La oposición democrática venezolana tiene las pruebas contra Podemos: 14 millones

Anunciaron que iban a echar a Albert Rivera en cuanto pusiera los pies en el aeropuerto de Maiquetía, pero no pudieron hacerlo.

Lo que si han logrado los verdugos chavistas, bien asesorados por sus socios españoles de Podemos, es prohibir al líder de Ciudadanos que visite al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que se encuentra privado de libertad en su propia casa.

Y mientras tanto,se acumulan las pruebas contra Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y todos los dirigentes podemitas que durante diez años recibieron millones del régimen chavista y el encargo de montar una ‘franquicia’ bolivariana que desestabilizase el sistema en España y sirviera de cabeza de puente en la Unión Europea.

La oposición al régimen chavista, desde su victoria en las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela en diciembre pasado, ha utilizado su mayoría en la Asamblea Nacional para intentar desestabilizar al presidente Nicolás Maduro y uno de los temas en los que han centrado sus esfuerzos ha sido la utilización de fondos públicos para exportar el chavismo a España a través del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), embrión político de Podemos.

Pero antes de que la Mesa para la Unidad Democrática (MUD) lograra sus actuales 112 escaños en la Asamblea Nacional, los partidos que componen la coalición hicieron la guerra por su cuenta.

Entre ellos destaca Justicia Primero y, concretamente, el diputado Julio Montoya, que viajó a Madrid con 240 documentos que ofrecían una detallada radiografía de la relación entre la cúpula del chavismo y los cerebros de la Fundación CEPS.

Tras la denuncia presentada por el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) a la Fiscalía General de la República, la de Justicia Primero fue la segunda querella que se puso en marcha en Venezuela sobre la relación entre el embrión político de Podemos y el régimen bolivariano de Venezuela.

Montoya aterrizó en Madrid para lograr lo que no fue posible hacer en Caracas: una investigación seria e independiente sobre el desvío de fondos venezolanos para lanzar en nuestro país Podemos, que actuaría en España como una franquicia del chavismo, una maniobra que el régimen ya había llevado a cabo con éxito en Bolivia, Paraguay y Brasil.

Los más de 270 documentos aportados por Montoya desvelaron hasta qué punto la fundación CEPS (a la que en un momento u otro pertenecieron Iglesias, Errejón, Alegre, Bescansa, Pascual y Monedero, entre otros) y el aparato de comunicación del régimen chavista funcionaban como una maquinaria de propaganda coordinada.

El dosier contenía decenas de informes y cuadros explicativos de estrategia y comunicación política diseñados para orientar el mensaje de Maduro en otros tantos eventos orquestados por el régimen: entrega de viviendas sociales, jornadas de encuentro con la juventud venezolana, actos con la cúpula militar de la República, escenificación de negociaciones colectivas con funcionarios públicos, graduación de «misiones educativas», entregas de becas, y un largo etcétera de actos públicos del sucesor del fallecido Chávez.