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EXPERTOS DE LA ONU DENUNCIAN VIOLACIONES SISTEMÁTICAS DE DERECHOS HUMANOS

Nicaragua: los 6 crímenes de lesa humanidad que el último informe de la ONU atribuye al sandinista Ortega y a la diabólica Murillo

El matrimonio presidencial nicaragüense enfrenta graves acusaciones mientras el país se aísla cada vez más de la comunidad internacional

Periodista Digital 28 May 2025 - 05:05 CET
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Hoy, martes 27 de mayo de 2025, el régimen nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentra en el centro de una tormenta internacional tras la publicación de un demoledor informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) que documenta seis crímenes de lesa humanidad perpetrados sistemáticamente contra la población nicaragüense.

El informe, presentado en abril ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, identifica a 54 altos funcionarios como responsables de violaciones graves de derechos humanos, encabezados por los autoproclamados «copresidentes» Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes consolidaron su poder mediante una reforma constitucional en febrero de este año.

Los seis crímenes de lesa humanidad documentados

El grupo de expertos de la ONU ha concluido que existen «motivos razonables» para creer que el régimen nicaragüense ha cometido seis crímenes de lesa humanidad desde 2018:

  1. Asesinatos extrajudiciales, principalmente durante la represión de las protestas de 2018, que dejaron 355 muertos.
  2. Detenciones arbitrarias y privación grave de libertad contra opositores políticos y voces críticas.
  3. Tortura y tratos crueles en centros de detención contra presos políticos.
  4. Violencia sexual como método de represión y castigo.
  5. Deportación forzada y despojo de nacionalidad a 546 personas, dejando a muchas en condición de apátridas.
  6. Persecución por motivos políticos contra cualquier forma de disidencia.

El informe de 234 páginas detalla cómo Ortega y Murillo «controlan todos los poderes e instituciones del Estado» mediante una extensa red de vigilancia e inteligencia que incorpora estructuras del partido gobernante FSLN y grupos armados progubernamentales para silenciar cualquier oposición.

Un régimen que huye del escrutinio internacional

La respuesta del régimen nicaragüense al informe ha sido contundente: el 27 de febrero, Nicaragua anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificando el informe como una «evidencia del doble rasero y la politización» de los mecanismos internacionales.

«Para Nicaragua, estos irrespetuosos mecanismos perdieron su naturaleza y decencia, no los reconocemos y no nos vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía», declaró Rosario Murillo en un mensaje televisado, mientras que la noche anterior había juramentado a 30.000 paramilitares encapuchados, uno de los principales brazos represores señalados por la ONU.

El aislamiento internacional de Nicaragua se ha profundizado, abandonando también otras agencias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La maquinaria represiva al descubierto

El informe del GHREN revela que el Ejército nicaragüense, que había negado su participación en la represión de 2018, estuvo directamente implicado en coordinación con la policía y grupos armados progubernamentales.

Entre los 54 funcionarios señalados como responsables figuran:

«Estamos viendo la represión sistemática de cualquiera que se atreva a desafiar el control de Ortega y Murillo. Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo», declaró Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos.

Acciones legales internacionales

La comunidad internacional ha comenzado a movilizarse. En Argentina, un fiscal abrió una investigación penal contra Ortega y Murillo por presuntos crímenes de lesa humanidad bajo el principio de jurisdicción universal.

Interpol está investigando a 10 altos cargos del régimen nicaragüense procesados por Argentina, preparando la activación de alertas rojas de arresto internacional.

Los expertos de la ONU han instado a los gobiernos a presentar una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, así como a ampliar las sanciones contra los responsables.

La situación actual: 52 presos políticos y comunidades indígenas bajo ataque

Actualmente, 52 presos políticos permanecen encarcelados en Nicaragua, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Mientras tanto, las comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan una escalada de violencia.

Los líderes indígenas son objeto de campañas de difamación, vigilancia, acoso y detención arbitraria. El Grupo de Expertos documentó 67 incidentes de asaltos violentos contra pueblos indígenas en los territorios miskitus y mayangnas desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, incluyendo asesinatos, lesiones, violencia sexual y secuestros.

En septiembre de 2023, la policía detuvo a Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, dos de los principales líderes del partido indígena YATAMA, al que el Consejo Supremo Electoral despojó de su registro legal en octubre de 2023.

Nicaragua: un país con una rica historia y cultura

A pesar de la oscura situación política actual, Nicaragua es un país con una fascinante historia y cultura:

Un futuro incierto

El mandato actual del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua está previsto para renovación en marzo de 2025. Human Rights Watch ha instado al Consejo de Derechos Humanos a extender este mandato por dos años más, dado el agravamiento de la represión.

«El escrutinio internacional sostenido es indispensable en Nicaragua, que se ha convertido en uno de los regímenes más opresivos de la región», afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Mientras tanto, el pueblo nicaragüense sigue sufriendo bajo un régimen que ha desmantelado sistemáticamente todas las instituciones democráticas y controles al poder, transformando deliberadamente al país en un Estado autoritario donde las voces disidentes son silenciadas y la población enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas.

La comunidad internacional se encuentra ante el desafío de tomar medidas decisivas para abordar estas violaciones, advirtiendo que la inacción solo fortalecerá al régimen y prolongará el sufrimiento del pueblo nicaragüense.

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