Una juez federal ordena a Trump detener los arrestos de inmigrantes en California ‘por su color de piel o su acento’

Este sábado, 12 de julio de 2025, el debate sobre la política migratoria estadounidense vive un nuevo capítulo tras la decisión de una juez federal que restringe las detenciones de inmigrantes en el sur de California.

El fallo responde a la presión social y jurídica contra las recientes redadas que han intensificado la expulsión de migrantes desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, marcando un antes y un después en la batalla judicial por los derechos de los inmigrantes y el uso del perfil étnico como criterio policial.

La sentencia dictada por la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, se produce tras una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos civiles y cinco personas afectadas. Denuncian que agentes federales han llevado a cabo detenciones en Los Ángeles y sus alrededores sin acreditar causa probable, basándose únicamente en características como el color de piel, idioma o lugar de trabajo.

La jueza fue tajante: “El gobierno no ha demostrado que las detenciones se basen en inteligencia operativa real y no simplemente en la apariencia o el contexto social de las personas”. En consecuencia, ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que desarrolle nuevas directrices para garantizar que las sospechas sean razonables y estén fundamentadas fuera del aspecto físico o el entorno.

• La restricción afecta a siete condados del área metropolitana de Los Ángeles.
• El DHS deberá documentar cada arresto y permitir el acceso inmediato a abogados para los detenidos.
• La medida también implica al FBI y al Departamento de Justicia, involucrados en el operativo.

Contexto social y político: polarización y consecuencias

El clima político californiano lleva años tensionado por las políticas migratorias federales. Las ciudades santuario, como Los Ángeles, han resistido históricamente colaboraciones con las autoridades federales para proteger a los inmigrantes indocumentados. Sin embargo, desde enero, con Trump nuevamente en la Casa Blanca, las redadas han aumentado su frecuencia e intensidad.

Entre el 6 de junio y el 10 de julio se han producido casi 2.800 arrestos solo en el sur de California; según datos oficiales, cerca del 70% de los detenidos no tenía antecedentes penales ni cargos criminales previos. Las redadas han generado miedo entre comunidades enteras, provocando una paralización parcial en sectores laborales donde predominan trabajadores inmigrantes:

• Car wash, tiendas latinas, estacionamientos y paradas de autobús se convirtieron en escenarios habituales para los arrestos.
• Los agentes rara vez se identificaban antes de proceder a las detenciones.
• Algunas víctimas eran ciudadanos estadounidenses o residentes legales detenidos “por error”.

Las autoridades locales —Los Ángeles, Pasadena, Santa Mónica o Pico Rivera— se han sumado a la demanda alegando que las redadas obedecen más a motivos políticos que a necesidades reales de seguridad pública.

Expulsiones desde enero: cifras récord bajo Trump

El endurecimiento del control migratorio desde la vuelta de Trump al poder ha tenido un impacto directo en el número de deportaciones. Desde su toma de posesión el 20 de enero hasta principios de febrero, Estados Unidos expulsó oficialmente a 4.745 inmigrantes latinoamericanos irregulares. De ellos:

• 4.094 eran mexicanos.
• 306 colombianos, tras una crisis diplomática entre ambos países cuando Colombia inicialmente rechazó recibir vuelos con deportados.

Estas cifras reflejan solo una parte del fenómeno, ya que desde entonces las operaciones se han multiplicado y la administración ha desplegado incluso efectivos militares adicionales en la frontera sur para contener nuevas llegadas.

Tensión diplomática

Las deportaciones masivas han generado roces diplomáticos con países latinoamericanos, especialmente México y Colombia. Washington ha presionado con aranceles para forzar la aceptación de vuelos con retornados, evidenciando cómo la política migratoria estadounidense tiene efectos colaterales más allá de sus fronteras.

Reacciones sociales e institucionales

La respuesta social no se ha hecho esperar:

• Organizaciones civiles denuncian violaciones sistemáticas a derechos constitucionales básicos.
• En la iglesia católica estadounidense, figuras como el cardenal Blaise Cupich han expresado públicamente su rechazo frontal a cualquier plan de deportación masiva.
• El propio Papa Francisco envió recientemente una carta condenando estas medidas por “herir la dignidad humana”.

A nivel político local, alcaldes y concejales denuncian que estas operaciones buscan “hacer un ejemplo” del sur californiano ante su resistencia a colaborar con ICE.

Perspectivas: ¿y ahora qué?

El fallo judicial supone un revés importante para la política migratoria actual pero su alcance es limitado territorialmente. La administración Trump mantiene su compromiso declarado con lo que denomina “el mayor plan masivo de deportaciones en la historia”, usando redes sociales para movilizar apoyos e instar a los agentes federales a intensificar sus esfuerzos.

De cara al futuro inmediato:

• El DHS debe revisar sus protocolos bajo supervisión judicial.
• Se prevén nuevos recursos legales tanto por parte del gobierno federal como por organizaciones civiles.
• La batalla política continuará especialmente en estados clave durante la campaña presidencial.

En definitiva, este fallo marca un hito simbólico y práctico en la defensa legal contra los excesos policiales asociados a políticas migratorias restrictivas. Mientras tanto, miles de familias migrantes siguen viviendo entre el temor al arresto indiscriminado y la esperanza puesta en los tribunales.