Los inmigrantes ilegales de la regularizción masiva de Sánchez tienen la posibilidad de cambiar de nombre y sexo durante el proceso

No vamos a saber quiénes son, ni quiénes eran, ni de dónde vienen.

Entre otras cosas, porque los inmigrantes que se acojan al proceso de regularización del Gobierno Frankenstein podrán, en virtud de la Ley Trans, cambiar de nombre y sexo con los únicos requisitos de ser mayores de 16 años y solicitarlo ante el Registro Civil.

Pedro Sánchez ha encendido la chispa con su propuesta de regularización masiva para inmigrantes irregulares, que podría beneficiar a más de medio millón de personas que residan en el país antes del 31 de diciembre de 2025.

Lo que comenzó como una promesa para «dar papeles» a quienes lleven cinco meses en España se complica con un aspecto inesperado: estos solicitantes podrán alterar su nombre y sexo gracias a la Ley Trans, sin necesidad de antecedentes penales ni trámites engorrosos. Simplemente deben tener al menos 16 años y solicitarlo en el Registro Civil.

Imaginemos la situación: alguien llega sin papeles, asegura no tener delitos y, además, se reinventa por completo. ¿Esto facilita la integración o abre la puerta a identidades ocultas?

El proceso de regularización es rápido. Con un simple padrón municipal, un contrato de alquiler o un justificante médico, se suspenden las expulsiones y se otorga una residencia provisional que permite trabajar y acceder a servicios sanitarios. Al final, se obtiene un año de permiso renovable.

Sin embargo, aquí entra en juego la Ley 4/2023, aprobada en febrero de 2023, que otorga a los extranjeros el derecho a rectificar su sexo y nombre si no pueden hacerlo en su país de origen. El artículo 50 es claro: no es necesario ser español, solo demostrar «imposibilidad legal o de hecho» en el extranjero.

El Gobierno verifica esto en un mes y listo. No obstante, hay un vacío legal: la ley requería un reglamento en un año, pero Sánchez aún no lo ha elaborado. A pesar de ello, los cambios se aplican «a medida», adaptando documentos según el origen sin más desarrollo normativo.

Esta combinación suscita preocupaciones en materia de seguridad. Los regularizados declaran bajo responsabilidad no tener antecedentes, pero cambiar de identidad complica las cosas. ¿Cómo puede la Policía rastrear a alguien que pasa de ser Mohamed a María en cuestión de horas? Fuentes críticas advierten que hasta un millón de posibles beneficiarios podrían «desaparecer» del registro, dificultando saber «quiénes son, quiénes eran ni de dónde vienen». Es como si se repartieran carnés de identidad con opción a modo incógnito. Y para añadir un toque irónico: en un país donde cambiar el nombre por razones artísticas requiere un proceso interminable, aquí basta con una voluntad trans para reiniciar el pasado.

Requisitos mínimos y excepciones curiosas

La Ley Trans ha simplificado todo: adiós a diagnósticos médicos o tratamientos hormonales que antes eran obligatorios. Ahora:

• Mayores de 16 años: pueden solicitarlo por sí solos.
• Extranjeros: exentos si demuestran bloqueo en su país.
• Documentos: NIE o TIE se adaptan sin necesidad de cirugías ni jueces.

Sin embargo, el retraso reglamentario está generando caos. Sumar y BNG han planteado preguntas en el Congreso sobre por qué no se regula esta situación, mientras el Defensor del Pueblo tramita quejas de migrantes trans bloqueados en acceso a sanidad o empleo. El Gobierno responde que «se está llevando a cabo» sin norma adicional, citando casos desde noviembre pasado. PSOE y Podemos lo acordaron en enero, pero los opositores advierten sobre riesgos delictivos: sin una verificación exhaustiva, ¿quién garantiza que no hay reincidentes camuflados?

Impacto en la regularización masiva

La medida impacta principalmente a irregulares con arraigo básico: empadronados, con citas médicas o envíos de remesas. Desde el momento en que presentan la solicitud, obtienen derechos plenos. Las posibles consecuencias son evidentes:

1. Sobrecarga administrativa: medio millón de expedientes gestionados en pocos meses.
2. Seguridad laxada: cambios de identidad sin controles policiales exhaustivos.
3. Integración mixta: trabajo legal garantizado sí, pero opacidad respecto a las identidades.

Críticos como Okdiario hacen hincapié en que «no vamos a saber quiénes son». Defensores LGTBI claman por el reglamento pendiente desde 2024, que afecta a unas 65.000 personas atrapadas en esta situación incierta. Mientras tanto, el Ejecutivo aplica la ley parcialmente, lo que provoca denegaciones tanto en comisarías como en oficinas extranjeras.

Un dato curioso: la antigua Ley 3/2007 exigía disforia diagnosticada y dos años de tratamiento; ahora solo se requiere pura voluntad tras tres meses de reflexión. España lidera la despatologización del proceso, pero ¿a costa del control migratorio? Otro aspecto importante es que menores entre 14 y 16 años necesitan tutores para llevar a cabo este cambio; además existe la opción de revertirlo aunque es poco común. En 2024, el Defensor del Pueblo ya intervino en cuatro casos relacionados con asilados trans cuyos documentos presentaban discrepancias. Y cuidado: este cambio obliga a obtener un nuevo DNI mientras se conserva el número antiguo para rastreo… al menos teóricamente.