Este es Roberto Gallegos, el concejal socialista de Page, que lleva 7 años de ‘okupa’ en Talavera de la Reina

Más cara que espalda.

Y con pleno respaldo del presidente socialista de Castilla-La Mancha, el incomensurable Emiliano García-âge.

Roberto Gallegos Fernández, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), lleva más de siete años viviendo de okupa en un inmueble que no le pertenece, junto a su familia.

Esta casa, situada en el barrio de San Jerónimo, cuenta con una superficie de 499,30 metros cuadrados distribuidos en planta baja, primera y bajo cubierta.

Según datos del Registro de la Propiedad, Gallegos, junto a sus padres y su hermana, no posee ningún título sobre esta propiedad desde que en noviembre de 2018 la sociedad Coral Homes SLU adquirió el pleno dominio del lugar a través de CaixaBank.

Lo más sorprendente es que la propiedad cambió de dueños hace poco más de un año.

Los nuevos propietarios, que compraron el inmueble con la intención de habitarlo y no para especular, decidieron actuar.

En octubre del año pasado enviaron un burofax al concejal y su familia exigiendo el desalojo inmediato en un plazo máximo de diez días naturales.

El documento dejaba claro que la ocupación era ilegal y vulneraba derechos según el Código Civil Español. Además, advertía sobre las posibles acciones legales que podrían seguirse, incluyendo un procedimiento judicial para el desalojo con todos los costos y perjuicios que ello conlleva.

Cuarenta días después del primer requerimiento, el concejal socialista y su familia seguían residiendo en la vivienda. Fuentes cercanas han revelado que incluso resistieron ante una empresa encargada del desalojo e insultaron a los propietarios, tildándolos de «acosadores».

En la escritura notarial de compraventa, Coral Homes SLU dejó claro que «no dispone de la posesión física de la finca objeto de la presente transmisión por encontrarse ocupada en precario», sin ningún título que justifique dicha ocupación. La sociedad vendedora también indicó que no tenía las llaves necesarias para acceder a la propiedad, lo que significa que sería responsabilidad del comprador obtener dicha posesión.

PERFIL OFICIAL

El perfil de Roberto Gallegos Fernández en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina es el siguiente:

• Nacido en 1975, vecino de San Jerónimo.

• Asesor fiscal y empresario.

• Licenciado en Económicas y Empresariales por la UNED y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.

• Ha sido asesor fiscal en una federación empresarial, desempeñando funciones en recursos humanos y área de empleo en distintas entidades y empresas.

• Actualmente es empresario autónomo en el sector de ferias de muestras y exposiciones.

El peso de la contradicción política

La situación se torna aún más incómoda al observar el discurso público del PSOE sobre la okupación en Talavera. El 28 de octubre, Luis Enrique Hidalgo, portavoz del Grupo Municipal Socialista, criticó al alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio (PP), acusándolo de ser el «responsable» del aumento de okupaciones en la localidad.

«¿Qué ha hecho Gregorio al respecto? Nada. Lo mismo que ha hecho en otros asuntos: nada», afirmó Hidalgo. Estas declaraciones suenan especialmente vacías considerando que comparte bancada con Gallegos, quien reside en una casa sin título alguno.

La contradicción se hace aún más evidente al examinar la postura nacional del partido. A nivel gubernamental, el PSOE ha promovido una legislación criticada por algunos como generadora de un «efecto llamada» hacia la okupación. En mayo de 2025, Yolanda Díaz, representante de Sumar, presentó una serie de medidas destinadas a ofrecer mayor protección a los okupas y disminuirla para los propietarios. Este plan contemplaba desde moratorias sobre alquileres hasta considerar expedientes para expropiar viviendas desocupadas pertenecientes a entidades bancarias y fondos inversores.

Asimismo, el Gobierno se comprometió a construir anualmente 150.000 viviendas públicas sociales y asequibles. Sin embargo, según investigaciones realizadas, las campañas institucionales sobre vivienda han omitido cualquier mención sobre la defensa legal de los propietarios frente a los okupas.

Un concejal que vive del sector público mientras niega derechos privados

Gallegos, quien se describe como asesor fiscal y empresario vinculado al sector ferial, declaró en junio de 2023 unos ingresos como concejal ascendentes a 24.792,46 euros y unos 7.671,84 euros como autónomo. También obtuvo un préstamo personal con CaixaBank por valor de 11.144,09 euros.

En la legislatura anterior ocupó el cargo responsable de Promoción de Talavera Ferial y Coordinación de las EATIMs (Entidades Locales Menores) bajo el Gobierno de Tita García Élez, exconsejera de Fomento.

Los actuales propietarios del inmueble se encuentran completamente impotentes ante esta situación. Han enviado múltiples requerimientos documentando la ocupación ilegal y tienen toda la razón legal a su favor. Sin embargo, enfrentan un proceso judicial que podría extenderse indefinidamente si el ocupante argumenta situaciones ficticias de vulnerabilidad social.

El caso Gallegos es especialmente revelador: no puede alegar vulnerabilidad alguna dado que lleva más de siete años ocupando esa vivienda y cuenta con ingresos regulares como concejal y autónomo.

El debate legislativo estancado

En el ámbito parlamentario tampoco hay avances para ayudar a los propietarios afectados por esta problemática. En febrero de 2025, el Congreso aprobó iniciar la tramitación con los votos favorables del PSOE y PP para una ley presentada por Junts destinada a acelerar los desalojos dentro un plazo máximo de 48 horas.

Aunque ambos partidos reconocieron su inquietud ante las okupaciones ilegales existentes, desde el PSOE insistieron en proteger a colectivos vulnerables. Sin embargo, diversas plataformas han denunciado que «la aplicación indiscriminada» esta protección se ha convertido en una herramienta utilizada para dilatar injustificadamente los procesos legales.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, presentó un plan habitacional compuesto por 30 medidas específicas contra este fenómeno creciente conocido como inquiokupación: «Vamos a prestar especial atención a este problema que está causando tanto daño», declaró el líder opositor. No obstante, su propia ley contra la okupación está estancada en el Congreso desde su aprobación en el Senado: «Podríamos haber puesto fin ya a las ocupaciones ilegales porque podríamos tener vigente una ley lista para aplicarse si Sánchez y Armengol no hubieran decidido bloquearla», expresó indignada la diputada Cristina Agüera.

La magnitud real del problema

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior, durante 2024 se registraron 16.426 denuncias relacionadas con okupaciones; esto supone un incremento del 7,4% respecto al año anterior. Aunque partidos como Sumar, ERC o Bildu argumentan que se trata simplemente un problema menor afectando apenas al 0,06% del total del parque inmobiliario español (que ronda los 27 millones), quienes han sufrido estos casos viven situaciones prolongadas llenas estrés durante años enteros. El caso particular del concejal Gallegos es emblemático porque pone sobre la mesa que esta problemática no solo afecta a personas vulnerables sino también puede involucrar a políticos locales con recursos suficientes para resolver su situación legalmente.

La frustración entre los propietarios talaveranos es evidente tras meses enfrentándose al desprecio hacia sus requerimientos y siendo calificados como «acosadores» por quienes están ocupando ilegalmente su propiedad; ahora deben lidiar con un sistema percibido como diseñado para proteger al infractor mientras ellos son ignorados completamente. Mientras tanto, Gallegos continúa entrando y saliendo sin preocupación alguna por las demandas legales pendientes ante él; todo esto contrasta profundamente con lo proclamado por su partido respecto derechos fundamentales sobre propiedad.

El caso ocurrido en Talavera refleja cómo cada vez se amplia más esa brecha entre lo expresado políticamente y lo vivido realmente dentro del ámbito habitacional; mientras desde las oficinas gubernamentales se habla sobre salvaguardar derechos inmobiliarios uno puede ver cómo uno sus propios concejales vive lo opuesto: demostrando así que este fenómeno no entiende ni respeta ideologías sino simplemente actúa impunemente.