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Hong Kong se enfrenta a una de sus peores tragedias en años.
Un incendio de magnitudes descomunales arrasó el complejo residencial Wang Fuk Court, ubicado en el distrito de Tai Po, resultando en al menos 128 fallecimientos, entre ellos un bombero, y cientos más desaparecidos.
Las llamas, que comenzaron a las 14:51 del miércoles, se expandieron sin control durante casi un día entero, devorando siete de los ocho bloques del inmueble en su punto más crítico.
La gravedad de esta catástrofe ha desatado una serie de interrogantes entre los sobrevivientes, familiares y expertos sobre cómo pudo ocurrir un desastre así en una ciudad moderna con protocolos de seguridad establecidos.
Los afectados no dudan en cuestionar cómo las autoridades permitieron llevar a cabo trabajos de renovación a gran escala sin asegurar condiciones adecuadas para la seguridad.
Las primeras investigaciones apuntan a factores cruciales que facilitaron la rápida propagación del fuego: el uso de materiales altamente inflamables no conformes, deficiencias en la gestión del sitio de construcción y fallos en los protocolos de supervisión.
El uso de materiales prohibidos aceleraron las llamas
Las primeras indagaciones policiales han revelado un preocupante patrón de negligencia. En una rueda de prensa celebrada durante las primeras horas del jueves, la Superintendenta Senior Eileen Chung Lai-yee informó que se había empleado poliestireno expandido (Styrofoam) para sellar las ventanas de los pasillos de ascensores en cada planta del edificio afectado. Este material, conocido por su alta inflamabilidad, aceleró notablemente la propagación del fuego y se considera clave para entender la rapidez con que las llamas arrasaron la estructura.
Lo más alarmante es que los materiales protectores instalados en el exterior del edificio —como redes protectoras, láminas y cubiertas plásticas— probablemente no cumplían con los estándares requeridos para protección contra incendios. Según Vincent Ho Kui-yip, presidente del Instituto de Seguridad en la Construcción de Hong Kong, estos elementos como nylon son comúnmente utilizados alrededor del andamiaje tradicional para evitar caídas de concreto y escombros. Aunque el Departamento de Edificios exige que sean ignífugos, Ho aclaró que no existe un mecanismo regular para garantizar su cumplimiento continuo.
Un residente que logró escapar desde un piso superior compartió a través de redes sociales que sus ventanas estaban casi completamente selladas con Styrofoam, dejando solo pequeñas rendijas que impedían abrirlas por completo o tener una vista clara hacia el exterior. Esta circunstancia, sumada al hecho de que muchos vecinos mantenían las ventanas cerradas debido al polvo generado por las obras, retrasó la percepción del peligro inminente cuando el andamiaje exterior comenzó a arder.
Las diferencias de costos como incentivo para la negligencia
Ho Ping-tak, presidente del Sindicato de Trabajadores de Andamiaje de Kowloon y Hong Kong, identificó un factor económico fundamental: las notables diferencias en costos entre materiales conformes y no conformes. Mientras que las redes ignífugas miden 18 metros por 2 metros y cuestan entre 75 y 90 dólares hongkoneses por unidad, aquellas sin tratamiento pueden costar menos de 50 dólares. Ho enfatizó que el uso obligatorio de redes ignífugas sigue siendo solo una recomendación y pidió a las autoridades que lo conviertan en un requisito legal.
Este análisis pone al descubierto un problema sistémico: los contratistas tienen incentivos económicos para optar por materiales más baratos y menos seguros. La diferencia es tan significativa que puede parecer justificable desde una perspectiva empresarial asumir el riesgo del incumplimiento normativo. Sin embargo, el precio pagado por esta decisión ha sido trágicamente alto.
Deficiencias en la gestión del sitio de construcción
Más allá del uso inadecuado de materiales, expertos advierten que la falta de gestión adecuada del lugar contribuyó notablemente a crear condiciones propicias para avivar el fuego. Chau Sze-kit, presidente del Sindicato General de Empleados de la Industria de la Construcción reveló que este incidente dejó al descubierto importantes brechas en la supervisión del sitio, especialmente relacionadas con la limpieza adecuada y vigilancia durante trabajos peligrosos como soldaduras.
Lee Kwong-sing, presidente del Instituto de Practicantes de Seguridad, comentó que los escombros acumulados intensificaron las llamas. Con Hong Kong adentrándose en la temporada invernal —un periodo caracterizado por menor humedad y aire seco— era fundamental implementar medidas estrictas contra incendios. Esto incluye humedecer redes protectoras y andamiajes, retirar materiales inflamables y contar con equipos adecuados para combatir fuegos.
Arrestos y primeras responsabilidades
La policía actuó con celeridad. En las primeras horas del jueves fueron detenidos tres hombres locales con edades entre 52 y 68 años bajo sospecha por homicidio involuntario: dos directores y un consultor pertenecientes a la empresa encargada del proyecto. Además, se llevó a cabo un registro en un centro industrial ubicado en San Po Kong, donde interrogaron a un hombre y confiscaron varios documentos relacionados con el caso.
Demandas de reforma legislativa urgente
Esta catástrofe ha reavivado exigencias por una reforma legislativa completa respecto a seguridad constructiva. Lee Kwong-sing argumentó que es imperativo establecer un mecanismo claro sobre responsabilidad tanto en diseño como gestión desde una perspectiva legal. El proyecto renovador en Wang Fuk Court ya mostraba deficiencias desde su fase inicial; aspectos cruciales relacionados con seguridad —tanto para residentes como trabajadores— no fueron adecuadamente considerados.
Naciones como el Reino Unido o Singapur cuentan con regulaciones detalladas que establecen claramente quién es responsable entre diseñadores e ingenieros ante cualquier accidente. Cuando ocurren incidentes desafortunados, asignar culpabilidades —incluyendo posibles sanciones penales— se convierte en algo directo. Los especialistas coinciden: Hong Kong ha quedado atrás.
El Departamento de Edificios, encargado supervisar todos los contratistas registrados ya ha implementado algunas medidas desde abril pasado; entre ellas exigir información complementaria dentro dos semanas tras recibir solicitudes adicionales bajo pena rechazo automático. Sin embargo, muchos consideran estas acciones insuficientes.
Preguntas sin respuesta de los supervivientes
Los sobrevivientes viven atormentados por preguntas inquietantes sobre cómo pudo permitirse tal desastre. Se preguntan por qué no se llevaron a cabo inspecciones más exhaustivas durante los trabajos renovadores. ¿Por qué no se detectó antes el uso indebido del Styrofoam? ¿Cómo fue posible que materiales no conformes pasaran desapercibidos? ¿Quién asume realmente la responsabilidad por asegurar estándares mínimos?
Estas cuestiones ponen al descubierto fallos estructurales dentro del sistema regulatorio. A pesar existente marco normativo bajo la Ordenanza sobre Edificios (Capítulo 123), parece haber fallado gravemente tanto en ejecución como seguimiento durante este caso específico. El Departamento tiene autoridad suficiente para emprender acciones legales contra contratistas registrados por infracciones relacionadas con construcciones; sin embargo, críticos sostienen que este sistema permite a aquellos con mal desempeño continuar operando durante procesos renovatorios.
El llamado a la acción inmediata
Si bien reformar legislación lleva tiempo, expertos insisten en que el Departamento de Edificios debe crear urgentemente un código interno disciplinario que imponga sanciones severas a contratistas renuentes a corregir irregularidades rápidamente. La tragedia ocurrida en Wang Fuk Court ha puesto al descubierto no solo debilidades existentes sino también una necesidad apremiante por transformar cómo Hong Kong regula y supervisa su industria constructiva.
El incendio devastador dejará huella no solo por sus efectos inmediatos sino también como catalizador forzoso para enfrentar fallos sistémicos dentro arquitectura constructiva local. Los supervivientes merecen respuestas claras; Hong Kong necesita garantías firmes para evitar futuras catástrofes similares.
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