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NUEVA OBLIGACIÓN FISCAL

Declaración de la Renta: El Gobierno Sánchez obliga a los propietarios de viviendas okupadas a tributar por los alquileres no cobrados

El Gobierno exige a los dueños de inmuebles ocupados que tributen por arrendamientos que no han cobrado en la Renta. Presentar una demanda de desalojo no exime del pago

Periodista Digital 25 Mar 2026 - 10:47 CET
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Los propietarios de viviendas víctimas de la okupación se enfrentan a un duro revés gracias a otra ‘genialidad’ del Gobierno de Pedro Sánchez.

Hacienda ha modificado las normas para los propietarios de viviendas okupadas. A partir de ahora, deberán declarar como ingresos aquellos alquileres que no llegan a percibir. Para mayor insulto a las personas que son víctimas de un delito, esto se aplica incluso si han presentado una demanda de desahucio contra los ocupas.

Esta decisión se produce en un contexto de gran tensión en el mercado inmobiliario debido a la falta de construcción de viviendas y las inútiles medidas propuestas para intentar aliviar la situación.

Según el análisis realizado por La Razón sobre esta nueva normativa de Hacienda obliga a propietarios de viviendas okupadas a tributar por alquileres no cobrados, presentar una demanda no elimina la obligación fiscal. Hacienda considera estos alquileres como rendimientos imputados, lo que significa que los dueños deberán tributar entre un 19% y un 47%, dependiendo del tramo correspondiente, sin haber ingresado ni un euro. Esta situación añade presión a un sector ya golpeado por un Euríbor que se sitúa en el 2,929% y unas hipotecas cada vez más tensas.

Esta nueva normativa fiscal complica considerablemente el negocio del alquiler y reducirá todavía más la oferta existente, ya que muchos propietarios retirarán sus viviendas del mercado.

Los propietarios tendrán que hacer frente al IRPF por «ingresos fantasma», pagando por unos beneficios que no obtienen y que se suma a lo que tienen que pagar por los servicios que disfrutan los okupas. Por no hablar de todos los gastos que deberán asumir para arreglar el inmueble si llegan a recuperarlo.

La única opción que ofrece Hacienda es presentar pruebas de impago y una resolución judicial para poder reclamar posteriormente lo que los propietarios paguen.

 

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