El narcodictador Nicolás Maduro jura como «presidente» de Venezuela

Un acto rápido, realizado en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, escenificó la continuidad de un gobierno que ha perdido la legitimidad ante buena parte de la comunidad internacional. Mientras tanto, la oposición, liderada por figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, denuncia fraudes y abusos que parecen perpetuar un sistema cerrado a cualquier posibilidad de renovación democrática.

La promesa de Maduro de inaugurar un “periodo de paz, prosperidad y nueva democracia” resulta paradójica cuando las calles de Caracas y otras ciudades fueron escenario de manifestaciones masivas en su contra.

El clamor popular no solo refleja el agotamiento de la población ante las políticas de un régimen cuestionado, sino también la esperanza de un cambio que sigue encontrando fuertes barreras. La reaparición de Machado, tras meses de silencio, pone de relieve la resistencia de una oposición que, pese a los riesgos, se mantiene firme en su lucha por un sistema más justo y representativo.

El gobierno responde con las mismas herramientas de siempre: el cierre de la frontera con Colombia bajo el pretexto de una conspiración internacional y el endurecimiento de las restricciones internas. Estas acciones, lejos de proteger la paz y la soberanía, perpetúan el aislamiento del país y el sufrimiento de su gente.

Las sanciones de la Unión Europea contra funcionarios clave del gobierno venezolano son un recordatorio de que la comunidad internacional no avala los abusos del chavismo. Sin embargo, las medidas externas por sí solas no resolverán la crisis: el cambio debe surgir desde adentro, impulsado por los mismos venezolanos.

En este contexto, resulta interesante el posicionamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Su condena a la “criminalización” de la oposición venezolana, matizada por el llamado al respeto de la soberanía, ilustra el delicado equilibrio que buscan algunos países latinoamericanos. Sin embargo, el llamado a “esperar a ver qué pasó” puede interpretarse como una actitud tibia frente a violaciones claras de derechos humanos.

El caso venezolano es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la región para consolidar democracias plenas. La lucha de la oposición y el descontento popular son signos de que el cambio es posible, pero éste solo se concretará si las voces de los ciudadanos logran imponerse sobre las estructuras de poder que, hasta ahora, han obstaculizado el progreso. Mientras tanto, el país sigue atrapado en un ciclo de tensión y resistencia, esperando el momento en que la verdadera democracia deje de ser una promesa incumplida.