Migrantes en EEUU: El sistema de puntos que usó la Administración Trump para enviar a un maquillador venezolano a una cárcel de máxima seguridad

Hoy, sábado 17 de mayo de 2025, el caso de Andry José Hernández Romero sigue conmocionando a la comunidad internacional. Este venezolano de 31 años, maquillador de profesión, fue deportado de Estados Unidos a una megacárcel en El Salvador tras ser clasificado como miembro del Tren de Aragua mediante un cuestionado sistema de puntos que ha puesto en entredicho las políticas migratorias de la administración Trump.

El sistema que criminaliza la identidad

El mecanismo que selló el destino de Hernández es tan simple como alarmante. Cuando llegó a la frontera de San Ysidro el 29 de agosto del año pasado para solicitar asilo político, fue detenido y enviado al centro de detención Otay Mesa en San Diego. Allí, un funcionario de la empresa privada CoreCivic utilizó un formulario denominado «Validación/Confirmación de Miembro de Grupo que Amenaza la Seguridad».

Este sistema asigna puntos según ciertos criterios y establece que si un detenido alcanza 10 o más, es considerado miembro confirmado de una pandilla. En el caso de Andry, recibió 5 puntos exclusivamente por sus tatuajes: dos coronas en sus muñecas que acompañaban las palabras «mom» y «dad» (mamá y papá).

Lo que para Hernández era un homenaje sentimental a sus padres inspirado en la festividad de los Reyes Magos que se celebra en su pueblo natal, Capacho Nuevo, para las autoridades estadounidenses fue suficiente para vincularlo con la temida banda criminal venezolana.

«Si yo hubiera sabido que por esas coronitas se lo iban a llevar a la cárcel, nunca se las habría tatuado», declaró a medios internacionales José Manuel Mora, el tatuador que realizó el trabajo siete años atrás.

Un segundo mecanismo aún más severo

La investigación sobre este caso ha revelado la existencia de un segundo formulario más estricto titulado «Guía de Validación de Enemigos Extranjeros», identificado por la ACLU. Este documento asigna puntuaciones por tatuajes, vestimenta o publicaciones en redes sociales que puedan relacionar a un individuo con grupos criminales.

Esta guía, inspirada en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, está siendo utilizada para justificar deportaciones aceleradas sin pruebas sólidas. Precisamente, la semana pasada el gobierno de Trump invocó esta ley, poco utilizada desde la Segunda Guerra Mundial, que permite al presidente deportar a extranjeros en tiempos de guerra.

Un solicitante de asilo con un caso «fuerte»

La abogada de Hernández, Lindsay Toczylowski, ha señalado que su cliente tenía un caso de asilo sólido. «El gobierno había encontrado que sus amenazas contra él eran creíbles y que tenía una probabilidad real de ganar una solicitud de asilo», explicó la letrada.

Hernández huyó de Venezuela en mayo del año pasado debido a persecución por sus ideas políticas y su orientación sexual. Como muchos migrantes, atravesó la peligrosa selva del Darién hasta llegar a Tijuana, México, donde solicitó una cita para presentarse legalmente en la frontera estadounidense.

La deportación y el Centro de Confinamiento del Terrorismo

El pasado mes de marzo, Hernández fue deportado junto a otros 237 inmigrantes venezolanos a El Salvador, Honduras y Venezuela. Muchos de ellos, incluido Andry, fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión de máxima seguridad salvadoreña donde, según numerosas denuncias, se cometen graves violaciones a los derechos humanos.

El fotoperiodista Philip Holsinger fue el último en ver a Hernández en el CECOT. Lo fotografió mientras le rapaban la cabeza, momento en que el joven gritaba desesperadamente: «¡No soy pandillero, soy gay, soy peluquero!». Según el testimonio del fotógrafo, Andry fue silenciado con bofetadas mientras clamaba por su madre.

Un expolicía desacreditado y la falta de debido proceso

Una investigación reciente de USA Today ha revelado que un expolicía de Milwaukee, que ya no forma parte del cuerpo por problemas disciplinarios, jugó un papel determinante en la deportación de Hernández. Este agente, que fue despedido tras chocar contra una casa mientras conducía ebrio, habría denunciado al venezolano como miembro de pandilla basándose únicamente en sus tatuajes.

Los portavoces del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han afirmado que no se contentan con utilizar solamente tatuajes para determinar la afiliación de los individuos a pandillas. Sin embargo, en el caso de Hernández, no se presentaron otras pruebas.

La reacción internacional y las peticiones de pruebas de vida

El caso ha generado una ola de indignación internacional. El gobernador de California y varios congresistas han solicitado pruebas de vida del joven. Su madre, Alexis Romero, ruega diariamente por información sobre su hijo: «Quiero saber si le dieron agüita, si le dieron comidita. Todos los días le pido a Dios que me lo devuelva», ha declarado entre lágrimas.

Varias organizaciones, entre ellas la Campaña de Derechos Humanos, han exigido al Secretario de Estado Marco Rubio y a la Secretaria de Seguridad Interna Kristi Noem el cese de todas las deportaciones injustificadas y que tomen las medidas necesarias para garantizar el retorno de Hernández a Estados Unidos.

Un sueño truncado por la discriminación

Amigos y familiares recuerdan que Andry emigró en busca de una vida mejor. Trabajó en Bogotá como maquillador, y más tarde en un canal de televisión en Caracas, de donde salió por amenazas relacionadas con su orientación sexual y opiniones políticas.

Su sueño era abrir un salón de belleza y ayudar a sus padres. Hoy, su paradero exacto sigue siendo incierto. «No nos han confirmado su ubicación exacta», declaró su abogada. «Solo nos informaron que está en El Salvador».

El caso de Andry Hernández pone de manifiesto los riesgos de un sistema migratorio que toma decisiones sin sustento sólido, criminalizando la identidad y la cultura. También evidencia las consecuencias de políticas que priorizan la deportación masiva sobre el debido proceso y los derechos humanos, dejando a solicitantes de asilo legítimos en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración continúan luchando por obtener información sobre su situación y lograr su regreso a Estados Unidos para que pueda continuar con su proceso de asilo, interrumpido abruptamente por un sistema que lo condenó por dos tatuajes que solo pretendían honrar a sus padres.