Una hija de Sánchez declara por teleconferencia como perjudicada por la difusión de su imagen en el canal de Telegram de Alvise Pérez

La privacidad de los familiares de figuras públicas vuelve al centro del debate social y jurídico.

Esta vez, la protagonista es una hija de Pedro Sánchez, que ha declarado este lunes por videoconferencia como perjudicada en la causa abierta contra Luis “Alvise” Pérez, eurodiputado y líder del movimiento Se Acabó la Fiesta, tras la difusión de una imagen suya en el canal de Telegram de este último.

El caso, investigado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, responde a la denuncia de la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos, al haberse publicado una fotografía obtenida de un perfil privado de Instagram, cerrado al público, y acompañada de comentarios de fuerte carga crítica contra el presidente del Gobierno y su entorno.

La imagen, que mostraba el rostro de la joven, fue difundida entre los más de 326.000 seguidores del canal de Telegram de Alvise y rápidamente se extendió a otras redes sociales. Posteriormente, se sustituyó la foto original por otra en la que un emoticono tapaba la cara de la joven, aunque el texto adjunto seguía identificándola como “hija de Pedro Sánchez”, detallando supuestos privilegios relacionados con su educación en el extranjero y la utilización de vuelos privados, en tono claramente crítico hacia el presidente y su familia.

La declaración de la hija de Pedro Sánchez: breve, telemática y con fuerte carga simbólica

La comparecencia, que se realizó por videoconferencia desde Suiza —donde la joven estudia en un centro privado—, apenas duró unos minutos.

La jueza la instruyó sobre sus derechos como persona perjudicada y le tomó declaración como testigo. La joven explicó cómo la publicación de la imagen ha afectado a su vida personal y a su entorno, en un contexto de alta presión mediática y política. La petición de realizar la declaración de forma telemática, y no presencial, responde tanto a razones de seguridad como de protección de su intimidad.

Este tipo de procedimientos son cada vez más habituales cuando se trata de menores o familiares directos de altos cargos, especialmente tras la reforma legal que endurece las penas por revelación de secretos y vulneración de la intimidad en el entorno digital.

El recorrido judicial del caso: archivo, recurso y reapertura

El caso contra Alvise Pérez arrancó tras la denuncia inicial de la Fiscalía, pero el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla lo archivó en mayo de 2024 al no apreciar indicios de delito. Sin embargo, la Fiscalía recurrió y, en septiembre, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó la reapertura de la instrucción, considerando necesario investigar a fondo la posible comisión de un delito de revelación de secretos al haberse obtenido la imagen de un perfil cerrado de Instagram.

La investigación se ha visto salpicada por la estrategia de comunicación del propio Alvise, quien ha ironizado sobre el proceso en redes sociales y ha convertido el caso en un ejemplo de su batalla mediática contra el Gobierno, alimentando el debate sobre los límites de la información y el derecho a la privacidad de las familias de los políticos.

Perfil de la hija de Pedro Sánchez: discreción y exposición involuntaria

A pesar de la notoriedad pública de su padre, la hija de Pedro Sánchez ha mantenido siempre un perfil bajo y alejado de los focos. Se sabe que estudia en un centro privado en Inglaterra y que su vida transcurre entre el anonimato y las medidas de protección propias del entorno familiar de un presidente. El hecho de que su imagen se haya utilizado para criticar a su progenitor ha puesto de relieve la dificultad de separar la esfera privada de la pública en la era digital.

Algunas curiosidades y datos sobre la joven:

• Mantiene sus perfiles en redes sociales cerrados al público.
• Su nombre completo rara vez aparece en medios, por protección legal.
• Ha sido objeto de comentarios y rumores en redes desde que su padre accedió a la presidencia, pero nunca había protagonizado una polémica judicial de este calibre.
• La decisión de declarar desde el extranjero, protegida de la presión mediática, refleja tanto el impacto emocional del caso como la voluntad de la familia de preservar su intimidad.

El papel de Alvise Pérez y el debate sobre los límites de la crítica política

Luis “Alvise” Pérez es conocido por su actividad en redes sociales y su estilo provocador. Eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, ha hecho de la denuncia pública y la crítica a las élites políticas su bandera. Sus publicaciones suelen ir acompañadas de comentarios sarcásticos y ataques directos a figuras del Gobierno, lo que le ha valido tanto seguidores fieles como múltiples denuncias judiciales.

En este caso, Alvise ha defendido que la publicación de la foto tenía un interés informativo y buscaba denunciar la “hipocresía” de la clase política, aunque la Fiscalía insiste en que se ha vulnerado el derecho a la intimidad de una persona ajena al debate público. El eurodiputado ha aprovechado la visibilidad del proceso para reforzar su narrativa, llegando a calificar el caso de “montaje oficial” y burlándose de la actuación judicial en sus canales.

Entre las anécdotas recientes:

• Alvise anunció en sus redes la fecha y modalidad de la declaración, anticipando incluso que sería desde Suiza.
• Ironizó sobre el coste de la educación de la hija de Sánchez, mezclando datos reales y especulaciones.
• Ha respondido a las críticas con mensajes en los que se presenta como “víctima de la censura” y ha retado abiertamente a la Justicia a sancionarle.

Reacciones sociales y políticas: entre la defensa de la intimidad y la libertad de expresión

El caso ha generado una fuerte polarización en la opinión pública. Por un lado, quienes defienden el derecho a la intimidad de los familiares de los cargos públicos, especialmente cuando no participan en la vida política. Por otro, quienes apoyan la labor de denuncia y fiscalización de personajes como Alvise, aunque implique exponer aspectos de la vida privada de los políticos y su entorno.

Destacan las siguientes posturas:

• Asociaciones de juristas y expertos en derecho digital recalcan la importancia de establecer límites claros en la difusión de imágenes y datos personales en redes sociales.
• Desde el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez, se insiste en que la utilización de la imagen de la hija del presidente es un ataque personal injustificado y un ejemplo de acoso mediático.
• Sectores críticos con el Ejecutivo ven en la causa un intento de silenciar la crítica política y denuncian lo que consideran una judicialización excesiva de los debates públicos.

El proceso sigue abierto y la instrucción judicial se ha prorrogado hasta noviembre de 2025, por lo que el desenlace y sus posibles repercusiones legales y políticas seguirán marcando la agenda en los próximos meses.