120 defensores ambientales asesinados o desaparecidos en LatAm en 2024

En los últimos doce meses, América Latina ha vuelto a ser el escenario más peligroso del mundo para quienes luchan por los derechos humanos y la protección del medio ambiente. El informe “Raíces de resistencia” de Global Witness documenta al menos 120 asesinatos y desapariciones de defensores ambientales en la región durante 2024, lo que representa el 82 % de los casos registrados a nivel global. Este dato pone sobre la mesa una realidad: la defensa del territorio y el medio ambiente se paga con la vida.

La tendencia no es nueva, pero sí preocupante. Desde 2012, el monitoreo internacional contabiliza 2253 víctimas mortales o desaparecidas, de las cuales el 72 % corresponde a Latinoamérica. A día de hoy, 17 de septiembre de 2025, la violencia no muestra signos de retroceso. Aunque los asesinatos han descendido respecto a años anteriores, el informe alerta sobre el aumento de otras formas de agresión: criminalización, hostigamiento, amenazas y ataques digitales.

¿Quiénes son los más afectados?

El perfil del defensor asesinado suele coincidir con miembros de comunidades indígenas o campesinas. En Colombia, por ejemplo, 19 de las víctimas eran indígenas y otras 20 campesinas. En Guatemala, la mitad de los asesinados desde 2012 pertenecían a pueblos originarios. El sector extractivo —minería, agroindustria, tala y grandes infraestructuras— concentra la mayor parte de los ataques mortales; solo en 2024 se registraron al menos 29 crímenes vinculados directamente con actividades mineras.

Mapa de asesinatos por país en 2024:

• Colombia: 48 casos
• Guatemala: 20 casos
• México: 18 asesinatos + 1 desaparición
• Brasil: 12 homicidios
• Honduras: 5 casos
• Nicaragua y Perú: 4 cada uno
• Ecuador: 3 casos
• Venezuela, Argentina, Chile y República Dominicana: 1 caso cada uno

Las desapariciones también se concentran en Latinoamérica. Chile, Honduras y México registraron al menos un caso cada uno en el último año. El caso emblemático es el de Julia Chuñil, defensora mapuche desaparecida en Máfil (Chile), que sigue sin ser localizada tras participar en procesos comunitarios de recuperación territorial.

Factores detrás de la ola violenta

El informe destaca varios elementos que contribuyen al riesgo extremo:

• Crimen organizado: un tercio de los casos globales está vinculado a mafias y grupos armados; su influencia crece en regiones como Guatemala y México.
• Intereses corporativos: grandes empresas del sector extractivo suelen estar detrás del hostigamiento y asesinato.
• Debilidad institucional: la impunidad es la norma; solo el 11 % de las denuncias llega a juicio en países como Guatemala.
• Criminalización: muchos defensores son acusados falsamente o sufren procesos judiciales arbitrarios.

Repercusiones sociales y políticas

La violencia contra defensores tiene efectos devastadores:

• Desarticulación social en comunidades rurales e indígenas.
• Retroceso en derechos humanos fundamentales.
• Pérdida de biodiversidad y agravamiento del cambio climático.
• Erosión de la confianza ciudadana hacia las instituciones estatales.

En países como Colombia o Guatemala, las iniciativas gubernamentales —mesas de diálogo o programas de protección— no han logrado frenar la sangría. Los activistas denuncian falta de voluntad política y una deuda histórica con quienes arriesgan su vida por el territorio.

Contrastes con España y cooperación internacional

España mantiene una política activa en materia ambiental y cooperación internacional. Sin embargo, organizaciones latinoamericanas critican que las acciones españolas se quedan cortas ante la magnitud del problema. La ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú —el principal instrumento legal regional para proteger a defensores— avanza lento; Brasil, Guatemala, Costa Rica y Perú aún no lo han ratificado completamente.

España apoya proyectos puntuales para fortalecer capacidades locales y ofrece asistencia técnica. La cooperación internacional debería aumentar recursos para protección legal, formación en seguridad digital y acompañamiento institucional.

Propuestas para mejorar la protección

Líderes sociales y ONG plantean varias iniciativas:

• Ratificar el Acuerdo de Escazú en todos los países latinoamericanos.
• Garantizar representación indígena directa en organismos internacionales.
• Crear mecanismos independientes para investigar crímenes contra defensores.
• Impulsar leyes nacionales que reconozcan el derecho a defender el ambiente.
• Promover campañas educativas sobre derechos ambientales.

Perfiles emblemáticos

A continuación se presentan algunos casos paradigmáticos:

Julia Chuñil (Chile):
Defensora indígena mapuche desaparecida en noviembre de 2024 tras liderar procesos comunitarios. Su caso evidencia la falta de respuesta institucional ante las desapariciones.

Marco Zuleta (Guatemala):
Líder campesino asesinado mientras denunciaba proyectos hidroeléctricos ilegales. El crimen generó protestas nacionales por la vulnerabilidad rural.

Óscar Daza (Colombia):
Representante indígena que propone mayor voz para pueblos originarios en espacios internacionales. Sufre hostigamiento constante por su activismo.

Anécdotas y curiosidades

• El informe destaca que algunos líderes prefieren ser capturados antes que asesinados; “ser capturado es un privilegio”, afirman defensores guatemaltecos ante el riesgo mortal al que se enfrentan día a día.
• En zonas como Alta Verapaz e Izabal (Guatemala), los ataques comienzan por líderes comunitarios y escalan hasta niveles regionales y nacionales.
• La COP30, próxima a celebrarse en Belém (Brasil), lleva como tema central cómo evitar esta sangría entre activistas ambientales.

Declaraciones relevantes

Laura Furones (Global Witness): “La violencia contra defensores está evolucionando a formas más sofisticadas para silenciarles”.

Rachel Cox (Global Witness): “Tratan a quienes defienden el ambiente como estorbo; son canarios en una mina a punto de explotar”.

Datos clave sobre violencia ambiental

La defensa ambiental sigue siendo una labor heroica pero peligrosa. Ante este panorama desolador, urge que gobiernos latinoamericanos e instituciones internacionales den pasos decididos para garantizar justicia ambiental real.