Israel acusa a España y la UE de financiar los pagos y premios de la Autoridad Palestina a terroristas y asesinos

La tensión entre España e Israel ha aumentado en las últimas horas tras una acusación contundente por parte de la inteligencia israelí.

Según su denuncia, tanto la Unión Europea como el Gobierno español estarían contribuyendo, al menos en parte, a financiar los llamados sueldos por asesinar, que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) otorga a terroristas encarcelados y a las familias de los considerados “mártires”.

Este señalamiento, respaldado por informes internos de Israel, surge en un momento crítico, cuando las relaciones bilaterales están marcadas por el reconocimiento español del Estado palestino y el embargo de armas a Israel.

Desde 2023, España ha incrementado significativamente su ayuda financiera destinada a Palestina, canalizando más de 76 millones de euros mediante mecanismos multilaterales y organismos internacionales. La mayoría de estos fondos son distribuidos a través de agencias como la UNRWA, la OCHA o la Cruz Roja, con el objetivo declarado de atender necesidades humanitarias y garantizar la estabilidad institucional de la ANP.

Sin embargo, hay dos partidas que llaman especialmente la atención: dos millones de euros asignados en agosto de 2024 y otros dos millones en octubre de 2025, ambos con destino directo a “salarios y pensiones” para funcionarios palestinos mediante el mecanismo PEGASE de la UE. Según fuentes israelíes, es precisamente en estos canales donde se pierde el control sobre el destino final del dinero, lo que permite que parte de esa ayuda termine financiando los controvertidos pagos a terroristas y sus familias.

El Gobierno español defiende la transparencia del mecanismo PEGASE, afirmando que “cuenta con altos estándares de control y auditoría”, rechazando así cualquier acusación directa sobre complicidad o negligencia. Sin embargo, la inteligencia israelí argumenta que la falta de etiquetado específico y una supervisión escasa permiten que la ANP mantenga un programa de compensaciones que no solo persiste, sino que opera encubiertamente.

Estructura y cuantía de los pagos a terroristas

La legislación palestina vigente desde 2004 establece un sistema de compensaciones económicas para presos condenados por terrorismo y para las familias de quienes han fallecido en ataques contra Israel. La cantidad recibida varía según la gravedad del delito y el tiempo cumplido:

• Un preso sin familia recibe 1.800 shekels al mes (aproximadamente 515 euros).
• Si está casado, esa cifra asciende a 2.500 shekels (alrededor de 715 euros).
• Pasados cinco años en prisión, la “recompensa” incrementa un 50%. Si su condena supera los 30 años, su compensación mensual se duplica.

Estos pagos, comúnmente denominados sueldos y premios a los asesinos palestinos, son considerados por Israel como un incentivo directo a la violencia. Además, las familias de los “mártires” reciben pensiones permanentes, lo que alimenta la percepción de que la ANP fomenta y legitima acciones violentas contra objetivos israelíes.

Estrategias encubiertas y presión internacional

Ante las presiones internacionales, la ANP ha anunciado en diversas ocasiones su intención de cesar estos pagos, presentándolo como una condición necesaria para continuar recibiendo ayuda externa. No obstante, los informes israelíes indican que lo único que ha hecho es reestructurar el sistema. Así se han trasladado los pagos mediante oficinas postales en Cisjordania y se han utilizado términos informales que dificultan cualquier tipo de auditoría.

Este mecanismo permite a la ANP mantener una imagen de cumplimiento ante la comunidad internacional mientras los fondos siguen fluyendo hacia sus destinatarios. El pasado 25 de octubre, según uno de esos informes, se realizaron pagos a presos y familiares de “mártires” sin anuncio oficial previo, buscando deliberadamente evitar el escrutinio por parte de los donantes.

España, la UE y el dilema ético

La crisis diplomática se ha intensificado debido a la percepción israelí sobre cómo tanto España como la UE hacen caso omiso ante evidencias claras: parte del dinero que aportan respalda políticas contrarias a los principios fundamentales de paz y reconciliación. El Gobierno español sostiene que “fortalecer a la ANP es el único camino viable” para aislar a Hamás y asegurar un futuro Estado palestino estable. Sin embargo, crece día tras día la presión internacional para poner fin al escándalo conocido como “sueldos por matar”.

En este escenario complicado, queda en entredicho esa ayuda directa anual española de dos millones destinados teóricamente a fines humanitarios. Para Israel, esta falta de supervisión específica hace responsables éticos y políticos tanto a Madrid como a Bruselas por mantener un sistema que premia actos violentos.

La pugna política y sus derivadas

Las relaciones entre Israel y España han sufrido un notable deterioro desde el 7 de octubre del 2023. Esto se ha acentuado especialmente tras el reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. La retirada reciente de la embajadora israelí en Madrid junto con el embargo español sobre armas hacia Israel han contribuido aún más al agravamiento del conflicto. En paralelo, el Ejecutivo español justifica su aumento en ayuda hacia Palestina argumentando que busca contrarrestar lo que considera una asfixia financiera impuesta por Israel al retener ingresos fiscales.

A su vez, lobbies e instituciones afines al Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu insisten en señalar que España y Europa no pueden lavarse las manos respecto al uso final destinado por esos fondos. Además apuntan hacia ONG españolas acusándolas supuestamente por brindar apoyo indirecto a grupos vinculados con organizaciones terroristas palestinas como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) o Hamás.

¿Qué puede suceder ahora?

El futuro inmediato dependerá crucialmente del esfuerzo conjunto entre España y Europa para reforzar controles sobre sus ayudas económicas. De esta forma podrán demostrar con hechos concretos que sus fondos no terminan alimentando actividades terroristas. Mientras tanto, Israel continúa ejerciendo presión diplomática y mediática demandando mayor transparencia junto con una inmediata suspensión en los pagos destinados a terroristas.

A corto plazo parece poco probable que esta tensión se disipe pronto. La ANP mantiene su postura resistiendo ante estas presiones al argumentar que dichos pagos son cuestiones relacionadas con justicia social para apoyar tanto a prisioneros como a sus familias. Sin embargo, existe un riesgo latente: si continúa bajo sospecha esta ayuda internacional podría desestabilizar aún más una frágil institucionalidad en Cisjordania complicando cualquier intento realista hacia un proceso pacificador.

Lejos de acercarse a una solución definitiva, esta controversia deja abiertas nuevas interrogantes acerca no solo sobre qué tan efectiva es sino también sobre qué tan ética resulta ser dicha cooperación internacional dentro contextos marcados por conflictos crónicos. La sombra persistente relacionada con los sueldos por matar sigue proyectándose sobre las políticas europeas y españolas destinadas a ayudas mientras permanece intacta una atmósfera cargada llena desconfianza mutua e intercambios hostiles entre ambas partes.