El sátrapa bolivariano se aferra al poder y promete más «baño de sangre»

MadNo podemos ignorar que estas protestas, que ya han dejado un saldo trágico de 25 muertos, surgen en un contexto de denuncias de fraude electoral y una creciente represión estatal.

Maduro, al exigir mayor celeridad y eficiencia a los poderes del Estado para combatir lo que él denomina “delitos de odio”, no solo refuerza su discurso autoritario, sino que también busca silenciar cualquier disidencia bajo la justificación de preservar el orden.

Su retórica, que señala a sus opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado como responsables de un supuesto “golpe de Estado”, refleja una estrategia clara: desviar la atención de las irregularidades en el proceso electoral y criminalizar a la oposición.

La narrativa del dictador, cargada de acusaciones sin pruebas claras, y la represión que ha seguido, parece más un intento desesperado por mantener el control que una verdadera búsqueda de justicia.

El hecho de que Machado haya tenido que declararse en la clandestinidad y que González Urrutia esté desaparecido de la vida pública, solo refuerza la percepción de que en Venezuela, la libertad de expresión y la participación política están bajo constante amenaza.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), que aún no ha publicado el detalle del escrutinio alegando un ataque cibernético, suma otro elemento de opacidad a un proceso ya de por sí dudoso. La oposición, que asegura que su candidato obtuvo el 67% de los votos y ha presentado evidencia en un sitio web con actas escaneadas, ha sido rápidamente silenciada con una investigación por parte de la Fiscalía. Esto pone de manifiesto la falta de transparencia y la parcialidad de las instituciones venezolanas, muchas de las cuales han sido acusadas de servir a los intereses del chavismo.

En este escenario, la apelación de Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que certifique su reelección parece ser la última jugada en un tablero que está completamente inclinado a su favor. Sin embargo, académicos y dirigentes políticos han advertido sobre la improcedencia de tal certificación, lo que podría agudizar aún más la crisis política en el país.

Venezuela se encuentra en un momento crucial. Las decisiones que se tomen en los próximos días podrían determinar si el país logra encontrar una salida pacífica a su crisis política o si se hunde aún más en la represión y el autoritarismo. Lo que está en juego no es solo la legitimidad de un gobierno, sino el futuro de la democracia venezolana.