Morales, quien gobernó Bolivia de 2006 a 2019, es investigado por presunta «trata de personas» y «estupro» en un caso que involucra a una menor de edad con la que, según la denuncia, habría tenido un hijo. La víctima supuestamente formaba parte de «Generación Evo», un grupo juvenil creado durante su presidencia.
El hecho de que Morales no se presentara a declarar en Tarija, como estaba citado, da lugar a la emisión de la orden. Sin embargo, su defensa argumenta que existe una sentencia constitucional que establece que el caso debería tratarse en Cochabamba, su lugar de residencia. Esta excusa, no obstante, no ha sido aceptada por la Fiscalía, que también ha llamado a declarar a otras dos personas involucradas en el caso.
La fiscal Gutiérrez ha sido enfática al señalar que “no se está vulnerando ningún derecho”, afirmando que el proceso es transparente y conforme a la ley. Sin embargo, el contexto político no se puede ignorar. Morales ha denunciado que esta investigación es una «persecución política» y que enfrenta una «batalla jurídica» en su contra. Su distanciamiento con el actual gobierno de Luis Arce, a quien acusa de conspirar en su contra, añade otra capa de complejidad a la situación.
Las organizaciones sociales afines a Morales ya han advertido que si la Fiscalía emite la orden de aprehensión, iniciarán un bloqueo nacional de caminos. En un país donde la movilización social ha sido clave para definir la política, esta amenaza podría generar un nuevo escenario de confrontación.
No es la primera vez que Morales enfrenta cargos y polémicas desde su salida del poder en 2019, tras denuncias de fraude electoral. Esta denuncia en particular, presentada el pasado 26 de septiembre, llega en un momento crucial: tres días después de la llegada a La Paz de una marcha encabezada por el propio Morales para exigir la validación de su candidatura como el «único candidato» del MAS para las elecciones de 2025.
El Grupo de Puebla, que agrupa a varios líderes de la izquierda latinoamericana, ha expresado su preocupación por lo que consideran una «campaña de lawfare» contra el exmandatario.
Este término, utilizado para describir la judicialización de la política con fines persecutorios, ha sido aplicado en casos similares en la región, como los de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.
En este contexto, surge la pregunta: ¿es el caso contra Morales un acto de justicia o una maniobra política para debilitar su figura de cara a las próximas elecciones? Morales asegura contar con el apoyo de más de 200 abogados dispuestos a defenderlo «gratuitamente», un reflejo de su influencia y poder de convocatoria. La polarización y el conflicto están a la vuelta de la esquina, y el país se enfrenta a la posibilidad de un nuevo periodo de inestabilidad social y política. ¿Se trata de justicia o simplemente de una estrategia para neutralizar a un adversario político?
