Dos generales próximos a Marlaska aparecen detrás de contratos de lanchas para la Guardia Civil lastrados por retrasos

Hay una escena que resume el estado de la Guardia Civil en el litoral sur español: agentes persiguiendo narcolanchas de alta potencia en embarcaciones que llevan años más allá de su vida útil, con armamento insuficiente, sin el material prometido desde noviembre y con protocolos que les impiden responder con la contundencia que la situación exige.

Dos compañeros han muerto en Huelva. Otros dos murieron en Barbate.

Y el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska lleva años gestionando la renovación de la flota con la urgencia de quien tiene todo el tiempo del mundo.

Los números lo documentan con una precisión que no deja margen para la interpretación benévola.

Contratos que se eternizan mientras la flota se desgasta

La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil promovió la compra de cuatro lanchas semirrígidas para la Unidad de Actividades Subacuáticas y dos embarcaciones auxiliares con un presupuesto aproximado de 560.000 euros. El objetivo era claro: vigilancia costera, transporte de personal y operativos subacuáticos en un litoral donde el narcotráfico opera con medios que superan ampliamente los de las fuerzas de seguridad.

Los propios pliegos del expediente reconocen que muchas embarcaciones están cerca del final de su vida útil y que su renovación es urgente. Y sin embargo, ante esa urgencia reconocida por escrito, el Ministerio optó por el procedimiento ordinario de contratación, ignorando las opciones de emergencia o el procedimiento negociado sin publicidad que la situación hubiera justificado.

El resultado: 16 meses de plazo de ejecución para las cuatro lanchas y 12 meses para las dos embarcaciones auxiliares, con retrasos adicionales provocados por problemas en la publicación en el BOE que una resolución oficial del servicio de contratación reconoce con una naturalidad que pasma. Se admite que hay prisa porque la flota está obsoleta y se elige el camino más lento disponible.

Antonio Fernández Capilla, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), lo resumió con una claridad que no necesita adornos: no se puede esperar cuatro o cinco años para hacer frente a un envejecimiento evidente en la flota. Y sin embargo eso es exactamente lo que está ocurriendo.

El patrón que se repite

Lo de las lanchas semirrígidas no es un caso aislado. Es el patrón habitual de la gestión de Marlaska en materia de medios navales: se exigen al máximo los recursos existentes hasta casi romperlos, se lanza el contrato cuando ya no hay margen operativo, la tramitación sigue el procedimiento ordinario y las unidades esperan con recursos desfasados mientras el narcotráfico opera con tecnología de última generación.

La lancha interceptora semirrígida para la Unidad Especial de Intervención (UEI), adjudicada por 800.000 euros, sigue el mismo esquema: procedimiento ordinario, plazos largos y ampliaciones temporales. Legalmente correcto. Operativamente inaceptable en un contexto en que dos agentes acaban de morir en el Golfo de Cádiz y el Ministerio tiene firmado desde noviembre de 2025 un documento que reconoce que sus propios agentes están en situación de «riesgo extremo» por falta de medios.

Ese documento, la resolución de contratación de emergencia por 21 millones de euros para equipamiento antinarco, sigue en tramitación. El material no ha llegado. Las lanchas nuevas tampoco.

Marlaska abucheado en Baeza

El ambiente político y corporativo alrededor del ministro ha alcanzado un punto de tensión que hace un año habría parecido impensable. En el acto de jura de bandera de la 131ª promoción de la Guardia Civil celebrado en Baeza, Marlaska fue recibido entre silbidos e insultos cuando mencionó a los dos agentes fallecidos en la operación contra la narcolancha frente a las costas de Huelva.

Abuchear a un ministro en un acto solemne de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no es una anécdota. Es la manifestación pública de un malestar que lleva años acumulándose en muelles y cuarteles: la sensación de que el Ministerio que debería protegerlos los manda a operaciones para las que no tienen medios suficientes, con protocolos que los dejan indefensos ante organizaciones criminales armadas con kalashnikovs, y sin el reconocimiento institucional que su exposición al riesgo merece.

Más de 26.000 policías nacionales y guardias civiles han iniciado acciones legales para obtener el reconocimiento formal de sus cuerpos como profesión peligrosa, el adelanto de la edad de jubilación y la equiparación salarial en pensiones con los cuerpos autonómicos, con diferencias que actualmente alcanzan hasta 1.100 euros mensuales.

El mensaje que esas demandas envían al Ministerio es el mismo que los abucheos de Baeza: el mismo organismo que tarda años en renovar lanchas obsoletas también resiste equiparar las condiciones de quienes arriesgan su vida en esas lanchas.

Lo que los documentos internos dicen

Hay una frase en los documentos internos del propio cuerpo que los mandos han subrayado como significativa en el contexto actual: que la planificación de medios debe estar «alejada completamente de criterios políticos». Que eso aparezca escrito en un documento oficial de la Guardia Civil bajo el mandato de Marlaska dice todo lo que hace falta saber sobre cómo el cuerpo percibe la gestión del ministro.

La resolución que reconoce los «inconvenientes» en la publicación en el BOE del contrato de lanchas evidencia una torpeza administrativa inusual en expedientes de seguridad operativa. Los mandos que han comentado los hechos de Baeza coinciden en que representa un punto sin retorno en la relación entre el cuerpo y el ministro.

Las nuevas lanchas llegarán con retraso. El material prometido en noviembre sigue en tramitación. Y los agentes siguen patrullando el Estrecho con lo que tienen, frente a organizaciones que tienen mucho más.

Grande-Marlaska presumía la semana pasada de haber «puesto más medios que nunca». Ese mismo día murieron dos guardias civiles en el Golfo de Cádiz.