Los lectores acribillan a El País por ‘ocultar’ que el subdelegado detenido es del PSOE y llevar a Rita Barberá al titular

Detenidos el subdelegado del Gobierno en Valencia y el vicealcalde de Rita Barberá por cobrar comisiones». Esta ha sido la propuesta del diario El País, al que sus críticos llaman despectivamente ‘Lo País’, para titular lo sucedido en la mañana de este 13 de mayo en el marco de la operación ‘Azud’.

Los tuiteros, que no pasan ni una, han criticado al diario de PRISA por ‘ocultar’ que Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia, es obviamente socialista –y mano derecha del actual ministro de Transportes José Luis Ábalos– y destacar que Alfonso Grau fue el número dos de la difunta Rita Barberá, ex regidora de la ciudad del Turia.

La UCO arresta al subdelegado del gobierno en Valencia (PSOE), mano derecha de Ábalos, por comisiones ilegales

La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil ha entrado en la mañana de este 13 de mayo de 2021 en el domicilio del subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSOE) y en el del que fuera vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau (PP). Además, el empresario Jaime Febrer, además de casi una decena más de personas que están siendo investigadas en el marco de la operación Azud en la que ya fue detenido hace dos años el cuñado de la exalcaldesa Barberá.

Dicha operación policial investiga el supuesto cobro de comisiones a contratistas en el Ayuntamiento de Valencia, según han confirmado fuentes de la investigación.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, ha anunciado el cese inmediato Rubio tras la detención.

Los arrestos se han producido en Valencia, Alicante, Madrid, Baleares y Tomelloso. Todos están investigados por participar en una red de presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones urbanísticas en suelo público y de adquisición de solares a precios ventajosos.

Según las investigaciones de la Guardia Civil, Grau pudo haber cobrado mordidas de un millón de euros y Rubio, que fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, 500.000 más, en metálico o en especie, por facilitar el derecho de contratación en parcelas de propiedad municipal a empresas constructoras, entre ellas la que pertenecía a Jaume Febrer, Construcciones Valencia Comstitución (CVC), disuelta judicialmente en 2013 pero que es considerada por la UCO como el eje central de la trama.