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La imagen es familiar: una playa caribeña, una licorería sencilla y un vecino que pasa desapercibido. La conocemos desde hace muchos años.
Ese vecino es Ignacio de Juana Chaos, uno de los criminales más notorios de ETA, condenado en España a más de 3.000 años por 25 asesinatos, quien disfruta de su libertad tras haber cumplido solo 18 años de prisión. Su hogar está lejos de ser un lugar común: se encuentra en el municipio costero de Chichiriviche, que se ha convertido en símbolo de una impunidad que persiste desde hace décadas.
En su entorno, otros ocho etarras permanecen huidos en Venezuela con causas sin resolver ante la Audiencia Nacional, amparados por un régimen chavista que durante años ha sido “uno de los destinos preferidos” para aquellos que buscaban escapar de la justicia española. El reciente cambio político en Caracas —con Nicolás Maduro detenido por Estados Unidos y Delcy Rodríguez intentando consolidar su poder— abre un nuevo capítulo lleno de incertidumbres: ¿qué sucederá con estas sabandijas ahora? ¿Y qué acciones tomará España? Es una información de El Mundo.
Quiénes son los nueve etarras aún refugiados en Venezuela
De acuerdo con listas manejadas por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han sido filtradas a los medios, actualmente residen en Venezuela nueve etarras con delitos pendientes. Entre ellos se encuentran:
- Ignacio (Iñaki) de Juana Chaos: ex líder del “comando Madrid”, responsable de 25 muertes, condenado a más de 3.000 años, liberado tras 18 años y fugado desde 2008; regenta una licorería en Chichiriviche.
- José Arturo Cubillas Fontán: considerado el líder del aparato de huidos en Venezuela y supuesto enlace entre ETA y las FARC; deportado en 1989 desde Argelia, adquirió la nacionalidad venezolana y ocupó cargos en el Instituto Nacional de Tierras.
- Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, conocido como ‘Arbe’: uno de los más temidos por su historial criminal; el chavismo intentó otorgarle la nacionalidad en 2006; reside en Caracas junto a su esposa, también con causas pendientes.
- José Luis Eciolaza Galán, alias ‘Dienteputo’: antiguo miembro del comando Goierri Kosta, vinculado a numerosos atentados mortales; fue un rostro habitual en las listas más buscadas por la Policía y la Guardia Civil durante años.
- Ángel María Lizarbe Oses
- Luis María Olalde Quintela
- Luis Alfonso González Oteo
- José Martín San Sebastián Aguirre
- José Miguel Uriz Zabaleta
Además, la Guardia Civil, Policía Nacional y CNI tienen un listado con otros 22 etarras huidos dispersos por Francia, México, Cuba, Brasil o Uruguay, cuyas faltas aún no han prescrito en muchos casos. En total, Interior estima que alrededor de unos 30 etarras siguen prófugos alrededor del mundo.
Cómo y por qué Venezuela se convirtió en refugio etarra
Este fenómeno no es nuevo. A finales de los años 80, tras el fracaso de las negociaciones en Argel, once etarras deportados desde Argelia llegaron a Venezuela; fueron los pioneros de una diáspora que se iría consolidando con el tiempo. Desde entonces, el país caribeño se transformó en:
- Santuario político: bajo la dirección primero de Hugo Chávez y luego con Maduro, el chavismo ofreció protección política, laboral y muchas veces incluso la nacionalidad a los etarras, dificultando así su extradición.
- Refugio jurídico: aunque existe un tratado de extradición entre España y Venezuela, desde 2010 las autoridades venezolanas han rechazado todas las solicitudes españolas, según fuentes judiciales citadas por medios informativos.
- Red social solidaria: algunos huidos han echado raíces en sectores como la hostelería o la construcción; otros mantuvieron estrechos vínculos con estructuras estatales chavistas.
Las cifras dan cuenta del alcance del fenómeno:
- Se estima que alrededor de 60 etarras lograron escapar de la justicia española; aproximadamente la mitad se asentó en Venezuela, según asociaciones dedicadas a las víctimas.
- Actualmente, las fuerzas del orden cifran en 15 los etarras refugiados en territorio venezolano, aunque solo nueve enfrentan causas activas.
Varias campañas impulsadas por asociaciones como Dignidad y Justicia, incluida también la iniciativa StopHuidos, han permitido localizar a muchos entre ellos gracias a la colaboración ciudadana española y venezolana que proporciona información sobre sus ubicaciones y negocios.
¿Qué puede hacer ahora España?
Poca fe tenemos en Periodista Digital en que el Ejecutivo de mangantes socialistas vaya a hacer nada en este campo. Pero las herramientas disponibles son bien conocidas:
- Extradiciones: La Audiencia Nacional ya ha solicitado varias veces la entrega tanto de De Juana Chaos (por apología del terrorismo) como de Cubillas (por conspiración para cometer homicidios terroristas y colaboración con banda armada), pero hasta ahora sin éxito alguno.
- Órdenes internacionales de búsqueda y captura: Si no se actualizan estas órdenes internacionales será complicado avanzar desde Caracas. Fuentes cercanas a asociaciones víctimas insisten en que esta es una “oportunidad única” para reclamar a estos fugitivos; sin embargo subrayan que debe ser una iniciativa impulsada tanto desde la justicia como desde el Ejecutivo español.
- Presión diplomática: La naturaleza real de las conversaciones entre España y Venezuela será determinante. Durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se prometió ser firme al respecto e “incautar” a todos estos fugitivos; promesa que no se cumplió. Hoy las víctimas instan a Sánchez recordándole su cercanía personal al ex presidente mientras le exigen elegir entre «su amigo Zapatero o las víctimas del terrorismo».
En el Congreso este tema no carece impacto:
- Para partidos políticos situados hacia la derecha y centro-derecha, la presencia activa De Juana Chaos junto a otros fugitivos es prueba tangible sobre lo que consideran una «concesión» continua al nacionalismo radical; además simboliza lo que ellos ven como impunidad tras el final oficializado ETA.
- Para sus socios nacionalistas dentro del Gobierno español una campaña intensa para traer nuevamente estos etarras podría abrir viejas heridas mientras tensiona apoyos clave dentro del frágil equilibrio parlamentario.
Así pues vemos cómo política exterior e interior están interrelacionadas: lo decidido respecto a nueve fugitivos distantes puede influir directamente sobre votaciones dentro del Congreso.
El reloj avanza hacia la prescripción y el peso innegable de las víctimas
Más allá del ruido político hay un factor crucial pero silencioso: el paso del tiempo. La reforma al Código Penal realizada en 2010 estableció que delitos terroristas resultantes en muerte no prescriben; sin embargo esta imprescriptibilidad no tiene efecto retroactivo. . Para muchos atentados cometidos antes dicha fecha sigue existiendo plazo limitado —20 años— permitiendo así regresar algunos etarras recientemente aprovechando esa prescripción para cerrar sus causas sin enfrentar condenas penitenciarias.
Las asociaciones dedicadas a defender derechos victimas resaltan tres riesgos potenciales:
- Que algunos entre los nueve huidos esperen pacientemente hasta ver prescribir sus delitos antes intentar negociar un regreso sin consecuencias legales.
- Que nuestro Estado renuncie efectivamente aprovechar esta ventana abierta por «comodidad política» o simplemente evite reabrir discusiones sobre ETA mientras estamos inmersos constantes ciclos electorales.
- Que futuras generaciones reciban mensaje erróneo donde paciencia resulta más eficaz frente arrepentimiento o colaboración sincera justicia.
Al mismo tiempo persiste presión civil constante: Dignidad y Justicia sigue ofreciendo hasta 5.000 euros recompensa mediante información fiable capaz localizar algún fugitivo cuyo caso permanezca abierto mientras indican tener ya «más duna docena» perfectamente ubicados dentro territorio venezolano.
Lo que puede ocurrir ahora: escenarios probables
A corto plazo pueden surgir varios caminos posibles:
- Escenario inmovilista adornado retórica vacía
- Venezuela declara intención revisar ciertos expedientes pero carece efectividad extradiciones reales.
- España acepta gesto superficial reduciendo presión mediática mientras huidos permanecen donde están quizás cambiando residencia o actividad económica.
- Extradiciones selectivas cargadas simbolismo
- Con objetivo mejorar imagen internacional nuevo poder venezolano podría entregar uno o dos nombres muy destacados pero tal vez evitando aquellos mayormente simbólicos frente interior chavismo.
- España presentaría gesto como triunfo diplomático mientras mayoría afectados mantendría estatus aunque posiblemente bajo mayor discreción.
- Cambio real mediante cooperación judicial intensiva
- Menos probable mas no imposible si Caracas desea recomponer relaciones Unión Europea requiriendo gestos contundentes.
- Esto implicaría activar realmente tratado extradicional revisar expedientes pendientes coordinar junto Audiencia Nacional calendarios entregas juicios.
- Fuga hacia terceros países
- Temiendo nueva política venezolana algunos fugitivos podrían intentar trasladarse hacia destinos tradicionales —México Cuba Brasil Uruguay— donde igualmente están refugiados otros 22 prófugos .
- Esto complicaría aún más labores policiales judiciales españolas.
En todos estos escenarios papel Gobierno español será escrutado minuciosamente tanto por víctimas socios oposición quienes convertirán cada movimiento posible munición política.
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