EEUU etiqueta como ‘entidad terrorista’ al Cártel de los Soles y pone en la mira los negocios con droga del chavista Maduro

Están hasta las trancas.

En todo lo sucio.

Este sábado, 26 de julio de 2025, Estados Unidos ha dado un giro decisivo en su política hacia Venezuela.

El Departamento del Tesoro anunció la inclusión del Cártel de los Soles, organización criminal venezolana vinculada al chavismo, en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), catalogándola oficialmente como “entidad terrorista internacional”.

Esta medida representa el paso más contundente hasta la fecha en el esfuerzo por frenar los negocios de la droga del régimen de Nicolás Maduro y su círculo, señalados como una amenaza para toda la región.

La acción, que implica sanciones directas e indirectas para cualquier persona u organización que mantenga vínculos con el grupo, se produce tras años de denuncias sobre la utilización del aparato estatal venezolano para facilitar el tráfico internacional de estupefacientes.

En palabras de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, se utilizarán “todos los recursos a disposición para evitar que Nicolás Maduro continúe lucrando con la destrucción de vidas estadounidenses y la desestabilización de nuestro hemisferio”.

Un narcoestado bajo lupa

El Cártel de los Soles no es una novedad en los informes de seguridad internacional. Su nombre aparece desde los años noventa, cuando militares venezolanos comenzaron a aceptar sobornos para permitir el paso seguro de cargamentos de droga. Aquellas primeras redes han evolucionado hasta convertirse en una estructura criminal integrada por altos mandos militares, funcionarios y operadores políticos estrechamente vinculados al chavismo. El propio Maduro, junto a figuras como Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y Tareck El Aissami, han sido señalados por investigaciones estadounidenses como líderes o piezas clave del entramado.

Durante las últimas dos décadas, Estados Unidos ha recogido evidencias que apuntan a una alianza entre sectores militares venezolanos y grupos armados extranjeros como las FARC colombianas y organizaciones criminales mexicanas, entre ellas el Cártel de Sinaloa. La colaboración ha incluido desde protección logística hasta rutas seguras para el envío de cocaína hacia Norteamérica y Europa. El Departamento del Tesoro subraya que estas actividades no solo enriquecen a los altos cargos chavistas sino que también financian a organizaciones terroristas regionales, exacerbando la violencia y alimentando circuitos ilegales en todo el continente.

¿Qué implica la designación?

La decisión estadounidense tiene un efecto inmediato: intensifica la presión económica sobre el régimen venezolano al aislar aún más sus fuentes ilícitas de financiamiento. Toda persona física o jurídica que mantenga relaciones comerciales o financieras con el Cártel de los Soles se expone ahora a sanciones secundarias. Esto incluye desde bancos internacionales hasta empresas intermediarias, cerrando vías para blanquear capitales o reinvertir ganancias provenientes del narcotráfico.

Entre las nuevas medidas se encuentran:

• Congelación inmediata de activos bajo jurisdicción estadounidense.
• Prohibición total para ciudadanos o empresas estadounidenses de realizar transacciones con individuos o entidades asociadas al cartel.
• Advertencia explícita a terceros países y actores internacionales sobre el riesgo legal y reputacional por mantener vínculos con el grupo.

Washington justifica este endurecimiento señalando que “la organización venezolana opera como agrupación terrorista transnacional y organización criminal”, actuando bajo protección estatal y representando un peligro real para la estabilidad hemisférica.

Los negocios ilícitos del chavismo

El trasfondo económico es ineludible: según las autoridades estadounidenses, el tráfico de drogas se ha convertido en una fuente vital para sostener al régimen chavista ante la asfixia financiera provocada por otras sanciones internacionales. El dinero proveniente del narcotráfico se habría utilizado tanto para enriquecer a las élites gobernantes como para financiar campañas políticas, comprar lealtades militares y mantener redes clientelares dentro y fuera del país.

Las principales actividades señaladas incluyen:

• Tráfico masivo de cocaína hacia Estados Unidos, Europa y África Occidental.
• Lavado sistemático de activos mediante empresas pantalla y operaciones inmobiliarias.
• Alianzas logísticas con grupos criminales regionales como el Tren de Aragua.
• Utilización del aparato estatal (adunas, aeropuertos militares, flotilla aérea) para blindar las operaciones.

En marzo de 2020, Estados Unidos ya había presentado cargos formales contra Maduro y su entorno por delitos relacionados con narcotráfico y lavado. La inclusión actual en la lista SDN refuerza esas acusaciones ante la falta de colaboración judicial por parte del gobierno venezolano.

Contexto político e impacto regional

La medida llega en un momento especialmente delicado tras las controvertidas elecciones presidenciales venezolanas celebradas en julio del año pasado, cuya legitimidad ha sido cuestionada por Washington. La administración Biden ha endurecido su discurso tras constatar que el proceso electoral no cumplió con garantías mínimas ni permitió una competencia libre.

Estados Unidos acusa abiertamente a Maduro no solo por su papel en el narcotráfico sino también por desestabilizar políticamente a los países vecinos al fomentar flujos migratorios masivos e intervenir en procesos internos mediante redes criminales aliadas.

Las consecuencias inmediatas pueden resumirse así:

• Mayor aislamiento financiero internacional para Venezuela.
• Dificultades adicionales para acceder a mercados legales e ilegales.
• Refuerzo del cerco judicial contra funcionarios chavistas.
• Incremento potencial de tensiones diplomáticas en América Latina.

Respuestas y perspectivas

Hasta ahora, ni el Ministerio venezolano ni Nicolás Maduro han emitido respuesta oficial a esta última sanción. En anteriores ocasiones, Maduro ha calificado estas acusaciones como “campañas de desprestigio” e insiste en culpar a Estados Unidos por no controlar su propio consumo interno. Sin embargo, analistas coinciden en que esta nueva designación complica severamente las posibilidades económicas del régimen.

A corto plazo, cabe esperar:

• Reforzamiento operativo contra redes financieras vinculadas al Cártel.
• Posibles represalias retóricas o simbólicas desde Caracas.
• Intensificación del debate internacional sobre la situación venezolana.

A medio plazo, si otros países aliados siguen los pasos estadounidenses, las fuentes ilegales podrían verse aún más comprometidas. Sin embargo, expertos advierten que mientras persista la protección estatal interna y regional hacia estos actores criminales —incluidos acuerdos tácitos con otros gobiernos— será difícil erradicar completamente sus actividades.

Lo cierto es que hoy el régimen chavista enfrenta uno de sus mayores retos internacionales: demostrar si puede sobrevivir sin depender estructuralmente del narcotráfico o si su permanencia está inevitablemente ligada al crimen organizado transnacional.