El New York Times critica que Trump planee indultar a un expresidente que inundó EE. UU. de cocaína

En un acto que desafía la justicia, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, declarado culpable de orquestar una red criminal de narcotráfico que inundó Estados Unidos con cocaína y devastó a Honduras durante décadas, es ahora objeto de un indulto total y absoluto anunciado por el presidente Donald Trump.

Hernández, quien aceptó sobornos millonarios del cartel de Sinaloa y manejó la protección policial y militar para narcos, fue condenado a 45 años de prisión por los tribunales estadounidenses tras un juicio emblemático que reveló la escala de corrupción y violencia bajo su mandato. Este indulto representa una afrenta para los esfuerzos legales y para el pueblo hondureño que sufrió las consecuencias del narcoestado, poniendo en duda la integridad del sistema judicial estadounidense y enviando un mensaje preocupante sobre la tolerancia hacia el crimen organizado en la política internacional.

Hernández, durante su presidencia, no solo estrechó vínculos con cárteles de droga como el de El Chapo Guzmán, sino que se jactó de que su gobierno “metería la droga en las narices de los gringos” sin que estos se dieran cuenta. Pruebas presentadas en corte demostraron que su familia, incluyendo a su hermano Tony, se benefició de sobornos para asegurar la impunidad del tráfico de cocaína. Su gobierno convirtió a Honduras en uno de los países más violentos y corruptos de Centroamérica. Su condena fue vista por la fiscalía como un golpe histórico contra el narcotráfico, equiparable al juicio del dictador panameño Noriega, pero el indulto de Trump desmantela esta victoria judicial sin ofrecer ninguna prueba de persecución política, defendiendo a Hernández como una víctima y sugiriendo que su condena fue injusta simplemente por haber sido presidente.

Este acto tiene además connotaciones políticas internas y regionales. Trump emitió el indulto en la recta final de la campaña electoral hondureña, en la que respaldó abiertamente al sucesor político de Hernández, Nasry Asfura, relacionando la ayuda estadounidense con el triunfo de su candidato. La decisión del presidente Trump no solo relativiza la gravedad de los cargos contra Hernández, sino que también desestima el profundo daño social ocasionado por sus vínculos con el narcotráfico. La comunidad internacional y hondureña han reaccionado con alarma, pues el indulto puede alentarlo a futuro a la impunidad de líderes corruptos que utilizan el poder estatal para proteger redes criminales.

La historia de Hernández representa un sombrío capítulo en la política latinoamericana, donde narcotráfico, corrupción y violencia se entrelazan con las cúpulas de poder. Que Estados Unidos lograra condenarlo fue visto como un paso hacia la justicia y la rendición de cuentas. Sin embargo, la intervención de Trump muestra la fragilidad de esos avances y cuestiona las prioridades del liderazgo estadounidense en materia de lucha antidrogas y derechos humanos, al poner por encima cálculos políticos y discursos de persecución a un hombre cuya responsabilidad en el sufrimiento hondureño fue masiva y comprobada por evidencias judiciales contundentes.

La decisión de Trump de indultar a Juan Orlando Hernández no solo trastoca la justicia sino también la esperanza de un cambio en un país marcado por la impunidad narco-política y la violencia sistémica, sembrando dudas duraderas sobre el compromiso real con la democracia y el estado de derecho en la región.