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CRISIS EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Los sindicatos policiales exigen la dimisión de Marlaska: repunte histórico de la delincuencia grave

Policías y guardias civiles acusan a Marlaska de abandono y denuncian el peor registro de criminalidad violenta en una década

Periodista Digital 31 Ago 2025 - 10:57 CET
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La tensión ha estallado en el seno de las fuerzas de seguridad. Las principales organizaciones sindicales policiales han elevado el tono y exigen la dimisión de Fernando Grande-Marlaska tras un semestre marcado por un repunte inédito de la delincuencia grave y una serie de decisiones políticas que, según denuncian, han puesto en jaque la seguridad ciudadana y la cohesión de los cuerpos policiales.

A día de hoy, 31 de agosto de 2025, el clima en el Ministerio del Interior es de máxima presión.

La Confederación Española de Policía (CEP) no ha dudado en calificar de “fracaso” la gestión de Marlaska, subrayando que la criminalidad violenta ha alcanzado “el peor registro histórico en una década”, con más de 14.300 delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias solo en el primer semestre del año.

Este incremento ha ido de la mano de un aumento en la exposición y el riesgo para los propios agentes en las calles, lo que ha elevado la indignación sindical a niveles inéditos.

El abandono policial y el conflicto de las dietas

El malestar no se reduce solo a los datos de delincuencia. Los sindicatos ponen el foco en el “abandono” sufrido por policías y guardias civiles frente a fenómenos como el narcotráfico, especialmente en zonas críticas como el Campo de Gibraltar, donde los agentes denuncian falta de medios y apoyo institucional. A esto se suma el conflicto por las dietas no abonadas y las condiciones laborales, que arrastran desde hace meses. El CEP recuerda que llevan más de 14 meses en conflicto colectivo y que, en palabras de sus representantes, “el Ministerio sigue perdiendo el pulso de la protección de la seguridad ciudadana, mientras los policías estamos más expuestos que nunca frente a delitos violentos”.

El descontento se ha traducido en protestas visibles. En una de las últimas, la CEP utilizó una furgoneta rotulada con mensajes como “el peor ministro” y “debe irse ya”, circulando frente al Congreso de los Diputados. El sindicato denuncia además “constantes desprecios” de Marlaska hacia los agentes, como la polémica condecoración a título póstumo al subinspector fallecido en Málaga, donde se optó por una distinción menor en vez de la Medalla de Oro, lo que ha incrementado la sensación de agravio.

Cesiones a Cataluña: un punto de inflexión

El reciente acuerdo entre PSOE y Junts, por el que la Generalitat de Cataluña asume competencias en inmigración, gestión de puertos y aeropuertos, y control de fronteras, ha provocado un auténtico terremoto en el colectivo policial. El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha calificado la medida de “bochornoso acuerdo” y exige la dimisión de Marlaska, a quien acusan de “complicidad” en un “ataque frontal” al Estado de derecho y la Constitución.

Las críticas se extienden a la “opacidad” con la que se ha negociado el acuerdo y a la preocupación por el futuro de la protección de fronteras, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de personas.

Siete años de críticas y un perfil marcado por la polémica

Fernando Grande-Marlaska, magistrado de carrera, asumió la cartera de Interior en junio de 2018. Desde entonces, su mandato ha estado salpicado por la controversia, con momentos de enfrentamiento directo con los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil. Entre los hitos más discutidos de su gestión destacan:

Anécdotas y curiosidades

El pulso sindical continúa

El conflicto está lejos de apaciguarse. Las organizaciones policiales han anunciado nuevas movilizaciones y mantienen su exigencia de dimisión, argumentando que la seguridad ciudadana y la dignidad de los agentes “no pueden seguir siendo moneda de cambio en la política española”. Mientras tanto, la delincuencia grave sigue marcando cifras récord y el debate sobre la gestión de la seguridad pública se recrudece.

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