Dos mineros mueren aplastados por el derrumbe de una mina de carbón asturiana, que había sido inspeccionada apenas un día antes

Un horror.

Dos mineros han fallecido como consecuencia de un derrumbe ocurrido el viernes 21 de noviembre en la explotación minera de Vega de Rengos, situada en el concejo de Cangas del Narcea, al suroeste de Asturias.

Los trabajadores, de 32 y 42 años, originarios uno de Cangas del Narcea y el otro de Villablino (León), perdieron la vida tras ser aplastados por el hundimiento que se produjo a las 16:58 horas en el nivel -2 de la mina, a aproximadamente un kilómetro y medio de la entrada.

La Brigada de Salvamento Minero de Hunosa accedió rápidamente a la galería tras recibir el aviso correspondiente. Los equipos de rescate lograron localizar los cuerpos sin vida de ambos trabajadores, cuya muerte fue confirmada por los servicios médicos presentes en el lugar.

El accidente tuvo lugar en una rampa que conecta diferentes galerías, un área crucial dentro de la infraestructura minera subterránea. Según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Asturias, la mina contaba con todas las autorizaciones necesarias y no presentaba problemas administrativos al momento del siniestro.

El contexto de una industria en crisis

Este trágico suceso marca el segundo accidente minero que afecta a Asturias en 2025, solo ocho meses después de la explosión de gas grisú que arrasó la mina de Cerredo en el concejo de Degaña, el pasado 31 de marzo. En aquel incidente, cinco mineros perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos. La explotación de Vega de Rengos está bajo la gestión de la empresa TYC Narcea, misma entidad que administraba Cerredo, cuya actividad fue suspendida por el Principado tras la tragedia ocurrida en marzo.

La explotación situada en Cangas del Narcea había reanudado su actividad en junio después de estar paralizada temporalmente debido a la explosión en Degaña. Durante ese tiempo, las autoridades asturianas realizaron inspecciones para asegurar que las operaciones cumplían con los requisitos establecidos por su licencia. Una vez verificadas las condiciones adecuadas, el Gobierno autonómico levantó la suspensión, permitiendo así que se reiniciara la extracción de antracita destinada a usos siderúrgicos. En esta explotación laboran alrededor de 70 mineros.

Inspecciones previas y cuestionamientos

El hecho más inquietante es que esta mina había sido objeto de una inspección apenas un día antes del derrumbe. La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, enfatizó que no existían problemas relacionados con la seguridad y que contaba con todas las autorizaciones necesarias. Sin embargo, este argumento contrasta notablemente con los antecedentes documentados sobre negligencias en accidentes previos vinculados a esta misma empresa.

La trayectoria de TYC Narcea dentro del sector minero asturiano revela un historial complicado. En Cerredo, donde fallecieron cinco mineros, las investigaciones posteriores confirmaron que la empresa estaba extrayendo carbón bajo condiciones extremadamente peligrosas y sin contar con autorización legal para ello. Esa explotación estaba catalogada como un proyecto en proceso de cierre y no como una mina activa. A pesar de haber realizado nueve inspecciones desde mediados del año 2022 en esa ubicación, ninguna detectó irregularidades donde se produjo la explosión mortal.

El reclamo de los brigadistas

Este accidente ocurre en un momento crítico para los servicios emergentes mineros. Hace solo dos días, los 19 miembros de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa presentaron su renuncia colectiva, denunciando el abandono total del cuerpo por parte tanto de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como también por parte dirección actual de Hunosa. Los brigadistas exigen compensación por unas 900 horas extras pendientes y critican insuficiencias tanto en personal como en el incumplimiento sistemático acuerdos laborales y salariales vigentes desde hace años; todo esto mientras se implementan políticas que favorecen un desmantelamiento progresivo ante falta relevo generacional.

A pesar del contexto crítico, estos profesionales debieron movilizarse nuevamente para este rescate tan solo dos días después presentar su renuncia colectiva. Su última intervención había sido precisamente durante el accidente ocurrido en Degaña hace unos meses, donde también fallecieron cinco mineros. Resulta irónico que quienes reclaman abandono y falta medios sean precisamente quienes deben responder ante emergencias tan graves; esto pone aún más énfasis sobre las disfunciones arraigadas dentro del sector.

Respuestas institucionales

El presidente del Principado, Adrián Barbón, interrumpió un acto del PSOE celebrado en Salamanca para regresar urgentemente a Asturias tras enterarse del accidente. Barbón expresó sus condolencias a las familias afectadas mediante redes sociales, manifestando su preocupación ante lo sucedido. También se trasladaron al lugar los miembros del Gobierno regional como la vicepresidenta Gimena Llamedo, junto al director general de Energía y Minería, Javier Cueli, además efectivos del Servicio Emergencias del Principado (SEPA), Guardia Civil y servicios sanitarios.

A nivel nacional, el ministro responsable es Óscar Puente, quien envió sus condolencias tanto al Principado como a los familiares afectados por este trágico evento. Las reacciones políticas han sido prácticamente uniformes al expresar sus condolencias; sin embargo, no se han abordado inmediatamente las cuestiones estructurales detrás estos accidentes recurrentes.

Una industria en declive

La minería asturiana enfrenta una crisis profunda y preocupante. Esta región histórica para la extracción minera ha visto cómo su actividad e importancia económica se han reducido drásticamente. Los accidentes ocurridos este año —dos ya contabilizados— resaltan que mientras esta industria disminuye su tamaño, los peligros para quienes aún laboran bajo tierra no cesan ni disminuyen proporcionalmente. La falta inversión adecuada destinada a modernización, seguridad y personal especializado ha creado un entorno donde cada vez hay más riesgos latentes.

El colapso ocurrido en Cangas del Narcea subraya además las tensiones existentes entre mantener actividad económica viable en áreas empobrecidas y asegurar condiciones laborales seguras para sus trabajadores. La extracción antracita para fines siderúrgicos sostiene empleos vitales allí donde escasean alternativas económicas; sin embargo, ese imperativo no puede justificar aceptar riesgos inaceptables.

Las investigaciones sobre las causas exactas detrás del derrumbe recién comienzan. No obstante, queda claro que Asturias necesita respuestas más profundas que simples declaraciones formales; requiere una revisión exhaustiva sobre protocolos inspectores existentes así como una asignación adecuada recursos emergentes destinados al sector minero; además debe plantearse seriamente si modelo actual gestión seguridad es suficiente para evitar nuevas tragedias similares.