Karoline Leavitt: «EE.UU. está preparado para usar todo su poder para frenar narcotráfico en Venezuela»

El anuncio de la Casa Blanca sobre el envío de más de 4,000 soldados, junto a tres buques y armamento avanzado al Caribe, bajo la premisa de frenar el narcotráfico que supuestamente emana desde Venezuela, no puede analizarse de manera aislada. La portavoz Karoline Leavitt fue contundente al sostener que Estados Unidos está dispuesto a usar “todo su poder” para detener el “flujo de drogas” y llevar ante la justicia a quienes considera responsables, señalando directamente al régimen de Nicolás Maduro, al que catalogan como un “cartel del narcotráfico” y a su líder como un “fugitivo” acusado en Estados Unidos.

Sin embargo, esta narrativa oficial no convence a todos, sobre todo en una región acostumbrada a la politiquería internacional y a las interferencias que, en nombre de la lucha contra el crimen, encubren ambiciones geopolíticas y económicas. La presencia militar estadounidense, que incluye desde un submarino nuclear hasta aviones de reconocimiento y destructores, supera en escala a muchas misiones legítimas de vigilancia y plantea una cuestión fundamental:

¿Estamos ante una verdadera estrategia para combatir el narcotráfico o frente a un acto de escalada política en un escenario delicado y complejo?

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La denuncia planteada por el Gobierno cubano, calificando esta acción como parte de una «agenda corrupta» del secretario Marco Rubio y exigiendo que la región sea respetada como “zona de paz”, debe ser tomada en cuenta. La militarización del Caribe bajo la excusa de la seguridad no solo aumenta las tensiones, sino que puede provocar una reacción en cadena que afecte la estabilidad regional.

Asimismo, la reinterpretación que plantea el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre las funciones del ejército estadounidense, sugiere que se está ampliando el marco tradicional de actuación militar para incluir como amenazas a la inmigración masiva, el narcotráfico y el tráfico de personas. Esta visión, más allá de una lucha legítima contra el crimen organizado, abre la puerta a intervenciones que vulneran la soberanía de regiones y países enteros bajo un pretexto fácilmente cuestionable.

En definitiva, mientras Estados Unidos proclama estar listo para usar todo su poder contra el narcotráfico en el Caribe, conviene mirar con atención la verdadera naturaleza de estas acciones y su impacto. La seguridad regional y la paz duradera no se construyen con despliegues militares unilaterales ni con simplificaciones que reducen a gobiernos y pueblos a meros actores de una disputa ideológica y estratégica. El combate al crimen organizado debe ser integral, multilateral y, sobre todo, respetuoso de las soberanías, o de lo contrario, podría convertirse en una peligrosa excusa para encubrir intereses mucho menos nobles.