La dictadura iraní reprime a sangre y fuego a los opositores: al menos 45 asesinados y más de 2.000 detenidos

Las manifestaciones que están sacudiendo Irán desde finales de diciembre no son únicamente un estallido de frustración económica. Se han convertido en una prueba de resistencia para una tiranía islámica caracterizada por la represión salvaje de la mujer propia del Islam, la represión de la población mediante una fuerza armada, los llamados Guardias Revolucionarios y unas élites que comienzan a mirarse con desconfianza.

En tan solo doce días, las movilizaciones se han propagado por prácticamente todo el país, obligando a la dictadura a recurrir a su repertorio habitual: asesinatos, disparos, detenciones masivas, propaganda… y un apagón digital de gran magnitud.

Una chispa económica sobre un polvorín político

Las primeras protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, donde comerciantes y sectores económicos mostraban su desesperación ante la caída del rial, la hiperinflación y el aumento desmedido de los precios de productos básicos. Lo que inició en el Gran Bazar ha evolucionado a una ola nacional:

• Más de 100 ciudades y 27 de las 31 provincias han sido escenario de protestas.
• Organizaciones no gubernamentales y grupos defensores de derechos humanos informan sobre al menos 45 personas asesinadas, entre ellos varios menores.
• Las detenciones de opositores ya superan los 2.000, con traslados masivos de reclusos para liberar espacio en prisiones clave como la de Karaj.

Es significativo el cambio en la composición social: muchos comerciantes y sectores urbanos que durante años fueron pilares del sistema gracias a las políticas proteccionistas de la dictadura ahora se manifiestan contra ella. Este giro es una clara señal política.

La crisis económica es profunda:

• El rial ha caído a niveles históricos, lo que ha provocado un colapso del poder adquisitivo;
• La inflación se mantiene alta y persistente, con aumentos bruscos en productos alimenticios esenciales;
• Las sanciones internacionales están asfixiando el comercio, la inversión y el sistema financiero.

Frente a este descontento, el régimen ha optado por acciones para contener la situación social, como repartir dinero en efectivo a los sectores más vulnerables con el fin de desactivar las protestas y prevenir un estallido mayor, según reportes provenientes de medios iraníes y fuentes opositoras. Esta estrategia revela hasta qué punto las autoridades son conscientes del riesgo que representa una crisis económica transformada en una contestación política irreversible.

Represión, apagón digital y batalla por el relato

La respuesta de las fuerzas de seguridad sigue patrones conocidos pero con mayor intensidad:

• Se ha recurrido al fuego real y gas lacrimógeno contra manifestantes en diversas ciudades;
• Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian “uso ilegal de la fuerza”, incluyendo disparos a corta distancia y golpizas durante los arrestos;
• Se han llevado a cabo allanamientos en hospitales para detener a heridos mientras hay una fuerte presencia policial y paramilitar en las zonas urbanas.

Los datos más relevantes de este ciclo, según ONG como Irán Derechos Humanos y HRANA:

• Al menos 45 personas han muerto, ocho eran menores;
• “Cientos” han resultado heridos y más de 2.000 han sido detenidos en menos de dos semanas;
• Estas protestas son consideradas las más significativas desde la revuelta tras la muerte de Mahsa Amini en 2022.

Para limitar la capacidad organizativa y especialmente el flujo informativo hacia el exterior, el régimen ha implementado un apagón casi total del Internet. Plataformas como NetBlocks han denunciado un corte nacional en la conectividad, que fue precedido por días con restricciones selectivas en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Este método busca repetir lo que ya se intentó en 2019 y 2022: aislar informativamente al país durante los momentos más críticos.

Este control digital puede acarrear consecuencias económicas y reputacionales, pero para los líderes actuales es preferible asumir esos costos antes que permitir que las protestas se coordinen a nivel nacional con figuras opositoras al mando.

Fracturas internas y miedo a una transición

La mayor preocupación para Teherán no radica únicamente en las calles, sino también dentro del propio sistema político. Diversos factores apuntan hacia una fractura interna creciente:

• El presidente Masoud Pezeshkian, quien se presenta como reformista, admite abiertamente que el Gobierno “no tiene capacidad” para gestionar la crisis por sí solo e insta a diferenciar entre protestas legítimas y “alborotadores”.
• En contraposición, el líder supremo Alí Jamenei exige “mano dura” contra los manifestantes, acusándolos de ser herramientas al servicio de Estados Unidos e Israel, marcando así una línea clara hacia la confrontación total.
• Los cuerpos represivos más severos, incluida la Guardia Revolucionaria y la milicia Basij, sostienen que hay “disturbios organizados desde fuera” e advierten sobre un posible “levantamiento armado”.

Este choque entre posiciones refleja una tensión subyacente: mientras parte del establishment comprende que reprimir sin concesiones podría llevar al sistema al borde del colapso definitivo; otra facción opta por intensificar su apuesta confiando todo al miedo.

A su vez, el espacio opositor está tratando aprovechar el desgaste del régimen. En medio de las protestas resuenan consignas como “esta es la batalla final, Pahlavi volverá”, haciendo referencia a Reza Pahlavi, hijo del último sah, quien permanece activo tanto en redes sociales como desde el exilio. No se trata únicamente de añoranza monárquica; es indicativo del deseo creciente entre algunos sectores por encontrar referentes políticos fuera del marco establecido por la República Islámica.

Dinero, sanciones y un futuro incierto

El régimen intenta combinar represión con propaganda y medidas económicas drásticas para ganar tiempo:

• Refuerza subsidios selectivos junto con repartos monetarios en barrios sensibles;
• Promete investigar ciertos abusos aislados cometidos por fuerzas represivas mientras minimiza las violaciones sistemáticas a los derechos humanos;
• Insiste en que las sanciones impuestas por Estados Unidos son la raíz del problema actual —y no su propia gestión interna— así como también culpa al “cerco” occidental.

Por otro lado, el contexto internacional no juega a favor del régimen. Las sanciones vinculadas al programa nuclear siguen vigentes; han restringido el acceso a divisas e impactado negativamente sectores clave como el energético o financiero. La posibilidad real de nuevas sanciones relacionadas con tensiones nucleares o regionales pesa sobre cualquier perspectiva optimista respecto a una estabilización económica.

Para vislumbrar lo que puede suceder en los próximos meses es esencial considerar tres elementos:

1. Resistencia social
   • Si los comerciantes urbanos, estudiantes y clase media continúan ejerciendo presión sobre el régimen, los costos asociados con la represión aumentarán considerablemente.
   • La expansión de huelgas en sectores estratégicos —como energía o transporte— podría marcar un cambio cualitativo aún no observado masivamente pero muchos analistas lo consideran factible si la economía sigue deteriorándose.
2. Cohesión entre élites
   • Mientras se mantenga unido el núcleo duro alrededor de Jamenei y la Guardia Revolucionaria, será suficiente para ejercer control coercitivo frente a las protestas.
   • El escenario para una “transición interna” solo podría darse si parte importante dentro del sistema concluye que su supervivencia depende realmente de cambios sustanciales en su estructura política.
3. Entorno regional e internacional
   • Las advertencias provenientes desde Estados Unidos, sobre intervenir si ocurre una masacre contra manifestantes junto con el respaldo retórico ofrecido por Israel alimentan tanto discursos internos sobre “conspiraciones extranjeras” como también incrementan los costos internacionales asociados con cualquier represión masiva.
   • Aun así, ningún actor externo parece estar dispuesto —ni tiene capacidad— para forzar cambios internos rápidos sin arriesgarse a desestabilizar toda la región.

La paradoja actual en Irán es evidente: aunque la represión puede contener estallidos inmediatos, cada vida perdida, cada apagón digital impuesto o cada billete repartido para comprar tranquilidad refuerzan la idea generalizada de que el modelo instaurado en 1979 está entrando en una fase defensiva. El régimen aún posee fuerza suficiente pero también debe considerar que la población tiene memoria… Y paciencia limitada. En esta tensión se juega ya un nuevo capítulo político crucial para el país.