La Policía Nacional libera a 20 personas confinadas en condiciones infrahumanas en un restaurante de Madrid

Un espanto.

La Policía Nacional ha liberado a 20 personas de diversas nacionalidades que vivían confinadas en condiciones infrahumanas en un pequeños espacios de un restaurante del madrileño.

Se trata del bar-restaurante parrilla asador ‘El Buen Gusto’, situado en el número 6 de la calle Albarracín, en el distrito de San Blas-Canillejas.

Los ‘cautivos’ pagaban 400 euros y cuando no podían hacer frente al pago exigido eran sometidas a coacciones, impidiéndoles el acceso, obligándoles a dormir en espacios aún más reducidos e incluso amenazándolas con contagiarles la enfermedad Covid-19.

En una inspección al local encontraron a ciudadanos de distintos países, como Bangladesh, Colombia, Filipinas, Honduras, Perú, Portugal y Venezuela.

Se ha detenido a dos personas, la propietaria del restaurante y el dueño del inmueble, a los que se imputan delitos vinculados a la inmigración irregular, coacciones y delito contra la salud pública.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron que en el interior de un restaurante, que había cesado su actividad comercial, podrían estar alojadas varías personas sin hogar en condiciones de hacinamiento e insalubridad.

Por este motivo los investigadores elaboraron un dispositivo para realizar una inspección en el interior del establecimiento, encontrando en él a un total de 20 personas de distintas nacionalidades (España, Bangladesh, Colombia, Filipinas, Honduras, Perú, Portugal y Venezuela), entre las que se encontraban dos bebés de menos de un año de edad.

Los investigadores detectaron que las víctimas vivían en el interior del establecimiento en condiciones insalubres, hacinadas en espacios muy reducidos y no aptos para la habitabilidad. Los responsables habían instalado colchones en la barra del bar, en la cocina bajo la campana extractora o en el patio trasero, separando cada «estancia» por cartones o plásticos.

Las investigaciones permitieron averiguar que la propietaria del negocio, una vez había cesado la actividad comercial, arrendó pequeños espacios a personas con dificultades económicas por 400 euros al mes. También detectaron que en el caso de que alguna de las víctimas no pudiera efectuar el pago integro del alquiler, les impedía el acceso a los suministros básicos y les trasladaba a espacios aún más reducidos como pequeños aseos o incluso a una cámara frigorífica.

Además, para amedrentar aún más a las víctimas, manifestaba ser portadora del Covid-19 y tosía y estornudaba sobre los platos y otros enseres cuando se encontraban en la hora de la comida.

Tras identificar y localizar a la propietaria del restaurante, los agentes la arrestaron.

Las gestiones posteriores permitieron detectar que el propietario del inmueble era conocedor de las prácticas de la miserable, por lo que también fue detenido como autor de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.

Las investigaciones continúan abiertas, ya que la Policía no se descarta la existencia de otras personas implicadas, ya que alguna de las víctimas se encontraba empadronada en el negocio de hostelería.