Los cuatro argelinos de la nueva ‘manada’ de Pamplona, que han violado a una chica española, tenían lubricantes sexuales y alcohol

Pamplona ha sido escenario esta semana de una conmoción profunda y generalizada.

Cuatro facineroso de nacionalidad argelina, que se encontraban en situación irregular y residían en un asentamiento ilegal junto al río Arga, han sido encarcelados provisionalmente tras ser arrestados como responsables de una violación grupal a una joven española.

Este trágico suceso, que tuvo lugar la noche del pasado 24 de octubre de 2025 cerca de una conocida fiesta universitaria, ha sacudido a la ciudad y ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la gestión de la seguridad, los asentamientos ilegales y la respuesta institucional ante las alertas policiales.

El relato sobre lo ocurrido es desgarrador. La víctima fue hallada en las primeras horas de la mañana, “tirada en un camino, encima de unas hojas, desvalida, desubicada y semiinconsciente”.

Presentaba signos de intoxicación etílica y lesiones compatibles con una agresión sexual. Además, le habían sustraído el móvil, su ropa interior y otras pertenencias.

Un grupo de jóvenes que pasaba por allí la localizó y dio aviso inmediato a los servicios sanitarios y policiales.

El protocolo para agresiones sexuales se activó sin demora; tras recibir atención médica en el hospital, la joven pudo declarar inicialmente apuntando a un único agresor.

Sin embargo, las pruebas biológicas y el curso de la investigación revelaron que cuatro hombres estaban implicados, todos ellos conocidos entre sí y residentes en el mismo campamento.

Este campamento ilegal, compuesto por cuatro tiendas de campaña escondidas entre la maleza del Camino del Seminario, era conocido tanto por las autoridades como por los vecinos del área.

En el transcurso de la investigación se hallaron objetos pertenecientes a la víctima, incluyendo su ropa interior, así como restos de lubricantes sexuales y alcohol; todos ellos son indicios cruciales para esclarecer los hechos. La policía también está indagando sobre la posible existencia de un vídeo grabado con un teléfono móvil durante la agresión, aunque este extremo aún no ha sido confirmado oficialmente.

Los cuatro acusados comparten origen argelino y situación irregular; han estado conviviendo en el asentamiento durante varias semanas. Aunque sus identidades no han sido divulgadas públicamente, se conoce que tienen entre 25 y 33 años y al menos tres enfrentan expedientes abiertos por estancia irregular en España. La policía también les atribuye antecedentes relacionados con robos y delitos menores; esta falta de arraigo refuerza las sospechas sobre su potencial para evadir a las autoridades.

Tres de ellos contaban con órdenes pendientes de expulsión y al menos uno tenía antecedentes por delitos contra el patrimonio. Según fuentes policiales, “han incurrido en contradicciones en sus declaraciones” y no poseen domicilio o arraigo en España; por ello, la jueza decidió enviarlos a prisión provisional sin posibilidad de fianza debido al alto riesgo de fuga o eliminación de pruebas.

El entorno donde residían era conocido por problemas recurrentes como inseguridad y peleas entre sus ocupantes; incluso hay indicios sobre venta de drogas. Finalmente, el asentamiento fue desmantelado tras orden judicial aunque persiste la inquietud acerca del surgimiento de otros similares en Pamplona.

El papel del Ayuntamiento y la gestión de los asentamientos

Uno de los aspectos más polémicos del caso es cómo ha gestionado el Ayuntamiento esta situación.

La administración local, encabezada por Joseba Asirón (EH Bildu), había recibido al menos dos informes internos alertando sobre los peligros asociados al asentamiento desde perspectivas tanto de seguridad como sanitarias. A pesar de estas advertencias, no se tomaron medidas para desmantelarlo. Residentes del área y sindicatos policiales llevaban meses denunciando el aumento de campamentos similares en otras zonas degradadas sin que hubiera respuesta efectiva.

Cuando se les cuestionó sobre su inacción, desde el Consistorio solo afirmaron que se realiza un seguimiento regular de estos asentamientos, añadiendo que los informes son confidenciales debido a su contenido sensible. Esta falta de acción ha provocado una ola de críticas e indignación entre los ciudadanos que acusan al gobierno local de ignorar advertencias reiteradas que han llevado a una tragedia.

Impacto social y debate político

La noticia ha causado una profunda conmoción no solo en Pamplona sino también en todo el país. Esta agresión inevitablemente evoca el caso conocido como «la manada» ocurrido en 2016; un episodio que marcó un antes y un después en cómo se perciben las violencias sexuales en España. Sin embargo, esta vez parece haber una respuesta institucional más activa e incisiva, influida por el perfil migratorio e histórico del caso.

Las redes sociales han estallado con muestras de indignación tanto hacia el crimen como hacia la inacción política frente a él. Organizaciones feministas junto a colectivos vecinales exigen una revisión urgente sobre cómo se manejan estas situaciones ante asentamientos ilegales así como una mejor coordinación entre cuerpos policiales y servicios sociales. El debate también toca temas sensibles como las dificultades para ejecutar órdenes administrativas relacionadas con expulsiones o cómo se gestiona la inmigración irregular; cuestiones que abren un amplio campo para reflexionar sobre convivencia segura dentro del marco político actual.