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El país al borde del colapso institucional

La Administración Trump pone precio a la captura del pandillero haitiano «Barbecue»

La recompensa de cinco millones de dólares por Jimmy Cherizier simboliza no solo la gravedad del momento, sino también el vacío de poder que asfixia a Haití.

Paul Monzón 12 Ago 2025 - 23:07 CET
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Haití arde y el humo no deja ver el horizonte. Este martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó a cinco millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, líder de la banda Viv Ansanm. El gesto es tan mediático como sintomático: cuando la mayor potencia del mundo pone precio a la cabeza de un criminal extranjero, lo que subyace es el reconocimiento de que un Estado soberano ha perdido el control sobre su propio territorio.

Más del 90% de Puerto Príncipe está bajo dominio de organizaciones armadas. La capital se ha convertido en un tablero donde el Estado es pieza menor y donde los señores de la guerra dictan las reglas. El gobierno de transición haitiano, que debería preparar elecciones para fin de año, apenas sobrevive en medio de un dominio territorial fragmentado y un clima de miedo colectivo.

Cherizier, lejos de ocultarse, proclama su ambición de derrocar al Consejo Presidencial de Transición. No se trata solo de delincuencia común: es una pulsión política armada, un desafío frontal al frágil esqueleto institucional haitiano.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris, lo define como un “líder responsable de abusos odiosos a los derechos humanos”, y lo vincula incluso con violencia contra ciudadanos estadounidenses.

A la imputación por crímenes, se suma el cargo de conspiración para transferir ilegalmente fondos desde EE.UU. y evadir sanciones. Una muestra cruda de que la economía de las bandas es transnacional, y que su poder no se explica solo por la miseria local, sino también por flujos de dinero y armas que las potencias no han sabido —o querido— cortar de raíz.

La recompensa, en teoría, puede alentar capturas. Pero en un país donde la ley se diluye frente a la corrupción y el miedo, no es seguro que el anuncio cambie la balanza. Haití vive un estado de emergencia que durará, oficialmente, tres meses. Pero la verdadera emergencia es más profunda: la de un pueblo atrapado entre la violencia de las pandillas y la parálisis de sus instituciones, con una comunidad internacional que, más que actuar, parece limitarse a poner precio a un problema que requiere mucho más que dólares.

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