denuncias, representando el 38% del total nacional, seguida por Andalucía y Valencia (entre 1.400 y 3.000 casos).

• Perfil actual: Grupos organizados utilizan herramientas profesionales, cambian cerraduras, falsifican contratos y subarriendan propiedades. No son personas vulnerables; actúan con estrategias bien pensadas.
• Cifras reales: En 2024 se registraron alrededor de 16.500 denuncias, un aumento del 7% respecto a 2023; Cataluña representa el 43%. Se subestiman las cifras en vía civil. Según Idealista, hay unas 23.000 viviendas okupadas, lo que equivale al 3% del mercado.
• Tendencia: Un incremento del 34,5% en seis años y un asombroso aumento del 54,7% bajo el mandato de Sánchez. España se ha convertido en un «paraíso okupa» en comparación con países como Francia.

Por otro lado, los «herederos okupas» complican aún más las herencias debido a disputas interminables provocadas por el encarecimiento del precio de la vivienda. En ciudades como Madrid o Barcelona, la presión inmobiliaria intensifica este problema; mientras que en áreas rurales la situación es menos aguda.

Consejos prácticos si te okupan la casa

Es fundamental actuar con rapidez para evitar un colapso judicial inminente. La clave está en denunciar dentro de las primeras 48 horas, ya sea que se trate de una vivienda habitual o una segunda residencia; la policía puede intervenir inmediatamente. Si se considera vacía, habrá que seguir el proceso judicial.

1. Llama a la policía sin demora: El allanamiento de morada permite un desalojo exprés si han pasado menos de 48 horas y puedes presentar pruebas de propiedad (escrituras, empadronamiento).
2. Documenta todo lo sucedido: Toma fotos, graba vídeos y cuenta con testigos. Cambia suministros y seguros tan pronto como sea posible.
3. Consulta a un abogado especializado: Presenta una demanda civil rápida (juicio verbal si han pasado menos de dos años desde que fue okupada). Evita recurrir a servicios sociales que puedan dilatar el proceso.
4. Prevención ante posibles okupaciones: Instala alarmas, cámaras y coloca carteles indicando «habitada». No permitas que tu propiedad quede vacía sin vigilancia.
5. Compensación tras el decreto: Reclama las rentas perdidas utilizando valores medios zonales hasta febrero de 2026.

En este contexto, Badalona está llevando a cabo pruebas con desalojos exprés bajo la dirección de Xavier García Albiol, quien critica la inacción del gobierno central. La oposición promueve la llamada «Ley Feijóo«: expulsiones en un plazo máximo de 24-48 horas y sanciones severas similares a las existentes en Portugal o propuestas por algunos sectores como VOX, que plantean penas de hasta cuatro años de prisión si hay violencia involucrada.

Los juzgados ya sobrecargados enfrentan una oleada inminente que podría extenderse durante meses. Mientras tanto, los propietarios lidian con hipotecas y temores constantes mientras las mafias continúan lucrándose sin freno alguno. El mercado inmobiliario tiembla ante este descontrol que clama por reformas urgentes.