Se pone dura la cosa.
La política argentina vive horas de máxima tensión. Javier Milei, presidente ultraliberal, ha denunciado un “intento de golpe institucional” tras la votación en el Senado de varias leyes que incrementan el gasto fiscal, desafiando abiertamente el corazón de su programa económico.
Para Milei, mantener el superávit es innegociable. Sin embargo, la oposición parlamentaria ha logrado aprobar proyectos que contemplan subidas en las jubilaciones y pensiones, así como la restitución de beneficios sociales, rompiendo la lógica del ajuste que venía marcando la agenda oficialista.
El paquete legislativo aprobado implica, entre otros puntos, un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones, la actualización del bono extraordinario para jubilados y una prórroga en la moratoria previsional.
Estas medidas llegan tras meses de recortes severos y tienen un impacto fiscal significativo: según cálculos oficiales, podrían suponer hasta un 2,5% del PIB anualizado si se aplican en su totalidad el próximo año.
Para Milei y su equipo económico, esto pone en jaque el objetivo central del superávit fiscal, clave para cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional y sostener la estabilidad macroeconómica lograda hasta ahora.
Un choque frontal entre Ejecutivo y Legislativo
Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, Milei ha convertido el ajuste fiscal y la reducción del Estado en ejes indiscutibles de su gestión. En apenas siete meses, ha impulsado una batería de medidas que incluyen desde la privatización de empresas públicas hasta una fuerte reducción del gasto social y la eliminación de controles cambiarios previstos para este año. El Gobierno sostiene que estos cambios ya han permitido alcanzar un superávit primario del 0,8% del PIB en los primeros cinco meses de 2025 y se plantea elevar ese objetivo al 1,6% antes de fin de año.
La reciente decisión del Senado supone un duro revés político para Milei. El presidente ha anunciado que vetará todas las leyes aprobadas que impliquen mayor gasto público y no descarta judicializarlas si fuera necesario. En palabras del mandatario: “No voy a ceder ni un centímetro frente a quienes quieren volver al déficit eterno”.
La oposición defiende estas iniciativas como una respuesta necesaria ante el deterioro social generado por los recortes. Según los bloques opositores —que lograron amplias mayorías aunque insuficientes para bloquear un veto presidencial— la situación de los jubilados y personas con discapacidad exige respuestas urgentes tras meses de caída real en sus ingresos. Este pulso entre poderes refleja también las diferencias entre la Casa Rosada y los gobernadores provinciales, muchos de ellos afectados por los ajustes y deseosos de mayor autonomía financiera.
Las 10 medidas clave ya adoptadas por Milei
La gestión Milei se ha caracterizado por una serie de reformas estructurales rápidas e intensas:
- Reducción drástica del gasto público mediante recortes en subsidios energéticos y sociales.
- Privatización o intento de privatización de empresas estatales emblemáticas.
- Eliminación progresiva de controles cambiarios y anuncio del uso libre de monedas extranjeras para transacciones internas.
- Reforma laboral con flexibilización en condiciones de contratación.
- Congelamiento o disminución real del salario público.
- Ajuste fuerte sobre las transferencias discrecionales a provincias.
- Prórroga del presupuesto nacional previo ante falta de acuerdos legislativos para aprobar uno nuevo.
- Reforma tributaria con rebajas selectivas e intento de simplificación impositiva.
- Implementación parcial del “Pacto de Mayo”, donde se busca reducir el gasto consolidado al 25% del PIB.
- Compromiso expreso con el superávit fiscal más allá incluso de lo exigido por organismos internacionales.
Estas medidas han generado tanto elogios —por parte de inversores internacionales atraídos por la promesa de estabilidad— como duras críticas internas debido a su impacto social inmediato.
Riesgos económicos y políticos
El conflicto actual no solo es institucional sino también económico. Si prospera el aumento del gasto aprobado por el Congreso sin compensaciones equivalentes en otros rubros, el país podría pasar rápidamente del superávit al déficit. Esto pondría presión sobre los mercados financieros: los analistas advierten sobre posibles caídas en los bonos argentinos y subidas en el riesgo país si se percibe que Argentina abandona el sendero ortodoxo.
Además, existe incertidumbre respecto a la sostenibilidad social y política del ajuste. El desempleo elevado y la pobreza persistente mantienen alta la tensión social. La estrategia oficialista se apoya casi exclusivamente en mantener a raya la inflación y recuperar credibilidad externa; sin embargo, este equilibrio es frágil si las mayorías parlamentarias deciden avanzar con agendas propias.
Perspectivas inmediatas
El escenario argentino permanece abierto. En las próximas semanas será clave observar:
- Si Milei logra sostener sus vetos ante nuevas ofensivas legislativas.
- Cómo reaccionan los mercados ante señales mixtas sobre política fiscal.
- Si se abre algún canal realista para negociar reformas graduales que contemplen tanto sostenibilidad macroeconómica como amortiguadores sociales.
En definitiva, Argentina enfrenta una prueba decisiva sobre qué modelo económico —y qué tipo de relación entre poderes— prevalecerá. La apuesta por un ajuste sin concesiones ha chocado contra límites políticos e institucionales que amenazan con reconfigurar tanto la agenda reformista como la gobernabilidad efectiva.
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