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Los informes presentados por la Organización de Estados Americanos (OEA), en los que constan las flagrantes violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela, serían pruebas más que suficientes para que ya se hubieran pronunciado al respecto.
Pero además de ese voluminoso informe de la OEA, también fue consignada la solicitud de investigación formulada por los siete Estados Partes y diversas organizaciones no gubernamentales. Todas esas diligencias fueron debidamente documentadas con expedientes foliados con evidencias irrefutables, en los que se describen las atrocidades cometidas por el régimen: detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y una persecución sistemática, todo en el marco de un patrón de conducta. Por lo antes señalado la falta de acción concreta por parte de la CPI no solo perpetúa la impunidad, sino que envía un mensaje de indiferencia ante el sufrimiento de millones de venezolanos. Retumba la pregunta que se ha formulado en voz alta el ex secretario General de la OEA, Luis Almagro: “Donde está el propósito ético de la justicia para poder revertir esa tragedia humanitaria y recuperar la democracia extraviada”.
Mientras la Corte Penal Internacional sigue sin resolver este caso, Maduro decreta un “Estado de Conmoción Exterior”, y las medidas contempladas —como la movilización de las elites de Fuerza Armada, los pelotones de policías que proceden como esbirros, se afincaran en sus operaciones siniestras como “la Tun Tun”, con las famosas requisa de hogares, robándose los bienes de las familias acosadas. También serán censuradas otros medios de comunicación. O sea no harían más que formalizar prácticas que ya son habituales.
La persecución, tal como lo decimos, va más allá de las personas hostigadas, también asaltan sus pertenencias, bajo el pretexto de «restablecer la normalidad», sería una extensión de las expropiaciones arbitrarias que han destruido la economía. La censura, ya omnipresente, se intensificará para silenciar aún más a una población que clama por cambio. La élite de la Fuerza Armada, lejos de proteger a la nación, ha sido utilizada para reprimir protestas y sostener al régimen
La invocación de un “Estado de Conmoción Exterior” en Venezuela no sería más que un nuevo capítulo en la desesperación de Maduro para preservar su poder absoluto, a todas luces ahora muy debilitado. La soberanía que dice defender no existe: ha sido reemplazada por un régimen que prioriza su supervivencia sobre el bienestar de los ciudadanos. La comunidad internacional, incluyendo la CPI, debe actuar con urgencia para poner fin a la impunidad y respaldar la lucha de los venezolanos por recuperar su libertad, su dignidad y su verdadero derecho a la autodeterminación. La conmoción en Venezuela no es externa; es el grito de un pueblo que exige justicia frente a un régimen que lo ha traicionado.
¿Qué más pruebas necesitan los jueces de la Corte Penal Internacional? Se les han llevado a sus despachos todas las demostraciones indicando que, desde Maduro hasta los policías y sicarios que le sirven, son culpables de perpetrar estos crímenes de lesa humanidad. Todas esas pruebas han sido exhibidas en imágenes, testimonios de las víctimas de tratos crueles, violaciones sexuales, pruebas balísticas, actas de defunciones, exámenes forenses, etc, etc, y aun no resuelven nada. ¡Insólito!
La dictadura no se detiene para tratar de salir de esta mala suerte que hoy los acorrala. Ya se sabe que son clasificados como terroristas, socios del narcotráfico internacional y arietes de peligrosas bandas delincuenciales. Pero Maduro apela a su tabla de salvación, “el diálogo», ese mecanismo engañoso que le ha dado buenos dividendos para ganar tiempo. Pues bien, eso se tiene que ver como un capítulo cerrado. ¡No más diálogos falsos! No más apelaciones invocando el “Principio de Complementariedad”. Esa dictadura no hará justicia nunca a las víctimas, por lo tanto le corresponde a la Corte Penal Internacional hacerla en nombre de todos los venezolanos que clamamos por el cese de la violencia y la impunidad.
AntonioLedezma.net
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