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EDAD, RENTA, AHORRO Y VEJEZ

Pensiones en España: Se pone más complicado jubilarse a partir de 2020

Periodista Digital 15 Dic 2019 - 22:00 CET
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El telón de fondo y que nadie se llame a engaño, es la fragilidad del sistema de pensiones español. Cada vez hay menos y cada vez corre más riesgo. Así que hay que hacer algo y de momento, porque ningún político se atreve a entrar a fondo, llegan pequeños recortes.

Desde el 1 de enero de 2020, la edad legal de retiro se eleva a los 65 años y diez meses y solo podrán hacerlo a los 65 quienes hayan cotizado al menos 37 años.

Como explica Lucía palacios en La Verdad, este 15 de diciembre de 2019, el nuevo año, como todos desde 2013, trae nuevas condiciones para poder acceder a la jubilación que no son sino un endurecimiento de las exigencias: la edad para el retiro se pospone hasta los 65 años y 10 meses y solo quienes hayan cotizado más de 37 años podrán hacerlo a los 65. Además, para calcular la cuantía de la pensión se tendrán en cuenta los últimos 23 años trabajados, lejos ya de los 15 años que se computaban en 2012.

Estos cambios son consecuencia de la reforma de las pensiones aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero –aunque con el consenso del resto de partidos y agentes sociales–, que introdujo una serie de medidas que comenzaron a aplicarse de forma progresiva a partir de 2013 con el objetivo de retrasar la edad de retiro y, en cierta forma, reducir la cuantía, sobre todo si no se cumplen con las nuevas condiciones. En definitiva, que hay que trabajar un poco más para poder jubilarse, sobre todo si se quiere acceder a la mejor prestación posible.

Pero no es ésta la última reforma del sistema, sino que en 2013 el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó otra más –en este caso sin ningún tipo de acuerdo– con el objetivo de reducir el gasto en pensiones ante el déficit que arrastra la Seguridad Social. Sin embargo, las dos grandes medidas que introdujo están por el momento congeladas.

Se trata del polémico Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que abocaba a las prestaciones a una subida mínima del 0,25% mientras hubiera déficit y que no se ha aplicado en los dos últimos ejercicios, y el Factor de Sostenibilidad, ese mecanismo de ajuste que reducía la pensión de los nuevos jubilados en función de la esperanza de vida y cuya puesta en marcha se ha retrasado hasta 2023. Lo más probable es que se dé carpetazo definitivo a estos dos elementos correctores con el nuevo gobierno.

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