El ex número tres de ‘Chiqui’ Montero habría trincado 1,2 millones tras anular una multa de 16 millones a un empresario

La Fiscalía Anticorrupción maneja datos que hacen difícil cualquier defensa.

José Antonio Marco Sanjuán, ex presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y número tres de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda, habría recibido 1,2 millones de euros a cambio de intervenir en la anulación de una sanción de 16 millones impuesta a un empresario.

El mecanismo era sencillo: empresarios con expedientes abiertos ante la Agencia Tributaria pagaban comisiones al presidente del tribunal que resolvía esos expedientes.

El que debía garantizar la imparcialidad del sistema fiscal español vendía esa imparcialidad al mejor postor.

Lo revela el periodista Alejandro Entrambasaguas en El Debate.

La noticia llega en el peor momento posible para Montero: a una semana de las elecciones autonómicas del 17 de mayo en Andalucía, donde se presenta como candidata socialista a la presidencia de la Junta. Es un clavo más en un ataúd que lleva semanas acumulando clavos.

El entramado que la UCO ha documentado

Los registros en las viviendas de Marco Sanjuán produjeron un catálogo de hallazgos que el periodista Alejandro Entrambasaguas documentó en exclusiva: dinero en efectivo escondido entre las páginas de libros sobre Derecho Tributario, una caja fuerte oculta en la barbacoa del jardín, billetes en el baño, facturas trianguladas mediante colaboradores y un Mercedes de 100.000 euros registrado a nombre de una empresa vinculada al entramado investigado.

El vehículo de lujo y el dinero entre los libros de derecho fiscal tienen una ironía que no requiere comentario: el hombre que presidía el tribunal que resolvía disputas sobre impuestos escondía el producto de su corrupción entre los tomos que regulaban esas disputas.

La operativa era profesional. Marco Sanjuán utilizaba estructuras societarias complejas para canalizar los pagos, similares a los esquemas detectados en otras tramas que salpican al Gobierno. El abogado Roberto Pérez Águeda, cuyo despacho en la calle Serrano de Madrid aparece como nodo central en múltiples investigaciones, conecta este caso con los de Koldo, SEPI y Forestalia. Las mismas empresas pantalla, los mismos testaferros, las mismas infraestructuras jurídicas compartidas.

Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán, ex número dos del PSOE, recibía adjudicaciones públicas sospechosas mientras el entramado colocaba a personajes como Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI imputado por corrupción y protegido de Montero, en posiciones desde las que podían seguir operando. Era un sistema de recompensas mutuas donde los cargos públicos se distribuían contratos y colocaciones con la naturalidad de quien gestiona patrimonio propio.

La posición de Montero: de la defensa al silencio

Montero nombró a Marco Sanjuán presidente del TEAC durante su etapa como ministra de Hacienda. Cuando las primeras informaciones sobre las irregularidades salieron a la luz, las calificó de «bulos» propagados por «pseudomedios». Cuando la presión se hizo insostenible, le instó a dimitir. Cuando dimitió, le ofreció un destino en Valencia donde continuó en activo sin investigación interna del partido.

Esa secuencia, defender, ceder, recolocar, es el patrón que el PP lleva semanas señalando como prueba de connivencia o al menos de negligencia grave. La pregunta que Montero no ha respondido con claridad es si sabía lo que ocurría en el organismo que ella supervisaba y si no lo sabía por qué no lo sabía.

El clavo en el ataúd de la candidatura andaluza

Montero llega a la recta final de la campaña andaluza con una valoración media de 3,3 sobre 10, un 30% de encuestados que le dan cero directamente por su papel en el Gobierno de Sánchez y las encuestas proyectando entre 27 y 29 escaños, mínimos históricos del PSOE en Andalucía.

El escándalo de Marco Sanjuán añade una dimensión que va más allá de las estadísticas electorales: Montero se presenta como candidata de un partido que predica la transparencia y la persecución de la corrupción mientras su número tres en Hacienda cobraba comisiones millonarias por resolver expedientes fiscales a medida y su exministro más cercano, Ábalos, tiene una petición de 24 años de cárcel pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo.

La corrupción del PSOE no es un caso aislado. Es un patrón que la Fiscalía Anticorrupción está documentando en Transportes, Hacienda, la SEPI, la Fiscalía General del Estado y el entorno inmediato del presidente. Begoña Gómez, procesada por su participación en una cátedra sin titulación. David Sánchez, hermano del presidente, procesado por prevaricación. Álvaro García Ortiz, ex fiscal general, condenado por revelación de secretos. El CNIO con contratos bajo investigación por más de 20 millones.

Montero no inventó esa corrupción. Pero la ha defendido, minimizado y gestionado con la lógica del que protege a los suyos. Y en Andalucía, donde los votantes conocen bien la historia del PSOE en el poder, esa gestión tiene un precio electoral que las encuestas están midiendo con precisión.

La candidata que debería estar hablando de sanidad y vivienda en la recta final de la campaña llega al último fin de semana con el nombre de su número tres en los titulares de corrupción.

El 17 de mayo dirá cuánto pesa ese nombre en las urnas andaluzas.