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Polémica por la legítima defensa

El juez manda a prisión al dueño de un bar que apuñaló al atracador que entró en su local armado con un cuchillo

Considera el magistrado que, si deja en libertad al atracado, podría intentar "rematar" al ladrón en el hospital, un argumento que ha dejado perplejos a vecinos, clientes y a buena parte de la opinión pública.

Periodista Digital 05 Sep 2025 - 06:47 CET
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Es de aurora boreal.

Otra más y cuesta aceotalo.

Puede ser un problema de empatía o de ignorancia, pero la triste realidad es que an España, los jueces no aplican la legítima defensa como en otros países, como debería ser o indica la lógica.

La madrugada del pasado jueves, 4 de septiembre de 2025, el barrio madrileño de Tetuán se vio sacudido por un violento suceso que ha reabierto el debate sobre la el derecho de la cítima asaltada, atacada, robada o intimidada -incluso en su domicilio- a defenderse.

Israel, un facineroso conocido por sus antecedentes delictivos —principalmente relacionados con robos y hurtos—, irrumpió armado con un cuchillo en el bar de Álvaro, un joven hostelero que lleva años al frente de su pequeño negocio familiar.

Ambos se encontraron cara a cara junto a la barra.

Israel amenazó a Álvaro con el cuchillo, exigiendo la recaudación de la caja.

En ese momento de extrema tensión, el dueño logró hacerse con otro cuchillo del local y, en un forcejeo, apuñaló varias veces al asaltante.

Las heridas de Israel, aunque graves, no resultaron mortales, y fue trasladado al hospital bajo custodia policial.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el juez de guardia, tras tomar declaración a ambos, decretó el ingreso en prisión provisional de Álvaro.

Consideró que, si quedaba en libertad, podría intentar «rematar» al ladrón en el hospital, un argumento que ha dejado perplejos a vecinos, clientes y a buena parte de la opinión pública.

Perfil de los protagonistas: ¿Quiénes son Israel y Álvaro?

El debate sobre la legítima defensa y la justicia en España

El caso ha reavivado la discusión sobre los límites de la legítima defensa en la legislación española. Muchos ciudadanos sienten que, ante una amenaza real e inminente, la ley deja desprotegido al agredido. En este caso, la decisión judicial se ha sustentado en la «posible desproporción» de la respuesta de Álvaro, que apuñaló varias veces al ladrón, y en el temor a una represalia posterior.

Sin embargo, asociaciones de hosteleros y vecinos han salido en defensa del propietario, señalando:

Por su parte, varios juristas apuntan a la dificultad de demostrar la «proporcionalidad» en situaciones límite. La ley exige que la defensa sea «necesaria y proporcionada» al ataque, pero en la práctica estos conceptos son interpretados con mucha rigidez por los tribunales.

Los “melindres” judiciales y la percepción social

El auto judicial ha sido especialmente llamativo por la motivación del juez: teme que Álvaro, si queda libre, «acuda al hospital a rematar» al ladrón. Esta hipótesis ha provocado estupor en la calle y en círculos jurídicos, donde se considera una medida desmesurada y poco fundamentada.

En el barrio, los comentarios se repiten: “Aquí el que se defiende va a la cárcel y el que delinque sale en un par de días”. Este sentir no es nuevo. Casos similares han dado pie a debates sobre el endurecimiento de la ley y la necesidad de proteger a las víctimas de delitos violentos.

Anécdotas y curiosidades del caso

Un sistema en entredicho

A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Álvaro permanece en prisión provisional a la espera de juicio. El suceso ha puesto de nuevo el foco en la percepción de que el sistema judicial español protege más al delincuente que a la víctima, y ha abierto una profunda reflexión sobre la aplicación de la legítima defensa y los criterios de proporcionalidad en situaciones de riesgo extremo.

El debate sigue abierto. La historia de Álvaro y su bar se ha convertido en símbolo de una preocupación creciente: ¿puede un ciudadano defenderse sin acabar criminalizado? La respuesta, al menos por ahora, sigue siendo incierta.

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