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En la madrugada de este sábado 3 de enero se dio la hecatombe.
La crisis política en Venezuela dio un giro inesperado. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron arrestados por fuerzas especiales estadounidenses en una operación militar que el presidente Donald Trump describió como «brillante».
Pocas horas después, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que ambos serán juzgados en el Distrito Sur de Nueva York por una serie de delitos que incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, así como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Esta operación no fue fruto del azar. Fuentes militares estadounidenses han revelado que la orden de captura había estado vigente desde el 23 de diciembre, aunque se retrasó debido a condiciones meteorológicas adversas y cuestiones logísticas. Trump había planeado inicialmente llevar a cabo los ataques el día de Navidad, pero finalmente optó por priorizar operaciones contra campamentos del Estado Islámico en Nigeria. Durante esta operación, la Fuerza Aérea estadounidense emitió un aviso oficial restringiendo el vuelo de aeronaves sobre el espacio aéreo venezolano.
Pam Bondi, fiscal general de EEUU.
Lo que sorprendió a analistas internacionales fue la total falta de resistencia por parte de la Fuerza Armada Venezolana. Los helicópteros estadounidenses ingresaron al espacio aéreo sin encontrar oposición alguna, lo cual resalta la fragilidad institucional del régimen chavista. Maduro y Flores fueron evacuados por vía aérea fuera del país y ahora están bajo custodia estadounidense, probablemente a bordo del portaaviones Gerald Ford, parte del despliegue naval estadounidense en el Caribe.
Los cargos que enfrenta
Las acusaciones contra Maduro no son novedad. Un gran jurado en Nueva York lo imputó formalmente en marzo de 2020 con cuatro cargos principales. La fiscal Bondi detalló que el presidente venezolano enfrenta acusaciones por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para su posesión en perjuicio de Estados Unidos. Estos delitos conllevan penas que oscilan entre 20 años de prisión y cadena perpetua en territorio estadounidense.
Washington ha señalado a Maduro como líder del llamado Cartel de los Soles, una organización que el gobierno Trump incluyó en su lista de grupos narcoterroristas. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido especialmente contundente al respecto, afirmando que Maduro «no es presidente ni jefe de Estado», sino «el líder de una organización terrorista del crimen organizado que ha tomado control sobre un país». En agosto pasado, Estados Unidos duplicó la recompensa por información sobre su captura a 50 millones de dólares, cifra que refleja la importancia que Washington daba a su detención.
Las acusaciones vinculan a Maduro con el tráfico internacional de cocaína hacia Estados Unidos, así como con organizaciones armadas como las FARC para utilizar el narcotráfico con fines políticos. También se menciona al Tren de Aragua, una banda criminal activa en Venezuela. Informes de inteligencia sugieren que estas actividades generaron recursos significativos para sostener al aparato estatal chavista.
Marco legal y próximos pasos
El senador republicano Mike Lee aclaró que la operación militar fue llevada a cabo «para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto». Esta justificación se ajusta dentro del marco legal otorgado al presidente bajo el Artículo II de la Constitución estadounidense para resguardar al personal estadounidense ante ataques inminentes. Aunque corresponde al Congreso declarar guerra, la Casa Blanca conceptualizó esta acción más como una «operación de ley y orden» que como un acto bélico; esto permitió sortear la notificación previa al Capitolio.
Maduro será trasladado a Nueva York siguiendo un recorrido similar al del exgeneral chavista Hugo «El Pollo» Carvajal, quien fue extraditado desde España hace años por la misma macrocausa. Las declaraciones tanto de Carvajal como las del detenido Cliver Alcalá, otro alto cargo chavista, serán «absolutamente decisivas» durante el juicio según fuentes cercanas a esos testimonios. Detalles sobre el Cartel de los Soles, el tráfico hacia Estados Unidos y España y los vínculos con guerrillas podrían «poner a Maduro entre la espada y la pared».
El secretario de Estado Marco Rubio apuntó que no se prevén nuevas acciones militares estadounidenses en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, describió este evento como «un nuevo amanecer para Venezuela», aunque queda claro que la transición política dentro del país sudamericano sigue siendo incierta y potencialmente inestable.
La captura simboliza un hito significativo para Venezuela; sin embargo, plantea muchas preguntas sobre cómo evolucionará la situación política interna. También deja dudas sobre qué revelaciones surgirán durante el juicio en Nueva York y cómo responderá la comunidad internacional ante una intervención militar estadounidense sin precedentes en las últimas décadas.
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