Estos días la prensa daba cuenta de la decisión del gobierno de las Islas Baleares, del Partido Popular, de dar marcha atrás en el reconocimiento legal del llamado “pin parental”. La decisión parece enmarcarse en la reciente ruptura del pacto de gobierno con Vox y en la búsqueda, por parte de los populares, de apoyos puntuales de la izquierda para conseguir la estabilidad en la presente legislatura de esa Comunidad Autónoma.
Se trata del penúltimo episodio de un fenómeno que no deja de llamar la atención: la abierta hostilidad desde los partidos políticos -con la sola excepción de Vox- y los sindicatos de enseñanza de la izquierda, hacia el “pin parental”. Un instrumento que, más allá del nombre con el que se ha popularizado -quizá un tanto esotérico-, no consiste más que en el simple consentimiento informado de los padres para que sus hijos asistan o no a actividades escolares complementarias, no estrictamente curriculares, con contenido moral que pueda resultar controvertido.
El asunto es importante y no creo, como a veces se ha dicho, que se trate de una suerte de “batallita menor para tranquilizar conciencias”. De lo que estamos hablando es de quién es el primer titular del derecho a la educación de los hijos. Y aquí no hay necesidad de remontarse a grandes elucubraciones intelectuales ni jurídicas. Debería bastar con apelar al más básico sentido común y a la experiencia vital, biográfica, de cualquier persona.
Los padres somos transmisores de la vida a nuestros hijos. Somos quienes los queremos y los conocemos. Nuestra es la responsabilidad, el derecho-deber, de velar por su desarrollo y su educación. De manera universal, la familia es, además y en situaciones ordinarias -que son la inmensa mayoría-, el entorno propicio para el desarrollo afectivo, psicológico y moral, para el crecimiento de los niños y jóvenes hasta alcanzar la mayoría de edad. Esta es la experiencia de cualquiera de nosotros y la de toda la humanidad desde hace muchos siglos…
¿Quiénes son los poderes públicos -en definitiva, digámoslo claro, los partidos políticos y sus representantes- para arrogarse el derecho a educar a nuestros hijos con arreglo a sus ideologías e intereses?
En las declaraciones de derechos humanos
Pero por si el sentido común no fuera suficiente, el recorrido por las declaraciones de derechos humanos, tanto mundiales como europeas, no dejan lugar a dudas. Como reza el art. 26.6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
Las declaraciones internacionales sobre derechos de los niños son asimismo inequívocas: la responsabilidad de la protección del interés superior del menor corresponde, en primer lugar, a los padres (ver Convención de los Derechos del Niño, Naciones Unidas, 1989-1990, art. 3). También el art. 27.3 de la Constitución Española es muy claro, por más que este apartado deba conjugarse con el objeto, definido en otro apartado del mismo artículo, para educación o con el reconocimiento, igualmente declarado en el precepto constitucional, del papel garantista del estado. Dice así el art. 27.3, tantas veces ocultado de forma intencional: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones”. Por si todo esto fuera poco, podríamos entrar también en la regulación legal de las programaciones de los centros o en los derechos que el ejercicio de la patria potestad reconoce a los padres, incluso para temas mucho menos relevantes como son la salida de los alumnos a una excursión o la visita a un museo. Pero todo ello nos llevaría a alargar mucho esta reflexión.
Aceptado este marco objetivo, que pareciera poco discutible, ¿por qué ese empeño en desacreditar y rechazar el “pin parental”? ¿Por qué tienen tanto miedo los políticos -reitero, con la excepción de Vox- al reconocimiento legal de un instrumento tan obvio para el ejercicio del derecho a la educación por parte de los padres?
Personalmente no se me ocurre más que una respuesta y es la siguiente.
Un proceso de reingeniería social en marcha
Hay a estas alturas sobradas evidencias de que está en marcha un proceso de reingeniería social y cultural -en definitiva, un cambio intencional de mentalidades y costumbres, impulsado desde el poder-. Un proceso que tiene en la escuela uno de sus principales escenarios, a través del adoctrinamiento en los postulados ideológicos de la nueva mentalidad: género y feminismo radical, relativismo moral y laicismo, globalismo y desvinculación de la patria y las tradiciones, disolución de la familia natural, estatismo, “derechos sexuales y reproductivos” (o sea, anticoncepción y aborto como “derecho”), reinvención de la historia, idolatría de la naturaleza y catastrofismo climático… La lista es larga.
La educación es, como todos sabemos, el instrumento básico de transformación social y de ahí su prioridad para quienes están empeñados en
imponer la nueva agenda ideológica. Semejante reingeniería entra en conflicto con el estilo de vida que muchos padres queremos para nuestros hijos y no precisamente por capricho, sino porque los queremos y estamos convencidos de que dichos dogmas son incompatibles con su desarrollo integral y con aquello que puede hacerles verdaderamente personas felices.
Para quienes desde el poder están comprometidos con la nueva agenda cultural, se trata, a toda costa, de que los padres no sean un obstáculo para su proyecto ideológico estatista y mesiánico, al cabo totalitario.
No creo que haya que darle muchas más vueltas. El miedo de los políticos al “pin parental” es algo muy viejo: el miedo del poder a la libertad social.
Jaime Urcelay (colaborador de ENRAIZADOS)
