Terror en Irán: en medio de la guerra, los ayatolás ejecutan a tres manifestantes, entre ellos un atleta profesional de 19 años

Saleh Mohammadi, un joven de 19 años y miembro del equipo nacional de lucha libre, fue ejecutado junto a otros dos jóvenes en Qom esta semana.

Este deportista, que había logrado una medalla de bronce en competiciones internacionales, fue ahorcado tras ser hallado culpable por su participación en las protestas que han sacudido Irán desde finales de 2025.

Su ejecución representa un antes y un después en la represión del régimen: mientras el país se enfrenta a un conflicto con Israel y Estados Unidos cada vez más intenso, los ayatolás han acelerado las ejecuciones de manifestantes, sin apenas garantías procesales.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que las confesiones de los tres ejecutados fueron obtenidas bajo tortura y coacción, sin acceso a una defensa legal adecuada ni a juicios justos. El caso de Mohammadi despertó alertas internacionales en febrero, debido a su condición de deportista joven y al evidente riesgo que implicaba una condena a muerte.

Sin embargo, el régimen ignoró las presiones globales y llevó adelante la ejecución. Este patrón se ha vuelto habitual: desde que estallaron las protestas hace meses, Irán ha condenado a la horca al menos a 26 manifestantes detenidos, mientras varios cientos más enfrentan cargos que también pueden llevar a la pena capital.

LOS ÚLTIMOS EJECUTADOS

• Saleh Mohammadi. 19 años. Estrella de la lucha libre. Fue torturado para que confesara el delito capital de declarar la guerra a Dios. Fue ejecutado sin un juicio justo. Cumplió 19 años el 11 de marzo. Fue acusado de participar en el asesinato de un policía en Qom el 8 de enero de 2026. En el caso de asesinato juzgado ante la Primera Sala del Tribunal Penal de Qom, Saleh fue condenado a qisas (ojo por ojo, ley del talión). La sentencia de qisas impuesta a Saleh debía ejecutarse en el lugar del presunto crimen.
• Mehdi Ghasemi. Fue acusado de llevar a cabo actividades operativas para «el gobierno israelí y el gobierno hostil de Estados Unidos de América, incitando a la gente a participar en conflictos y violencia con la intención de perturbar la seguridad del país». Mehdi Ghasemi era un joven que se echó a la calle en diciembre de 2025 y enero de 2026 para protestar contra la dictadura iraní y reivindicar sus derechos. Quería un país libre de la tiranía de los ayatolás.
• Saeid Davoudi fue acusado ​​de asesinar a dos agentes de policía «con cuchillos y espadas» durante las protestas de enero. Saeid Davodi habría cumplido 22 años el 21 de marzo. Saleh y Mehdi fueron ejecutados por cargos de asesinato, y Saeed, por el cargo de traición. No existen evidencias de ninguna conexión entre los manifestantes y gobiernos extranjeros.
• Danial Keramati. 19 años. Ejecutado por protestar contra los ayatolás en las manifestaciones en las que miles de universitarios se echaron a las calles exigiendo derechos humanos y libertad.
• Mohsen Azimnia, 20 años. Ejecutado en la horca por protestar contra los ayatolás. El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron una operación conjunta contra la tiranía de los ayatolás tras fracasar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, destinado a fabricar la bomba nuclear. En las negociaciones, la disidencia iraní pidió también que se incluyera la cuestión de las violaciones contra los derechos humanos en Irán.

La máquina de represión bajo la cobertura de la guerra

La represión se intensifica justo cuando Irán navega por tensiones militares regionales. Según informes recientes, organizaciones de derechos humanos advierten sobre el peligro inminente de ejecuciones masivas aprovechando el conflicto con Estados Unidos e Israel. El caos geopolítico actúa como una cortina de humo para acelerar juicios exprés y ejecuciones sin que la atención internacional se enfoque exclusivamente en las violaciones internas de derechos humanos.

Desde enero, cuando las protestas alcanzaron su punto álgido, las cifras sobre muertes varían considerablemente. Teherán reconoce oficialmente 3.117 fallecidos; sin embargo, organizaciones independientes como Human Rights Activists in Iran (HRANA) documentan al menos 6.854 muertes confirmadas, con otros 11.280 casos bajo investigación que podrían elevar el total hasta aproximadamente 18.000. Algunas estimaciones más altas, basadas en documentos filtrados del Ministerio de Sanidad iraní, apuntan a un número cercano a 30.000 víctimas. La represión ejercida desde enero fue feroz: cortes totales de internet durante más de 140 horas, detenciones masivas y arbitrarias, así como desapariciones forzadas que dificultaron la verificación independiente del alcance real de la violencia.

El cargo de ‘moharebé’: la herramienta legal para ejecutar

El mecanismo legal detrás de estas ejecuciones es el cargo de ‘moharebé’, que se traduce como «enemistad con Alá». Esta acusación en el sistema judicial iraní conlleva automáticamente la pena capital. Desde el 10 de enero, fiscales provinciales han calificado sistemáticamente las acciones de los manifestantes con este cargo, transformando lo que debería ser una protesta política en un delito castigable con muerte. El presidente del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni-Eje’i, ha ordenado explícitamente juicios rápidos y castigos «disuasorios», acelerando procesos que ya carecían de mínimas garantías.

Este tipo penal no es nuevo en Irán; desde la Revolución Islámica de 1979 miles de iraníes inocentes han sido ejecutados bajo acusaciones similares. Lo realmente alarmante hoy es la escala y velocidad con la que se están dando estas condenas: en cuestión de semanas, decenas de jóvenes han sido sentenciados, muchos menores incluso, utilizando confesiones televisadas obtenidas bajo tortura. Ahmad Batebi, periodista y defensor de derechos humanos que sufrió torturas durante años en prisiones iraníes, ha denunciado públicamente que estas prácticas siguen vigentes: simulacros de ejecución, aislamiento prolongado y obligación a confesar ante cámaras.

Confesiones bajo coacción y juicios sin defensa

Las autoridades iraníes niegan sistemáticamente el acceso a abogados durante los interrogatorios. De acuerdo con Amnistía Internacional, los detenidos son forzados a firmar declaraciones que no han tenido oportunidad ni siquiera de leer y deben realizar «confesiones» sobre crímenes que no cometieron. Los medios estatales transmiten numerosos vídeos propagandísticos donde aparecen personas detenidas «confesando» actos pacíficos como enviar imágenes sobre protestas a medios internacionales o cometiendo actos violentos inventados. Esta estrategia busca manipular la opinión pública y justificar condenas severas ante una población aterrorizada.

El caso de Saleh Mohammadi ilustra perfectamente esta dinámica opresiva. A pesar de negar los cargos presentados contra él, sus «confesiones» fueron emitidas por televisión nacional como prueba irrefutable de su culpabilidad. Ninguno de los tres ejecutados tuvo acceso a una defensa efectiva; los juicios duraron días —no semanas— y las sentencias fueron dictadas con la rapidez propia más bien de un acto administrativo que judicial.

Impunidad sistemática

Human Rights Watch ha documentado una política caracterizada por una «impunidad sistemática», lo cual permite a las fuerzas del orden actuar convencidas de que no tendrán consecuencias por sus abusos. Las detenciones se convierten así en herramientas para castigar políticamente cualquier intento genuino para lograr un cambio social o político en el país. Las familias afectadas sufren acoso constante; se prohíben reuniones públicas y patrullas armadas recorren incansablemente las ciudades. Además, el régimen ha impuesto toques nocturnos que hacen casi imposible ejercer derechos básicos.

Por si fuera poco, las autoridades retienen los cuerpos sin vida exigiendo exorbitantes sumas económicas o firmas comprometiéndose falsamente a declarar que el fallecido era miembro del cuerpo militar conocido como Guardia Revolucionaria, y no un simple manifestante. Estas prácticas no solo ocultan el número real de víctimas sino que también añaden una capa extra del sufrimiento ya padecido por familias desgarradas.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, así como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ONU han lanzado llamados urgentes al respecto. En enero pasado, 35 entidades defensoras catalogaron este período como uno de los más represivos en la historia reciente del país persa. La ONU solicitó acceso para llevar a cabo una misión investigativa independiente; sin embargo, Irán rechazó esta petición rotundamente. Sin observadores internacionales presentes y con internet cortado durante semanas enteras, el régimen creó lo que Human Rights Watch define como un «punto ciego informativo», facilitando así violaciones graves sin testigos.

Con la creciente tensión regional entre Irán, Estados Unidos e Israel, el régimen está aprovechando esta confusión global para acelerar sus ejecuciones. Actualmente hay varios cientos enfrentando cargos por ‘moharebé’, incluidos menores entre ellos. Las alertas internacionales dirigidas para frenar estas ejecuciones han demostrado ser totalmente ineficaces; Saleh Mohammadi fue ejecutado pese a ellas y otros seguirán su camino hacia este trágico destino quizás sin que nadie lo llegue a saber.