La confusa estrategia de Sheinbaum con el narco dispara la violencia política en México

El sangiento cuenta de nunca acabar.

La escena se repite con una inquietante regularidad que va normalizando lo intolerable: un grupo armado, disparos de AR-15 y AK-47, un alcalde o alcaldesa abatido, y un comunicado oficial que promete que “no habrá impunidad”.

En menos de un año desde que Claudia Sheinbaum asumió el cargo, once presidentes municipales han sido asesinados en México, mientras el país observa una silenciosa reconfiguración del poder del narco y sus sicarios sobre la política local.

El mensaje oficial sostiene que la nueva estrategia de seguridad está dando resultados, que los homicidios están disminuyendo y que volver a la “guerra contra el narco” es inaceptable.

No obstante, la realidad en estados como Michoacán, Oaxaca o Guerrero presenta otra perspectiva: más asesinatos de autoridades, más desapariciones y un control territorial por parte del crimen organizado que convierte cualquier cargo público en una tarea extremadamente peligrosa.

De abrazos, no balazos a un modelo híbrido

Sheinbaum llegó al poder prometiendo corregir los excesos del modelo de Felipe Calderón, al que critica por militarizar sin un marco legal adecuado y aumentar los homicidios.

Al mismo tiempo, busca “mejorar” la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, centrada en programas sociales y contención selectiva.

La presidenta se opone rotundamente a reanudar una guerra abierta contra los cárteles: ha afirmado que regresar a la “guerra contra el narco” es “un permiso para matar” y “fuera del marco legal”, una vía que asocia con tendencias autoritarias y “hacia el fascismo”.

Simultáneamente, defiende que:

• se mantiene el despliegue de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, ahora con un marco legal más claro;
• se opta por una estrategia “más técnica y focalizada” en áreas con alta concentración de homicidios;
• se combinan medidas de seguridad con políticas sociales para “construir paz”.

Este enfoque intenta distanciarse tanto del concepto de “abrazos, no balazos” promovido por López Obrador como de la guerra abierta instaurada por Calderón.

Sin embargo, sobre el terreno, esa mezcla entre contención, focalización y despliegue militar sin confrontación directa constante ha dejado amplios márgenes para que el narco actúe con libertad, llenando el vacío con violencia política.

Once alcaldes asesinados y una democracia municipal asediada

El indicador más evidente del problema es el asesinato de autoridades locales.

Organizaciones civiles en México han documentado al menos 56 asesinatos de actores políticos en 2025, entre los cuales se encuentran varios alcaldes y exalcaldes.

En Michoacán, uno de los núcleos más críticos de violencia, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se convirtió en el séptimo edil asesinado en ese estado en los últimos años, simbolizando hasta qué punto los cárteles han transformado la política municipal en un campo bélico.

El patrón es recurrente:

• alcaldes que denuncian extorsiones, derecho de piso o control criminal del territorio;
• amenazas previas o enfrentamientos directos con grupos armados;
• asesinatos perpetrados por comandos bien armados, muchas veces a plena luz del día;
• investigaciones fragmentadas, escasas detenciones y aún menos sentencias.

El caso de San Mateo Piñas, Oaxaca, ejemplifica la extrema vulnerabilidad de los municipios pequeños. La alcaldesa Lilia Gema García Soto fue asesinada dentro del Palacio Municipal por cinco hombres armados con rifles AK-47 y AR-15; en el lugar quedaron al menos 60 casquillos percutidos. La fiscalía abrió cinco líneas de investigación que abarcan desde desvío de recursos hasta conflictos locales. Sin embargo, el mensaje para otros ediles es contundente: quien interfiera con intereses económicos o políticos sensibles puede perder la vida.

En varios estados, la lista de alcaldes asesinados desde octubre pasado ronda la decena. Aunque no todos los casos están directamente vinculados al narco, es innegable el contexto de expansión del crimen organizado y el uso sistemático de sicarios como herramienta para presionar políticamente.

Michoacán: laboratorio del poder narco y la violencia política

Michoacán concentra los peores elementos de esta nueva fase. Desde 2023, tras romperse la alianza entre Cárteles Unidos y grupos como Los Viagras o Blancos de Troya, vinculándose al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha desatado un nuevo ciclo violento.

Dicho ciclo se ha traducido en:

• asesinatos de líderes comunitarios y figuras emblemáticas como Hipólito Mora;
• homicidios de alcaldes reacios a someterse como Carlos Manzo, quien fue blanco prioritario debido a su estilo confrontativo ante el crimen organizado;
• una escalada alarmante en secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados en zonas rurales.

La respuesta del gobierno federal fue anunciar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por Sheinbaum e impulsado por tres ejes: mayor presencia federal, atención a causas socioeconómicas y fortalecimiento institucional local.

Sin embargo, mientras este Plan avanza lentamente, los grupos criminales continúan manteniendo su control efectivo sobre muchas rutas comerciales ilícitas y espacios políticos municipales. En términos prácticos, son ellos quienes deciden quién puede gobernar y bajo qué condiciones.

Una estrategia que presume cifras pero deja vacíos peligrosos

El gobierno encabezado por Sheinbaum destaca una reducción aproximada del 37 % en el promedio diario de homicidios dolosos comparado con los picos heredados por administraciones anteriores. La presidenta argumenta que esto demuestra que su enfoque “de construcción de paz” está funcionando y sostiene que las guerras abiertas no han dado resultados positivos.

Expertos en seguridad presentan matices sobre esta narrativa. Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) reconoce algunos aspectos favorables en la estrategia implementada por Sheinbaum:

• mayor focalización territorial en municipios donde hay alta concentración de homicidios;
• atención a delitos como extorsión y derecho de piso, fundamentales para las finanzas del narcotráfico;
• una visión más abarcadora que no mide su éxito únicamente a través del número total de homicidios.

Sin embargo advierte sobre varios problemas estructurales:

• muchos estados siguen registrando aumentos significativos en homicidios (Morelos, Chiapas, Guerrero, Aguascalientes,Tamaulipas);
• casi todos los delitos presentan alrededor del 90 % como cifra negra y cerca del 90 % quedan sin sanción tras ser denunciados;
• Sheinbaum carece efectivamente una policía nacional civil bajo su mando pleno ya que la Guardia Nacional depende prácticamente del ejército.

Este vacío operativo se traduce en algo muy concreto: capacidad limitada para proteger a alcaldes, candidatos o líderes sociales frente a sicarios que operan con total impunidad en amplias zonas del país.

Sicarios, desapariciones y control criminal territorial

El poder ejercido por los sicarios en México va mucho más allá de los asesinatos visibles. Desde cuando Calderón lanzó su ofensiva militar en 2006 hasta hoy día se contabilizan cerca de 400.000 homicidios, aproximadamente dos tercios relacionados directamente con conflictos derivados del crimen organizado.

Los cárteles han profesionalizado sus fuerzas armadas e integrado sus operaciones dentro una economía criminal diversificada:

• tráfico ilícito de drogas;
• trata humana;
• extorsión y derecho de piso;
• robo tanto combustible como mercancías;
• control sobre actividades legales dentro territorios bajo su influencia.

Las desapariciones completan este sombrío panorama. En regiones como Michoacán , Guerrero o Tamaulipas , tanto secuestros como desapariciones forzadas son herramientas utilizadas para disciplinar socialmente . Familias enteras , pequeños empresarios , activistas o funcionarios locales viven bajo una amenaza constante cuya realidad rara vez aparece reflejada en estadísticas oficiales . [5 ][ 8 ][ 12 ]

En este contexto , cada alcalde asesinado envía múltiples mensajes:

• a otros ediles: no desafíen al grupo dominante ;
• a las comunidades : no organicen ni denuncien ;
• al Estado : quien realmente controla el territorio no es necesariamente quien ostenta autoridad formal . [ 8 ][ 10 ][ 11 ]

La estrategia adoptada por Sheinbaum , al evitar tanto una guerra abierta como romper claramente con logicas selectivas «no confrontativas», deja un espacio gris aprovechado eficazmente por las organizaciones criminales.

¿Hacia dónde puede llevar esta espiral?

A corto plazo , tres factores definirán cómo evolucionará esta violencia política .

1. Capacidad real para proteger autoridades locales
   • Si el gobierno no refuerza efectivamente esquemas seguros para alcaldes , concejales o candidatos , seguiremos viendo altos índices asesinos .
   • El desafío resulta enorme especialmente para municipios rurales , donde hay pocos recursos disponibles así como cuerpos policiales cooptados o intimidados . [ 5 ][ 6 ][ 8 ]
2. Reconfiguración cártelica junto pactos territoriales
   • Cada ruptura entre alianzas —como ocurrió recientemente con Cárteles Unidos— abre paso hacia nuevas olas violentas . [ 8 ]
   • Si las autoridades estatales no logran imponer reglas claras , serán precisamente estos grupos quienes «negocien» entre ellos cómo repartirse el poder teniendo como moneda cambios las propias autoridades locales . [ 8 ][ 12 ]
3. Presión social/política hacia estrategia aplicada por Sheinbaum
   • La presidenta insiste firmemente en evitar regresar nuevamente hacia guerra frontal contra narcotráfico además afirma «todo debe estar dentro marco legal». [ 1 ][ 3 ][ 9 ]
   • Sin embargo , combinación existente entre asesinatos sufridos por alcaldes junto desapariciones más expansión dominio ejercido desde sicarios genera creciente demanda respuestas contundentes tanto desde oposición política así sectores sociedad civil misma . [ 5 ][ 6 ][ 8 ]

Si Sheinbaum no logra implementar su modelo híbrido logrando reducir no solo cifras globales homicidas sino también violencia política presente así control criminal territorial ; presión exigirá giro más duro será cada vez mayor . Y ante ese escenario potencial riesgo será quedar atrapado nuevamente entre dos extremos ya demostraron límites : guerra frontal sin reglas claras versus contención ambigua dejando municipios expuestos merced narcotráfico .

Por ahora cada funeral celebrado tras asesinato alcalde resulta recordatorio nítido ; más allá discursos oficiales lucha central no radica únicamente contra narcotráfico sino decidir quién tiene verdadero mando país : si Estado o hombres armados quienes determinan mediante balas quién puede ejercer gobierno .