Tres policías condenados a 17 años de prisión cada uno por torturar y violar a una mujer trans

La noche cayó sobre Casa Grande (Perú) como un telón pesado. Tres policías, tres sombras con credenciales brillantes, fueron condenados a 17 años de prisión por tortura y abuso sexual. Ellos, Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León, quedaron expuestos ante la justicia peruana por un crimen que no solo quebró una vida, sino que sembró una inquietante pregunta sobre el poder y la discriminación.

El hecho ocurrió en 2008, cuando Azul Rojas Marín, mujer trans y activista de derechos LGBTI, fue detenida en la ciudad de Casa Grande. Caminaba hacia su casa cuando apareció la claridad fría de las órdenes policiales y, en ese instante, la relación cambió de golpe. Fue trasladada a una estación de policía, donde la violencia no solicitada dejó una marca que tardaría años en sanar. De la detención arbitraria a la tortura y la violación, el dolor quedó registrado no solo en el cuerpo, sino en una historia que desbordó fronteras y preguntas.

Azul llevó su caso desde la sombra de una denuncia hasta las luces imperecederas de la justicia internacional. Primero, ante la CIDH, que reveló que la detención fue arbitraria y motivada por discriminación, declarando que los hechos constituían tortura sexual. Después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos introdujo una resolución que empujó al país a abrir un proceso judicial contra los responsables. Fue un giro que transformó la memoria institucional en una responsabilidad visible ante el mundo.

La historia, que parecía estancada en un laberinto de procedimientos y silencios, encontró su cauce en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Allí, en un fallo que marcó un hito, Ponce, Quispe y León recibieron la condena que la vida de Azul ya merecía: 17 años de prisión por tortura y violencia sexual agravada por ensañamiento motivado por su identidad de género y su pertenencia a la comunidad LGBTI.

En 2020, la IDH ordenó al Estado peruano reparar el daño y, más allá de la sentencia, el país se comprometió a reconocer públicamente su responsabilidad internacional. En 2022, como parte de esas reparaciones, el Estado realizó un acto de disculpa y reconocimiento de responsabilidad frente a Azul y su familia. Fue, dicen, una reparación que no borra las cicatrices, pero sí intenta restituir una dignidad que la memoria del caso había puesto en jaque.

En la penumbra de la ciudad, la condena de tres agentes de la ley aparece como un anuncio de que las sombras pueden ser iluminadas. Pero también es una advertencia: cuando el poder se desata sin control, la justicia llega en su propio tempo, a veces tarde, pero llega. Azul Rojas Marín ya no camina sola en la noche: ahora, su historia se sostiene como testimonio de resistencia ante la violencia institucional y de un esfuerzo inquebrantable por un Perú que mire de frente a sus demonios.