Trump desafía al Tribual Supremo de EE UU para deportar a 300.000 inmigrantes venezolanos

Una nueva batalla política y judicial se ha desatado en Estados Unidos tras la decisión de Donald Trump de pedir al Tribunal Supremo que autorice la deportación de más de 300.000 venezolanos, justo cuando el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela intensifica la persecución contra la disidencia.

El pulso migratorio se entrelaza con una crisis de derechos humanos que mantiene en vilo a la comunidad internacional.

El futuro de cientos de miles de venezolanos en EE UU, así como el de sus familiares en Venezuela, depende de la evolución de ambos frentes.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con creciente preocupación cómo la crisis venezolana se convierte, de nuevo, en un foco de tensión regional y en un test para los sistemas de protección de derechos humanos.

La sensación de vulnerabilidad es palpable entre quienes ven amenazada su permanencia en el extranjero y temen la represión si regresan a su país de origen.

El desenlace de este pulso judicial y político marcará no solo el destino de los migrantes venezolanos, sino la respuesta global ante una de las mayores crisis humanitarias y de derechos humanos del continente.

A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, la Casa Blanca y los tribunales debaten el futuro de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a venezolanos que huyeron de la represión y el colapso económico en su país.

Trump, quien aspira a regresar a la presidencia, argumenta que las condiciones que justificaron ese amparo han cambiado, mientras que organizaciones de derechos humanos y líderes demócratas sostienen que el contexto en Venezuela es más peligroso que nunca.

Contexto migratorio: el TPS en la cuerda floja

• El TPS ha protegido a cientos de miles de venezolanos de la deportación desde 2021.
• La administración Trump suspendió previamente programas similares, aunque los tribunales bloquearon muchas de esas decisiones.
• El equipo legal de Trump sostiene que la situación en Venezuela permite el retorno seguro de estos migrantes, algo que grupos humanitarios desmienten rotundamente.

La batalla judicial podría definirse en los próximos meses, pero ya ha generado incertidumbre y temor entre la comunidad venezolana en EE UU. Muchos temen regresar a un país donde el riesgo de detención arbitraria, tortura o desaparición forzada es real.

Venezuela: escalada de represión y clima de terror

La presión migratoria coincide con una escalada represiva en Venezuela, documentada en las últimas horas por organismos internacionales. El informe más reciente de la ONU y organizaciones como Human Rights Watch y la OEA detallan:

• Arrestos selectivos de familiares de opositores: El régimen de Maduro ha intensificado la detención de familiares de líderes opositores, como táctica deliberada para sembrar miedo y neutralizar la disidencia. Tras las elecciones de julio de 2024, al menos 27 casos de desaparición forzada han sido documentados, muchos de ellos vinculados directamente a la actividad política de sus allegados.
• Ejecuciones y represión violenta de protestas: Desde el anuncio de la controvertida reelección de Maduro, se han reportado al menos 28 muertes de civiles durante manifestaciones, la mayoría por disparos de fuerzas de seguridad o grupos armados progubernamentales conocidos como “colectivos”.
• Criminalización de la protesta y nuevas leyes restrictivas: Se han aprobado leyes que penalizan con hasta 30 años de prisión a quienes promuevan sanciones internacionales o participen en movilizaciones contra el gobierno.

Un país atrapado entre el éxodo y la represión

El éxodo venezolano, que supera los 8 millones desde 2014, se acelera ante la falta de libertades y la crisis humanitaria. El impacto sobre América Latina y Estados Unidos es directo:

• Los países vecinos enfrentan saturación de sus sistemas de asilo y servicios básicos.
• La presión política en EE UU crece, con la inmigración como uno de los ejes principales del debate electoral.

La política de detenciones masivas y represión interna en Venezuela alimenta la percepción de inseguridad y refuerza los argumentos de quienes defienden el mantenimiento del TPS y otras medidas de protección internacional para los venezolanos.

Tácticas de miedo y control social

El informe de la ONU presentado esta semana alerta sobre un patrón sistemático: “El gobierno venezolano detiene a familiares de opositores para infundir temor y controlar a la sociedad”. Estas acciones, que incluyen desapariciones forzadas, torturas y encarcelamientos sin juicio, buscan no solo castigar a los disidentes, sino aislarlos socialmente e inhibir cualquier forma de protesta.

Algunos de los métodos identificados son:

• Redadas nocturnas y detenciones sin orden judicial.
• Inspección de dispositivos electrónicos y vigilancia digital.
• Difusión de videos y mensajes intimidatorios en redes sociales oficiales.
• Participación activa de “colectivos” en la represión de barrios populares.

Las consecuencias son devastadoras para las familias afectadas, que denuncian la imposibilidad de acceder a información sobre el paradero de sus seres queridos y el uso de la justicia como herramienta de venganza política.

El escenario a corto plazo es incierto:

• El Tribunal Supremo de EE UU decidirá si acoge la petición de Trump, lo que podría tener un efecto dominó en la política migratoria estadounidense.
• En Venezuela, la represión parece lejos de remitir. Organismos internacionales exigen la liberación de todos los detenidos arbitrariamente y el fin de la persecución, pero el gobierno de Maduro ignora las recomendaciones y refuerza el aparato de control.