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Una semana después del episodio de Santiago de Compostela, José Luis Ábalos repitió el esquema.
El móvil de Koldo García lo documenta con la misma precisión con que documentó Teruel y Santiago: dos mujeres trasladadas desde Valencia hasta Zaragoza con billetes gestionados por el asesor ministerial y salvoconductos que las identificaban como «técnicas de estudios de construcción».
Todo ello en plena pandemia, con Aragón bajo cierres perimetrales y restricciones de movilidad que el resto de los ciudadanos españoles tenían que respetar bajo amenaza de multa.
La exclusiva, elaborada por los periodistas Jorge Calabrés y David Vicente a partir de mensajes de WhatsApp y archivos electrónicos sacados del teléfono móvil que el Español de Pedrojota compró ‘al contado’ a Koldo, añade un elemento nuevo al ya extenso catálogo de excesos del exministro: los mensajes entre el forzudo que llegó a Consejero de Renfe saliendo de un puticlub y una de las mujeres, identificada como Rozalia, sugieren que esa noche también hubo consumo de sustancias en la habitación del ministro de Sánchez en el NH Collection Gran Hotel de Zaragoza.
La logística de siempre
El patrón es idéntico al de las otras ocasiones documentadas. Koldo coordinó los desplazamientos desde Valencia, adquirió los billetes para Rozalia y Gabriela y envió la documentación necesaria. Pero en esta ocasión los salvoconductos no procedían del Ministerio de Transportes sino de la empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), cuyo propietario es José Ruz Martínez.
Los documentos presentaban a las dos mujeres como trabajadoras técnicas en activo para justificar su desplazamiento «por razones laborales» en un momento en que moverse entre comunidades autónomas requería una justificación específica. La táctica de usar salvoconductos con identidades profesionales falsas era conocida en el entorno de Ábalos: en ocasiones anteriores los permisos habían llegado directamente desde el Ministerio.
Lo que hace especialmente revelador el episodio de Zaragoza es quién firmó esta vez los documentos. José Ruz no es un nombre cualquiera en la trama: su empresa LIC recibió durante el mandato de Ábalos contratos públicos por valor de 125 millones de euros, de los cuales 108 millones procedían directamente de la Dirección General de Carreteras. La UCO ya lo había señalado como contratista cercano al círculo del exasesor ministerial. Ahora aparece también como el empresario que firmaba salvoconductos para las prostitutas del ministro.
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Dato |
Detalle |
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Empresa |
Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) |
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Contratos públicos totales |
125 millones de euros |
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Procedentes de Carreteras |
108 millones |
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Situación judicial |
Investigado por presuntas mordidas |
Los mensajes sobre las drogas
Los intercambios entre Koldo y Rozalia son los más comprometedores de los publicados hasta ahora porque añaden al escándalo sexual el del posible consumo de estupefacientes en la habitación del ministro. Algunas de las frases más significativas:
«Él me dijo que traiga y no sé seguro qué hacer»
«Ya tengo claro que debo mirar que él no tomó etc.»
«La próxima 2 del tema, no más»
«Si nadie le presiona, él no toma»
La interpretación de los investigadores y del medio que ha publicado la exclusiva apunta hacia un encuentro sexual con ambas mujeres y consumo de sustancias durante esa noche. Esa interpretación encaja con el relato que Víctor de Aldama hizo ante el Tribunal Supremo, donde declaró haber pagado «señoritas» para que Ábalos «se relajara».
Todo esto ocurrió justo después de que Ábalos visitara la Basílica del Pilar de Zaragoza junto a Pilar Alegría, la actual portavoz del Gobierno, en un acto oficial. La ministra que no sabía nada de lo que ocurría en Teruel no sabía tampoco nada de lo que ocurría en Zaragoza.
El patrón que el PSOE no puede explicar
El episodio de Zaragoza no es un caso aislado. Es el tercer capítulo documentado de una serie que incluye el Parador de Teruel en septiembre de 2020 y el hotel de Santiago de Compostela en abril de 2021, con la misma estructura en todos los casos: traslado de prostitutas con billetes del ministerio o con salvoconductos firmados por empresas contratistas, coordinación logística a cargo de Koldo y habitación de hotel reservada en el marco de un viaje oficial.
Lo que conecta estos episodios con el cuadro más amplio de la corrupción socialista es la coincidencia que el PSOE no puede explicar: los mismos empresarios que firmaban salvoconductos para las noches de Ábalos recibían contratos millonarios de su ministerio. Ruz firmó los documentos de Zaragoza y su empresa cobró 125 millones en adjudicaciones públicas. Aldama, que organizaba las «señoritas», recibió contratos de mascarillas y gestiones en Venezuela y República Dominicana. El círculo es siempre el mismo: poder político, empresarios con contratos, intermediarios y entornos privados donde todo lo que no debería ocurrir ocurre.
El caso Tito Berni, el diputado socialista que organizaba fiestas con prostitutas para sus correligionarios. El Parador de Teruel con la Policía interviniendo a la mañana siguiente. Santiago de Compostela con salvoconductos del Ministerio. Zaragoza con salvoconductos de un contratista que cobra 108 millones en obras públicas. Los ERE andaluces donde una red opaca utilizó recursos públicos durante años. El caso Koldo con comisiones en mascarillas.
El PSOE que predica el feminismo, el abolicionismo y la transparencia tiene en sus filas y en su historia reciente un catálogo de prostitución, drogas y corrupción financiada con dinero público que ningún discurso de congreso puede neutralizar.
El periodista Rubén Amón lo resumió con la precisión que el caso merece: «Este es el gobierno que iba a abolir la prostitución».
El móvil de Koldo lo documenta. El Tribunal Supremo lo juzgará. Y Ábalos espera en prisión preventiva la sentencia que la Fiscalía Anticorrupción ha cifrado en 24 años.
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